OPINIÓN
Aprendices de dictadores: ¡Fuera, fuera, fuera AMLO!…¿y luego qué?
Comuna México, por Benjamín Mora //
En Guadalajara, como en muchas otras ciudades de México, se multiplican las caravanas de protesta del Frente Nacional Ciudadano (FRENA) en contra de Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de “golpes a la libertad, la democracia, la armonía, la paz, el bienestar, la justicia y la verdad”; sin duda, muy creíbles y preocupantes.
FRENA, de acuerdo con su página en Internet, busca la dimisión de López Obrador antes del 30 noviembre de 2020, usando herramientas jurídicas, mediáticas y sobre todo de presión social. De lograrse, qué sucedería: Olga Sánchez Cordero, como secretaría de Gobernación, asumiría la titularidad del Poder Ejecutivo y estaría obligada a convocar a elecciones en un plazo de 60 días.
Para FRENA, lograda la dimisión de López Obrador, el siguiente paso sería “preparar un candidato para las nuevas elecciones unificado que sea arropado por todos los partidos de oposición como deseo único del pueblo de México”; la mala redacción es de FRENA.
FRENA, sin duda, se equivoca al hacer sus cálculos de triunfo en 60 días: La oposición estaría, idealmente, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, principalmente, y claro, ciudadanos decepcionados y aquellos que no votaron en la elección federal pasada…pero quién de aquellos partidos tiene a alguno de sus militantes con las cualidades suficientes para encabezar tal causa así como suficientemente conocido y reconocido por sus cualidades de líder para revertir el daño de la 4T y revivir a México, o acaso Gilberto Lozano, Pedro Ferriz, Rafael Loret de Mola o Juan Bosco Abascal que son parte de esos 67 ciudadanos que esperan encabezar a FRENA.
Por ley, tal coalición de partidos de oposición debería convenir una plataforma electoral unificada y registrarla ante el Instituto Nacional Electoral, hacerla conocer a nivel nacional, y llevar a cabo una campaña casi maratónica de menos de dos días por estado de la República. Sin duda, FRENA no tiene idea de lo que nos propone. Pero pasemos a los peligros de su arrogancia.
FRENA señala en su página en Internet que se crearía “un gran conglomerado de ciudadanos organizados [para] ser el órgano supremo de vigilancia [y] conducción del destino para un México Nuevo”. Y pregunto ¿Qué acaso no es ese el papel del Congreso de la Unión, o qué, este gran conglomerado de 67 ciudadanos y/o el presidente electo darían golpe de Estado al Poder Legislativo y desconocerían a nuestra Carta Magna, golpeando también al Poder Judicial? Eso podría ser tan o más peligroso que López Obrador y su 4T. Estamos ante una posible nueva dictadura encabezada por Gilberto Lozano, Pedro Ferriz, Rafael Loret de Mola, Juan Bosco Abascal y otros 63 ciudadanos “garantes de su ideal de patria”.
FRENA excluye a todo aquel que no está con ellos, o cómo dijera López Obrador “o estás conmigo o estás contra de mi”. FRENA estable que en ellos no caben quienes apuesten a competir en 2021 para tener mayoría en el Congreso de la Unión y ser el contrapeso de López Obrador, y menos quienes busquen la revocación de mandato en el primer trimestre de 2022. ¡Esta postura me parece en extremo peligrosa por dictatorial! Pregunto cuál es la diferencia entre AMLO, que desprecia a sus opositores llamándolos mafia del poder o fifís, y FRENA que excluye a quienes creemos en el Estado de Derecho y nos ceñimos a su mandato. Quién de ante mano está más cerca de ser una dictadura.
Me opongo a FRENA como lo hago con la mayoría de las decisiones que ha tomado López Obrador; pues creo en el Estado de Derecho y FRENA convoca a romperlo. AMLO es un peligro para México, pero fue electo dentro de un proceso democrático y debemos vencerlo por igual medio. Así es la democracia, y no creo que ni el Jefe Diego, ni Porfirio Muñoz Ledo, ni Cuauhtémoc Cárdenas, ni José Antonio Meade, ni Enrique de la Madrid, ni Beatriz Paredes, ni nadie de su altura y nombre se preste a jugar con FRENA.
De acuerdo con el ranking Democracy Index 2010, en aquellos años, más de 2,000 millones de individuos en el mundo vivían sometidos a un régimen autoritario en más de 55 países. A lo largo de la Historia, muchos dictadores han sobresalido, de derecha e izquierda: Franco, Pinochet, Hitler, Stalin, Robespierre, Napoleón, Idi Amin y Porfirio Díaz.
Desde la Psicología se ha abordado la personalidad del dictador. Jerrold Post, director del programa de Psicología Política de la Universidad George Washington sostiene que muchos dictadores sufren patologías borderline, es decir, que se encuentran en la frontera entre neurosis y psicosis. Por su parte, Daniel Eskibel, miembro de la Internacional Society of Political Psychology, asegura que el dictador se ve dominado por una estructura cerebral situada en el tronco encefálico, sorprendentemente idéntica al cerebro que tiene cualquier reptil, que le empuja hacia el dominio, la agresividad, la defensa del territorio y la auto ubicación en la cúspide de una jerarquía vertical e indiscutida. Esta auto ubicación la tiene la cúspide de FRENA. 67 iluminados que decidirán sobre lo bueno y lo inaceptable en ese México Nuevo con que ellos sueñan, y a lo que nadie podrá oponerse.
Los dictadores estarían dominados por el gen denominado AVRP1 que, asociado a la secreción de una hormona, los hace incapaces de ser generosos con los demás, según Richard Ebstein de la Universidad Hebrea de Jerusalén. De acuerdo John Gunther, autor de libros sobre los regímenes totalitarios, “todos los dictadores son anormales. La mayoría de ellos son neuróticos”. Revisemos las conductas de los cuatro dirigentes visibles de FRENA y de AMLO y veremos que en la mayoría hay conductas neuróticas; recordemos cómo reaccionó Pedro Ferriz cuando no alcanzó el apoyo ciudadano para ser candidato presidencial independiente.
Es tiempo de tomar en serio a la democracia y no hacer el juego a aprendices de dictadores antes de que se hagan expertos. ¡Cuidado con lo que deseamos sin medir sus consecuencias!
E-mail: benja_mora@yahoo.com
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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