OPINIÓN
Apuesta riesgosa de AMLO
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Es muy difícil apostar contra la probabilidad y más aún, contra una realidad que se impone inexorablemente. En las últimas semanas, el Presidente de la República parece que ha optado por la posibilidad de imponerse, a fuerza de tozudez y simbólicos mensajes, a la preocupación social y a la ominosa economía internacional, mientras una gran parte de la sociedad muestra preocupaciones muy diferentes a las que él marca como prioridades en las conferencias matutinas.
La reacción presidencial ante la presión social ha caminado entre el desdén y la indiferencia; en el caso de la emergencia sanitaria por el COVID19, mientras el resto del mundo eleva sus acciones, él tiende a minimizarla y darle un nivel menor, apostando tal vez a su suerte, o a su capacidad evidente de eludir y enmascarar la realidad en retórica envolvente. Se muestra pues, como un apostador confiado en sus fortalezas, que apuesta en contra de la tendencia.
También, como buen apostador, busca protegerse y ha manifestado que el sólo hará lo que los técnicos le recomienden, lo que la ciencia diga, así que si algo sale mal, serán los técnicos, -el expiatorio López Gattel y el ausente secretario de salud- los que fallen, no él. Su actitud no es del todo descabellada, pero está prendida con alfileres a sus propios datos.
Tendrá fortuna si el virus se contiene con pocos decesos y contagios limitados que no requieran del deteriorado sistema de atención a la salud. Esto podrá capitalizarlo a su favor, no importando que 12 estados y varias instituciones educativas y académicas se hayan adelantado a sus decisiones, implementando sus propios círculos de contención. Tendrá suerte también, si la responsable decisión de una buena parte de la sociedad, de los ciudadanos, particularmente de esos estados ya en emergencia y aislamiento, logra contener el contagio y se reduce el tiempo de permanencia del virus.
Por lo visto hasta hoy, los resultados, como en toda apuesta, dependen del azar y no de la confusa acción gubernamental que privilegia evitar el daño económico sobre la salud de sus gobernados. Contener y erradicar el mal requiere inevitablemente de limitar el contacto humano y con ello sacrificar actividades económicas cotidianas, y esto no parece compartirlo.
Es encomiable que se quiera evitar que la inminente crisis económica golpee a los más desprotegidos, sin embargo, parece que no se han dado cuenta de que eso ya es inevitable y que lo urgente es implementar los fondos y reservas para proporcionar a los comerciantes, pequeños y medianos empresarios, trabajadores formales e informales, apoyos para su economía y su sobrevivencia. Desafortunadamente, las capacidades económicas del estado se encuentran muy disminuidas como resultado de pésimas decisiones de inversión y un desordenado manejo de las finanzas públicas.
Es paradójico, que las únicas reservas con que cuenta el gobierno para hacer frente a la crisis que viene, son las constituidas en el periodo neoliberal que tanto satanizan en la 4T. Los fondos de estabilización y de contingencia, las reservas internacionales, los créditos revolventes, existentes hasta su llegada al poder, constituyen los únicos recursos con los que se cuenta para respaldar una apuesta tan riesgosa como la que está tomando el señor presidente. Desafortunadamente, serán insuficientes, pues parte de ellos se ha gastado ya en mantener un precario superávit primario, en fondear proyectos de infraestructura cuestionables y ampliar las dadivas de los programas sociales.
Es menester que el presidente de la república abandone su campaña permanente, su intento de pasar al panteón de los caudillos y trate de ingresar a la historia como un gobernante a la altura de su circunstancia.
En los últimos meses se ha mostrado distanciado de las preocupaciones sociales, y más ocupado en imponer una agenda que no responde a lo que la sociedad está demandando. Su falta de empatía, su menosprecio a preocupaciones reales, ha propiciado que ciudadanos, instituciones educativas y gobiernos estatales no respondan a las directrices federales y busquen sus propios esquemas de atención a la problemática social, a la emergencia sanitaria, mientras continúa desafiando a todos, banalizando lo que preocupa a muchos. Visto así, es como un apostador que está viendo perder sus fichas pero que, fanfarrón y socarrón sigue esperando que la fortuna le asista. En realidad, está convirtiendo la función de gobernar en un juego de azar, sin planeación ni proyecto, esperando que la suerte le favorezca. Todos quisiéramos que ganara, porque al perder él perdemos todos, sin embargo, el parece correr en contra de todos, incluso de la propia realidad que se niega a ver y reconocer que lo está rebasando. La transformación que desea no puede hacerla a contracorriente, es una apuesta riesgosa.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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