OPINIÓN
Cobros municipales excesivos

Opinión, por Héctor Romero Fierro //
En los próximos días los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, presentarán a sus regidores los proyectos de Ley de Ingresos para el ejercicio de 2020, así mismo el ejecutivo federal enviará al Congreso de la Unión el paquete económico para ese mismo año. Los ayuntamientos al carecer -no obstante su supuesta autonomía-, de facultades legislativas enviarán sus proyectos al Congreso del Estado para que su iniciativa sea sometida al proceso legislativo y se convierta en ley.
¿Que esperamos de esas leyes de Ingresos? Pues los ciudadanos esperamos que sean congruentes con el nulo crecimiento que en materia económica refleja nuestro país, así como la gran probabilidad, de entrar en una etapa de recesión económica derivada de la volatilidad de las finanzas internacionales agravadas por los enormes errores tanto en materia económica como de percepción, provocados por Manuel Andrés López Obrador, MALO, que indudablemente ha generado estancamiento económico y una grave pérdida de confianza de los inversionistas, muchos solo conservan sus inversiones en México por la alta tasa de interés que paga nuestro país, lo cual les permite tener una tasa positiva a sus ahorros, no obstante la inflación y el “riesgo país” tan alto.
Sin embargo el exceso de gasto público federal en gasto corriente y en conceptos totalmente electoreros disfrazados de programas sociales, aunado a la notable disminución en los ingresos del gobierno federal, están provocando una presión fiscal enorme que solo se resolverá con una sola opción viable, a juicio de los cercanos al señor López, disminuir las transferencias de participaciones federales a los estados y municipios y obligar a los estados a implementar en las 32 entidades federativas el Impuesto de Tenencia, así mismo, obligar a los ayuntamientos a incrementar en forma indiscriminada el Impuesto Predial, y a nivel federal incrementar, con la promesa de instaurar clínicas de rehabilitación, los impuestos a los cigarros, bebidas alcohólicas entre otros, e insisto, lo más grave, eliminar una serie de incentivos y exenciones fiscales, y además ha surgido, ante la falta de recursos para cumplir las promesas de la “CuatroTé” incluyendo el berrinche presidencial de Santa Lucía, Dos Bocas, Tren Maya y otras, el disponer en forma criminal de las reservas internacionales.
En el manejo económico ya no es posible el seguir culpando de sus yerros a las administraciones pasadas y MALO un día promete no hacerlo y al día siguiente arremete contra el expresidente Calderón, llegando incluso al grado de burla, cosa que en nada abona a la unidad de los mexicanos. Las graves contradicciones diarias en materia económica, no dan, en forma alguna, seguridad a la inversión, generando un entorno total de incertidumbre que tiene ya paralizada a las empresas pequeñas y medianas cuya crisis se ha incrementado por el criminal subejercicio en muchos rubros del gasto público, con la errónea excusa del combate a la corrupción.
Por ello, y ante ese entorno económico nacional nada halagüeño, esperábamos que los ayuntamientos fueran solidarios con sus gobernados, sin embargo, en el caso de Guadalajara la exposición de motivos enviada al Congreso, parte de bases económicas erróneas al momento de elaborar sus proyecciones, impactando en forma global más del 5% en todos sus ingresos.
Los diputados, tendrán que ajustar a la baja la propuesta de Ingresos señalada, en especial las tablas base del Impuesto Predial o la abierta inconstitucionalidad en el caso de recuperación de costos en el cobro a los pacientes de los servicios médicos municipales, ya que constitucionalmente no puede estar un cobro sujeto a su fijación por parte de un funcionario, veamos este cobro: “Artículo 63.…Fracción XXXI. Fármacos y material de curación, por cada uno:…Todos los demás fármacos y material de curación no especificados en esta fracción se pagarán según el precio de costo que se fije mediante acuerdo de la Tesorería Municipal.” Violando con esto el principio constitucional de Reserva de Ley, incorporado en lema “No Taxation without representation” originado en las trece colonias americanas hacia las autoridades británicas, o del aforismo latino “nullum tributum sine lege”. Debemos advertir a los gobernados que un ayuntamiento no puede realizar cobros que no estén expresamente incluidos en la Ley de Ingresos respectiva.
En el caso del cobro de estacionamientos es mortal el incremento, solo como ejemplo, la primer hora en el “estacionamiento Expiatorio” actualmente cuesta $8.00 y de aprobarse costaría $14.00
En el caso de las infracciones en diferentes materias, Guadalajara se despacha con la cuchara grande ya que estas sufren un incremento de más del 20% y en varios casos de más del 200%, solo como ejemplo el estacionarse en zona prohibida actualmente se sanciona con un importe de $1,741.00 a $3,482.00 y para el próximo año subirán a un mínimo de $3,983.00 y máximo de $5,000.00
En alumbrado público es incluso incongruente el incremento ya que en la exposición de motivos habla de un incremento del 20% y en la ley se plasma en casi un 21%
Debemos los ciudadanos y nuestros diputados estar muy atentos y en su caso combatir el notable incremento que se plantea para las tablas de valores inmobiliarios, base del impuesto predial, ya que la autoridad municipal juega con la opinión pública señalando que no hay incremento en ese impuesto, pero por otro lado sube el valor fiscal de los inmuebles, lo que al final provocará incrementos de más del 7% o más, en la mayoría de casos.
Además recuerde amable lector que los ayuntamientos, ni el fisco federal le pueden cobrar adeudos de más de cinco años.
Veamos las demás iniciativas de Leyes de Ingresos, cuentan que la próxima semana aprobará el Cabildo la de Zapopan ya la analizaremos.
Deportes
Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Deportes
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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JALISCO
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.