OPINIÓN
Comercio electrónico
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
La pandemia trae un cambio en todas nuestras actividades, destacando la utilización del comercio electrónico gracias al acelerado y sostenible crecimiento del uso de computadores, tabletas y teléfonos celulares en la categoria de smartphones con acceso a la internet, masivamente utilizados para transacciones de todo tipo de bienes a través de plataformas digitales de comercio electrónico (eCommerce) y del comercio electrónico movil (mCommerce).
En nuestro país esta industria ha alcanzado un valor superior a $492.5 mil millones de pesos al cierre de 2019, con un crecimiento anualizado del 16.9%. Después de la pandemia estos indicadores crecerán exponencialmente calculando que a marzo de 2020 existieran en México un total de usuarios del comercio electrónico de 62.4 millones.
Hace solo unos años la transacción mas común era la compra de boletos para viajar, actualmente los principales servicios y bienes adquiridos por e-commerce son ropa/accesorios (32.8%) y pagos a suscripciones (25.5%) por servicios como Netflix y Spotify, mientras que la compra de boletos pasó a tercer lugar (21.3%) en la segmentación de bienes y servicios adquiridos por internet. Durante la pandemia se disparó la compra de víveres, comida preparada y medicinas, disminuyendo casi a cero el uso de plataformas de viajes como Airbnb o el uso de plataformas de transporte como Uber, Didi, etc.
Una de las grandes limitaciones de crecimiento que tenía esta industria en nuestro país era el limitado número de usuarios de tarjetas de crédito, afortunadamente los proveedores de bienes y servicios han suplido esto con diversos esquemas de pago, inclusive los no bancarizados tales como PayPal, tarjetas de prepago, pago al recibir, depósitos en tiendas de conveniencia o en sucursales bancarias.
La compra en supermercados representaba solo el 7.6% de la operaciones electrónicas y al inicio de la pandemia ya llegaba al 13.9%, con el crecimiento notable desde la implementacion de la fase III del control sanitario. Otro de los segmentos de mercado que han crecido gracias al virus, es el de las aplicaciones de “delivery” o entrega de comida a domicilio, como son UberEats, Rappi, SinDelantal, etc. las cuales ejercen una actividad económica fundamental ya que permiten, a pesar de la cuarentena, la operaciones de los restaurantes, bajo adecuadas condiciones de higiene, evitando en parte la quiebra de pequeños restaurantes. Este segmento creció del 4.8% registrado en 2019 al 11.4% del total del mercado al inicio de la pendemia.
En el caso de “pago de servicios” su utilización crece de 10.3% del volumen total a mas del 16.2% al inicio de la pandemia al evitarse con su uso las interminables colas y reducir el riesgo de contagio.
El mercado audiovisual digital se convierte en el mercado mayormente beneficiado por el coronavirus, convirtiéndose en casi la única vía de acceso veraz a contenidos de entretenimiento, informativos, culturales, y educativos. Estas plataformas contribuían con el 22.1% de todas las transacciones durante el año 2019 con un incremento en este de 2.3% ubicándose en un 23.4% del total de mercado electrónico, cifra atractiva para cobrarle impuestos.
A pesar de que el Presidente Manuel Andrés López Obrador (MALO), había prometido que durante su gestión no se implementarían impuestos nuevos, los usuarios de plataformas electrónicas se enteran que a partir del mes de junio tendrán que pagar el Impuesto al Valor Agregado de varias de sus transaciones electrónicas, lo anterior, ya que por iniciativa del Presidente y con el apoyo de las bancadas de Morena en el Poder Legislativo, se incorporÓ a la Ley de ese tributo, un cápitulo denominado “De la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México.”
Esto grava los pagos efectuados por la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los juegos de azar, así como otros contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos de móviles, la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas, servicios de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos, clubes en línea y páginas de citas y ojo, la enseñanza a distancia.
Se basa en que “en México el comercio electrónico ha crecido más de 400 por ciento en los últimos seis años, cifra que resulta atractiva para inversionistas a escala mundial. Este aumento ha posicionado al país como uno de los principales mercados de este tipo en Latinoamérica, al pasar del lugar 35 al 19 en el ranking mundial.”
La molesta reacción de los consumidores no se hizo esperar, al grado de que el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, trató infructuosamente de aclarar mediante redes sociales, en una gran “maroma” informativa, que esa medida “no representan impuestos nuevos o aumento de tasas, que la medida solo tiene por objeto hacer más fácil el cumplimiento del pago… como el IVA”. Llegan a tal grado los de Morena Co., tratando de justificar el inclumplimiento de las promesas del Presidente que señalan: “No se trata de un nuevo gravamen, sino de la adecuación a los tiempos modernos, porque la Ley del Impuesto al Valor Agregado está vigente desde 1980 (cuando no existía esa tecnología), en el sexenio de José López Portillo, quien sustituyó el impuesto sobre ingresos mercantiles por el citado gravamen.”
Sí es un cobro nuevo que impacta al consumidor en un 16% adicional de lo que paga actualmente y le generará ingresos al gobierno federal por más de 4 mil 300 millones de pesos para destinarlos a las obras sociales del presidente y al barril sin fondo de la Refinería Dos Bocas.
Al rato, como ya no le convienen a MALO las “benditas redes sociales” nos van a poner un impuesto por usar facebook, Twitter, etc.
E-mail: hromerof@lgrrabogados.com
Twitter: hectorromerof2
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
Encuentro en Casa Ciudadana con el Senador Clemente Castañeda
Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto
Echan abajo el proyecto del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara
Escándalo en concierto de Coldplay: CEO de empresa tecnológica captado con empleada en momento comprometedor
