OPINIÓN
Con la salud no se juega
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Jalisco hasta el pasado fin de semana, estaba en el segundo lugar con más casos de dengue en el país, el primero encabezado por Veracruz. Aceptando sin conceder que el cambio climático sea el principal causante de esta crisis sanitaria de dengue, ¿cómo fue que el cambio climático se ensañó con Jalisco? ¿Por qué Jalisco, por qué no Tabasco, Chiapas o la Zona Metropolitana de la Ciudad de México donde se asientan más de 20 millones de habitantes?
La historia se repite. Hace diez años Jalisco vivió una crisis sanitaria provocada por el mal manejo del dengue que hizo la Secretaría de Salud y por lo visto, el ser humano es el que se tropieza una o más veces con la misma piedra y no aprende de las lecciones de la historia.
La soberbia de los políticos es un elemento siempre presente que nubla la inteligencia y limita la toma de decisiones que permita atender el interés comunitario. Ayer y hoy es la misma historia. Los graves errores lleva a que sea la sociedad la que pague los platos rotos de compromisos inconfesables que llegan a tejer los hombres del poder.
Allá por 2009 teníamos al frente del gobierno de Jalisco a Emilio González Márquez y de la Secretaría de Salud al doctor Alfonso Gutiérrez Carranza, quien recibió esta responsabilidad más que producto de su experiencia y biografía, por la amistad con el entonces jefe máximo de las instituciones de Jalisco, de quien se dijo, fungió de chofer durante la campaña electoral por el Estado.
Los malos políticos suelen tomar así las decisiones. No toman en cuenta la meritocracia y experiencia en la integración de un equipo de gobierno, no llegan los mejores, lo que explica la baja calidad de esos gobiernos.
LA MALA EXPERIENCIA DEL GOBIERNO EMILISTA
No es la primera ocasión que el dengue nos pega en Jalisco. Emilio improvisó en salud y así les fue a los jaliscienses. Cuando la crisis del dengue se vivía con mayor intensidad en la que la epidemia se había salido de control, se apuntaba a la falta de pericia del entonces titular de la Secretaría de Salud y al hecho de que hubieran dado de baja a los médicos con experiencia que estaban al frente de diversos programas sanitarios y de áreas que requieren conocimiento para que se pueda proteger a la gente con programas preventivos institucionales que llevan a cabo de acuerdo a las temporadas del año, cuyas condiciones climáticas son propicias para que se generen cierto tipo de enfermedades.
Con el nuevo gobierno que encabeza el ingeniero Enrique Alfaro llega al frente de la Secretaría de Salud el doctor Fernando Petersen Aranguren, quien estuvo al frente de los Servicios Médicos en Guadalajara cuando el hoy gobernador fue presidente municipal. Dicen los que saben que el apoyo de este funcionario es el primo de ambos, Miguel Alfaro Aranguren, ex presidente de la Canaco Guadalajara.
¿Qué responsabilidad tienen las actuales autoridades de la Secretaría de Salud en esta crisis que golpea a decenas de miles de familias de Jalisco? La versión que ofrece el gobernador es el cambio climático el causante de esta epidemia y la falta de cuidados de los ciudadanos, lo que carece de sustento científico, por más que insista el político en convencernos de que ellos no tienen nada que ver.
El gobernador escribió en su página de Twitter: “Lee esta nota. El cambio climático es más grave de lo que pensamos y sí, un factor determinante para que el dengue sea una epidemia en Jalisco y Latinoamérica. No es pretexto, estamos trabajando a tope y pedimos tu ayuda para salir juntos de esta”.
INVESTIGACIÓN A FONDO
Una investigación a fondo tendrá que realizarse para ver qué fue lo que realmente sucedió en la Secretaría de Salud y que desembocó en una grave crisis sanitaria que tiene a la población de Jalisco envuelta en el pánico con los hospitales públicos y privados colapsados con tantos casos de personas que padecen el dengue.
El propio secretario de Salud, Fernando Aranguren, aceptó en una mesa de análisis de Canal 44 TV, que 250 personas que hacían campañas de prevención del dengue en la Secretaría de Salud (los que fumigan) no fueron recontratados en 2019 por falta de fondos federales. ¿Qué pasó con este tema? ¿Por qué no le autorizaron a la Secretaría de Salud recursos para hacer estas acciones preventivas? ¿Y esos más de 100 millones que asegura el gobernador se han destinado para hacer las labores de prevención, el doble de lo que destinó el anterior gobierno, cómo se distribuyeron? ¿Quién dice la verdad, Petersen o Alfaro?
Hay otro aspecto que se ha denunciado: que en la Secretaría de Salud hay un ahorro de 1,350 millones de pesos. Lo denuncia el regidor de Morena de Tlaquepaque, Alberto Maldonado. ¿Es veraz esta información?
MENSAJE DESAFORTUNADO
Por otro lado, es una tristeza la forma como el gobernador de Jalisco abordó el tema. Muy desafortunada intervención. Qué impertinencia y falto de sensibilidad dirigir un mensaje en esos términos, en ese tono, como si se estuviera enfrentando a sus enemigos políticos, cuando se trata del delicado tema de salud que golpea a decenas de miles de jaliscienses -o tal vez ya cientos de miles-, regañando a la gente y justificando que la causa es el cambio climático. Nada abonó el titular del Poder Ejecutivo para ubicarse cerca de los ciudadanos que esperarían a un líder con sensibilidad, pertinente, cálido, que acepte la magnitud del problema y encabece las acciones para enfrentar la crisis en vez de culpar a otros de la tragedia que vive Jalisco.
Después de que pase esta crisis el gobernador está obligado a hacer una revisión a fondo de los problemas que trae dentro de su equipo de gobierno que lo están llevando al precipicio con esos mensajes beligerantes de descalificación que lo distinguen y que no solo lo alejan de los ciudadanos, sino que lo confrontan. Las respuestas negativas y airadas que ha recibido en sus redes de parte de los ciudadanos que antes lo arropaban y apoyaban que son miles, son el mejor termómetro de que el gobierno se encuentra muy extraviado. ¿Qué alguien le explique qué pasó con sus redes? ¿Por qué la gente se le volteó?
¿Qué va a pasar en el sector salud de Jalisco, después de que se supere la crisis sanitaria? ¿Cuál es la lección que nos queda y el aprendizaje para sociedad y gobernantes? ¿Se abrirá a una investigación? ¿Rodarán cabezas o se protegerá la indolencia e incapacidad, aferrados que es el cambio climático el que conspira contra Jalisco, culpable de que haya decenas de miles de enfermos y de las muertes que esto está ocasionado?
Por favor…con la salud no se juega.
E-mail: gabriel.ibarrabourjac@gmail.com
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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