OPINIÓN
Coronavirus y responsabilidad
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
El mundo está ante una pandemia, lo nunca antes visto a escala internacional, hoy es una realidad que no es serie ni película hollywoodense, es lo que vivimos más de 123 países ya con la expansión de un virus que nos tiene bajo sus manos; México es en estos casos algo escéptico y rebelde a las limitaciones, nuestra forma de vida rápida y al día nos hace dudar o ser omisos de la cultura de la prevención, pero este es un momento globalizado con grandes ejemplos de países muy distintos a nosotros en cultura, economía y gobierno.
La pandemia de coronavirus (Covid-19) ya llegó a México, se esperan escenarios adversos, erráticos e inesperados, el problema de esta situación mundial de salud es sin duda la especulación que produce y la desinformación, además de los efectos en diversas materias económicas, comerciales y turísticas que sin duda alguna ya afectan a distintas naciones, economías, empresas y turismo, podría ser la pandemia del siglo que hará reflexionar a la humanidad.
En este contexto, nuestro país tendrá sus inconvenientes al llegar a la fase 2 de contingencia por el Covid-19, habrá entonces que poner especial atención a aquellos países que ya lo viven en estos instantes y analizar de manera detallada nuestra manera de reacción y nuestros sistemas de salud en cuanto a su capacidad, estructura y debilidades, para enfrentar una pandemia que ha dejado ya a ciudades enteras en cuarentena y con desabasto en hospitales, es por eso que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, deberá poner en marcha general y muy específica el INSABI en estos momentos debidamente habilitado con los lineamientos necesarios para mínimo el diagnóstico gratuito y atención a casos leves de coronavirus, así cómo hacer una organización sólida de contingencia y prevención en IMSS e ISSSTE.
Los gobiernos de los estados así como el gobierno federal, tendrán que dejar un poco la política de lado para hacer frente a esta pandemia con absoluta responsabilidad, lo más importante de este escenario es la salud de los mexicanos, su acceso oportuno a servicios de salud pública y la contención del virus, así como mantener la estabilidad de la economía en todo el país, no puede haber errores ni titubeos en este asunto de corte internacional, ya que los diversos contextos son perfectamente medibles y demostrados en cientos de países, es información que todos los ciudadanos sabemos, lo que no sabemos es la pericia de nuestros gobiernos para esta pandemia de coronavirus.
En Jalisco hasta el momento la prevención por parte del gobierno del Estado, no ha sido anticipada sino oportuna, lo más importante es la salud de los jaliscienses y evitar que el coronavirus se expanda de manera imparable, provocando los cierres forzados de comercios, industrias, escuela y gobierno, el impacto económico y turístico será sin duda considerable no solo en Jalisco, pero la prevención permite estructurar y planificar formas de hacer frente a esta pandemia, todas las indicaciones de prevención que sean necesarias para evitar vernos en escenarios como los de Italia o España, deberán estar bien vistas y acatadas por los ciudadanos.
En este sentido a nosotros como ciudadanos consientes y responsables nos toca hacer una pausa para evaluar el escenario del coronavirus en nuestra vida diaria y sus múltiples complicaciones, hacer caso de las medidas de prevención impuestas por cada entidad y revisar nuestros servicios de salud activos, es más importante que llenar los grandes supermercados con enormes filas causando caos y desabasto de víveres, existirá responsabilidad individual de cuidar de los nuestros mientras los gobiernos se dedican a sus labores de garantizar la salud y los derechos de los mexicanos.
Es entonces que la sociedad y los gobiernos deberemos sí ser corresponsables de cómo afrontemos esta pandemia de la que ya sabemos suficiente, para poner manos a la obra en proteger a nuestros adultos mayores y personas vulnerables, debemos ser reflexivos de que el aislamiento social y las medidas de prevención convenientes podría evitarnos acontecimientos abrumadoras y devastadores; en Jalisco no tenemos buen sabor de boca con la situación del dengue y la forma en que abordó el problema, pero esperemos que como todos en el Gobierno del Estado de Jalisco, de los errores aprendan y los reconozcan poniendo especial atención a los sistemas de salud que les competen para lo que van a resistir.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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