OPINIÓN
Corrupción de la anticorrupción
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
“El pueblo se cansa de tanta pinche tranza”, era consigna repetida en las manifestaciones de oposicionistas, y es un elemento reiterado en la retórica presidencial que ha ofrecido acabar con la corrupción,” barriéndola como las escaleras, de arriba para abajo”, y no creo que haya un mexicano que no esté de acuerdo con ese propósito.
Como tema de campaña, resultó de excelente rentabilidad y en consecuencia está presente diariamente en el discurso oficial repleto de símbolos, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, alrededor de cuya construcción, se dijo, existía una gran corrupción; en la investigación sobre la llamada “estafa maestra” así como en la extradición de connotados políticos y servidores públicos, acusados de cometer ilícitos en el ejercicio de sus funciones.
Lo lamentable es, que al discurso y la nota periodística no le siguen acciones que permitan ver que el combate a la corrupción va en serio, sino que solo es instrumento para mantener la popularidad y la aceptación del Presidente de la República. Los resultados obtenidos no van de acuerdo con la proclama y se percibe la utilización de la justicia para fines político electorales y hasta para cumplir venganzas personales.
Se canceló un aeropuerto, a un costo que habrá de pagarse durante varias administraciones, y no hay una sola acusación que persiga la corrupción denunciada desde la campaña electoral. Se encarceló por la estafa maestra a Rosario Robles y no hay ninguna acusación sobre quienes suscribieron contratos y ejecutaron en los hechos las presuntas desviaciones; se concentraron las compras y además de causar desabasto de medicamentos y otros insumos gubernamentales, se burla la ley de adquisiciones y se privilegia la asignación directa y sin concurso, de obras y contratos de suministro aplicando además sanciones administrativas selectivamente, se congelan miles de cuentas pero no se abren carpetas judiciales por no presentar elementos suficientes para la investigación.
Mucho ruido y pocas nueces en el combate a la corrupción, pues en los hechos, ésta sigue cabalgando a lomos de nuevos jinetes. Cuando menos dos miembros del gabinete no pueden transparentar el origen de sus propiedades y otro más es señalado por asignar obras directamente en la refinería de Dos Bocas a compadres y amigos del cónyuge. Se adquieren directamente, “por emergencia”, respiradores y equipo a precios fuera de mercado; se mueren 8 personas en hospital de Pemex por aplicar medicamentos adulterados y no se sabe siquiera a quien se compraron, menos que exista una investigación y así podemos seguir señalando actos que debieran ser motivo de persecución y no lo son y por si fuera poco, el INEGI informó que los actos de corrupción en la vida cotidiana aumentaron durante 2019 al afectar a 15,732 por cada cien mil habitantes, contra 14,635 en 2017.
Rosario Robles está encarcelada por omisión, por hacerse de la vista gorda ante la estafa maestra, ¿Quién tendría que estar en la cárcel por no ver lo que sucede en Dos Bocas, en las licitaciones a modo y en asignaciones directas?
Pero el colmo viene en el asunto de Odebrecht y Agronitrogenados, en torno a los cuales se ha levantado una burbuja informativa desconcertante y, a la vez, preocupante por el uso político de la justicia. En el primero, los sobornos o “prestaciones” hechas a Emilio Lozoya, se han querido vincular a su uso en campañas políticas, todas auditadas por cierto sin observaciones graves en cuanto a rebase de topes o uso ilegal de aportaciones privadas, y en el segundo por el daño patrimonial causado en la compra a sobre precio de la empresa e instalaciones, cuyo monto es cuando menos cuatro veces inferior al daño causado a las finanzas públicas por la cancelación del NAIM. Desconcierta que tanto el gobierno como el acusado, estén tornando una causa judicial, endeble procesalmente, en una componenda política con el fin de obtener beneficios mutuos. El acusado, directamente señalado en Brasil de haber recibido millones de dólares, ofrece abrir otra causa, por soborno, a quienes recibieron dinero para aprobar la reforma energética y a cambio recibe un trato preferencial y una posible absolución. Una negociación de la justicia en la cual el castigo queda sujeto a la raja política que se le pueda sacar a sus testimonios. El acusado pasa a ser acusador a cambio de beneficios para él y su familia en una negociación que utiliza la ley para fines evidentemente políticos, especialmente cuando viene una contienda electoral, en la que por lo visto, la corrupción seguirá siendo bandera.
No hay que sancionar, hay que exhibir, de eso se trata no de hacer justicia, y mientras tanto, las penas se negocian, la justicia es selectiva, vengativa con los contrarios, benévola y hasta ciega con los afines, los corruptos corrompen por el criterio de oportunidad y la impunidad galopa en la 4T. Componendas políticas como antes, como ahora, pura tranza pues.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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