OPINIÓN
Culiacán, el fracaso
Metástasis, por Flavio Mendoza //
En este país se ha hecho cada vez más común como tema de conversación el desastre en materia de seguridad, entre niños, jóvenes, adultos y mayores, en escuelas, en los trabajos, se habla de desaparecidos, de homicidios, hasta parece que cada vez nos sorprendemos menos y con normalidad esperamos que se supere la crueldad y los formatos de la criminalidad.
Lo sucedido en Culiacán es la evolución del crimen organizado, que podrá atribuirse a algún expresidente, pero que tienen una historia de origen y evolución en este país, en el que sin duda han sido muchos los responsables incluidos la propia sociedad, no sólo quien tomó la decisión de confrontar a balazos sacando al ejército a las calles, una decisión muy controvertida y cuestionada, en política, principalmente por la oposición, que cuando deja de serlo y se convierte en gobierno no sólo cambió de opinión, sino que se convierte en la misma estrategia corregida y aumentada, hasta hacerlo formal con un cambio constitucional para engendrar a la Guardia Nacional.
Los homicidios en el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no son responsabilidad de él, como tampoco fueron de los anteriores, sin embargo, lo que sí es su responsabilidad es la estrategia y acción para abatir la violencia y la criminalidad, para que se establezca el estado de derecho, que garantice la paz y el bienestar al pueblo, en ello han fallado los anteriores y también el actual. Lo cuestionable en lo que se vivió en la capital de Sinaloa, además de abonar a la descomposición social y deshumanización, es la decisión de un gobierno que se doblegó ante el crimen organizado.
Entre múltiples contradicciones sobre los hechos, el Presidente de la República admite que él respaldó la decisión de soltar a un presunto delincuente justificando que estaba en riesgo la vida de ciudadanos, pero la realidad es que no debió ser una opción el capturar a un capo o salvar vidas, porque al aceptar la negociación sin interlocutores se desencadena una serie consecuencias que alcanza diversos ámbitos. El Presidente evidenció la carencia de una estrategia nacional de seguridad, con una Guardia Nacional que goza con toda la confianza del pueblo pero que no es capaz de combatir a la criminalidad, la decisión de entrar al territorio del narco sin un diagnóstico de sus alcances, pero además sin la posibilidad de reacción ante cualquier emergencia, pues mientras el crimen organizado en 15 minutos sometió a todo un estado, sitiando el territorio, sembrando miedo y sometiendo al orden público, con un despliegue que muestra la superioridad ante las fuerzas armadas, el estado en forma ridícula, vergonzosa y preocupantemente no tuvo reacción.
Quizá no es el único capo que se ha dejado en libertad, pero es el único gobierno que ha admitido como decisión de Estado el dejar libre a un capo; para algunos puede ser una virtud de honestidad, para otros una muestra de debilidad, torpeza y hasta cinismo político, pues se arrodilló al Estado, se entregó la soberanía nacional y se envió un mensaje equivocado para el pueblo y para el mundo, mientras el discurso del presidente sigue sustentado en los otros datos.
Los homicidios en esta administración que abolió la guerra contra el narco, que no reprime al pueblo, incluyendo al narco que también es pueblo, que terminó con el neoliberalismo, que ataca los problemas de origen y que es 99% honesto, tiene estadísticas más altas que los anteriores que hicieron las cosas mal, el presidente AMLO dice que lo que está comprobado es que la estrategia anterior no dio resultados, pues los indicadores de su actual administración tampoco están dando resultados y de mantenerse al ritmo actual serán desastrosos, el discurso de AMLO es el peor enemigo de la 4T, a quien se le juzgará más severamente y no por ser él, sino porque criticó y sigue culpando a pasadas administraciones, por lo que se entiende que conocía el estado que guardaba el país y dijo tenía la solución, los plazos que el fijó en tiempos lo están alcanzando y los resultados ya lo rebasaron, es momento de cambiar y dejar el discurso de odio, que asuma su papel y sea responsable del destino de este país.
@FlavioMendoza_
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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