OPINIÓN
¿Democracia sin sociedad?

Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
Hace unos días pude ver un video en que un hombre de más de 90 años debió comparecer ante un juez en Estados Unidos, acusado de exceder la velocidad permitida al conducir su auto. Explicó que él no maneja a altas velocidades y que usa su auto sólo cuando es necesario, y que el día de los hechos había llevado a su hijo, con discapacidad y con más de 60 años de edad, a que le practicaran un examen de sangre.
El juez, conmovido le reconoció seguir siendo un padre al cuidado hijo ya grande y sobreseyó el caso por ser un hombre ejemplar. Ésta ha sido la más bella experiencia que he conocido de justicia con sentido humano. En la vida necesitamos más casos así.
He tenido la oportunidad de vivir de muy cerca la entrega con que miles de mujeres y hombres transforman –verdaderamente transforman- las vidas de niños con algún síndrome o con parálisis cerebral, de mujeres violentadas por quien ellas esperaban ser amadas, de mujeres extraordinarias en sus trabajos pero que reciben salarios muy menores por ser mujeres, de migrantes comprometidos consigo mismos y sus familias para darles un mejor futuro, de voluntarios que donan horas de vida en causas que nos humanizan, de jóvenes limpiando playas y bosques, de hombres y mujeres que levantan la voz por quienes nadie escucha, de hombres y mujeres que nos han dado certeza en las elecciones y limpieza en el ejercicio de gobierno… y así hasta donde, hace tiempo y aun hoy, se veía y ve como normal el ser injusto, indolente, abusivo, delictivo. Sin embargo, me duele reconocer que toda esa gran labor queda reducida a un “fifí” o a un descrédito infundado y arrebatado desde la inconciencia y las ocurrencias nacidas del miedo.
Hoy nos enoja que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya ordenado no apoyar a las organizaciones de la sociedad civil desde el gobierno y que el presupuesto del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) esté sin ejercerse; sin embargo, no es el primer presidente ni su gobierno el primero en actuar de manera tan soez y temerosa; pero sí es el primero en declarar enemigas de su gobierno y de él mismo a las organizaciones de la sociedad.
Si bien, con Enrique Peña Nieto, los presupuestos del Indesol se redujeron año con año desde el propio Congreso de la Unión; hoy, simplemente no se ejercerá lo autorizado.
Allan Kardec decía que, para comprender ciertas cosas es menester poseer facultades que, lamentable y obviamente, no tienen la mayoría de nuestros políticos, entre ellas la de la humildad y la seguridad personal. Muchos de nuestros políticos poco saben y entienden menos.
Andrés Manuel López Obrador debería reinventar su manera de concluir sus formas de pensar. Juega a dirimir sus conflictos de gobierno en los medios, aunque solo en ellos se quede y pierda.
Hoy, en que el presidente López Obrador se atreve a pedir al gobierno norteamericano cambiar su constitución en materia de acceso a armas, bien le valdría comprender y aceptar que ello nunca sucederá por petición suya, como tampoco logrará que extraditen a Patrick Crusius, el asesino de El Paso, Texas, pues también mató a ciudadanos norteamericanos y es deseable que ellos primero lo juzguen además de que sus leyes son más severas, sus cárceles más seguras y sus jueces más firmes. Sería suicida para el gobierno de Trump caer en tan pueriles peticiones.
En cambio, el presidente de México sí podría acercarse a organizaciones ciudadanas norteamericanas pro migrantes, que luchan en contra de la Segunda Enmienda y defensoras de los derechos humanos, para conocer sus causas, estrategias y logros, y sumarse a ellas. Si algo podrá cambiar en Estados Unidos será desde la sociedad de los Estados Unidos, y quizá, desde el Partido Demócrata, y jamás de los jamases, desde AMLO y sus noches de fiebre y delirio.
No he escuchado a nadie del gobierno federal explicar los hechos de El Paso desde su trasfondo psicosocial, es decir, desde las causas y consecuencias de las acciones y percepciones que tienen los individuos sobre sí mismos y los otros en tanto miembros de diferentes grupos sociales, y se han quedado en la superficialidad del análisis del discurso de odio que identifica a Donald Trump. No, desde ahí nada cambiará porque ni siquiera imaginan la posibilidad de llegar a comprender y alterar la representación cognitiva de cada persona y grupo, así como de los otros en tanto miembros de una misma sociedad.
Los análisis del discurso de Trump se limitan a creer que todo es igual sin deshojarlo de los estereotipos sobre los grupos exógenos y las minorías, la estereotipia como proceso cognoscitivo de atribuir ciertas características a las personas sobre la base de su pertenencia a tales categorías, los prejuicios como las actitudes derogatorias hacia una persona debido a su pertenencia a determinada categoría social y la discriminación o exclusión, en términos macro sociales, como aquel complejo sistema de relaciones entre los grupos sociales que produce y reproduce desigualdades en el acceso a recursos como salud, ingreso económico, educación, propiedad, etc.
Si todo esto no se entiende ni imagina entonces jamás se podrán cambiar las condiciones de nuestros hermanos migrados ni el discurso de odio podrá terminar.
Vendría bien al presidente, al canciller Ebrard y a la secretaria Sánchez Cordero, hacerse responsables del fondo de sus palabras y superar las formas, que son, obvio es, muy superficiales e ignorantes de lo real. Solo entonces sabrán darle cause a su política persecutoria de los migrantes centroamericanos que, en la sumisión del gobierno mexicano a los antojos de Trump, subyace a la personalidad autoritaria del presidente norteamericano, quien impone patrones migratorios punitivos, controladores y opresivos alimentando impulsos socialmente inaceptables en nuestra tradición internacionalista.
Pero para que todo ello cambie para bien, antes Andrés Manuel tendría que dejar de ser Andrés Manuel, el presidente terco del que él se enorgullece y abrirse a las otredades lejanas de su 4T, sobre todo a la sociedad civil organizada, sin la cual, la democracia se antoja imposible.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
Deportes
Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Deportes
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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JALISCO
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.