OPINIÓN
Desde antes, ¡ya nos faltaban abrazos!

Educación, por Isabel Venegas //
Hay una tendencia a no romantizar las ideas que justamente están en tendencia, es una de las tantas paradojas de nuestra era y de nuestras redes, ¡No romantices el día de las madres!, decían hace apenas unos días, haciendo referencia a tantas mujeres que teniendo hijos no actúan con el prototipo de entrega, abnegación y bondad; un juicio duro y cruel para un ejercicio que va más allá de las circunstancias y de la preparación: la maternidad no elimina todas sus complicaciones por el simple hecho de ser deseada y programada, es pasar por muchas crisis antes de aprender y saber más o menos dónde se está parado.
El ejercicio docente guarda una estrecha relación con la maternidad por la tutela y la guía; puedo asegurar que a la mayoría de las profesoras nos ha tocado más de algún alumno que nos llamó “mamá” en lugar de “maestra”, alguno que se acercó a pedirnos consejo, que aceptó un regaño y nos permitió asumir ese papel tan importante, pero hubo un punto en el que debimos aprender a marcar límites en aras de enseñarle a los niños a definir sus propias fronteras.
Es esa compleja tarea de saberse educador, pero no invadir los terrenos del psicólogo, formador pero no exceder en tareas de paternidad, couch de vida pero no papá o mamá; de hecho desde hacía algunos años se habían emprendido campañas en las que se les pedía a los maestros que mantuvieran distancia con sus alumnos, que dejaran de darles abrazos, besos, expresiones de cariño diversas y que se abstuvieran de tenerlos en sus redes sociales.
Ya fuera por proteger a los alumnos del acoso o a los maestros y maestras por falsas denuncias, la recomendación a muchos los confundió y comenzó a difuminar la figura cariñosa, el ser cercano, afectivo y cálido con los alumnos. Mientras el Observatorio de Innovación Educativa del Tec de Monterrey (el 18 de febrero del 2020) mostró la evidencia del impacto positivo que tienen los abrazos en la vida de los estudiantes, en enero de este mismo año Reporte Índigo sacaba un reportaje en donde ponía de manifiesto el incremento del nivel de riesgo que implica la labor docente: “La falta de garantías y de normas que velen por la seguridad de los docentes en las aulas del país, sumado al deterioro de los valores familiares, han convertido esta actividad en todo un peligro para quienes la ejercen, pues no solo se enfrentan a alumnos violentos, también a padres que los amenazan o agreden”.
El incremento a las agresiones que pueden ir desde burlas, insultos, maltrato constante hasta golpes y disparos a profesores y profesoras en todos los niveles educativos, tanto de escuelas privadas como públicas, deja ver que hay un problema en una funcionalidad que resulta ser simultánea: tanto se requiere la confianza en la madurez y profesionalismo de los docentes, como ellos y ellas necesitan saber que realizan un trabajo como parte de una comunidad que los respalda y protege, que busca fortalecer los lazos de unión y que comprende a las diferentes personalidades y estilos desde el acompañamiento constante y positivo.
La crisis por la contingencia del coronavirus, una pandemia que nos ha confinado en nuestras casas dejando vacías las aulas, y que nos ha empujado a buscar alternativas de enseñanza, nos ha hecho cometer muchos errores, algunos excesos y otras omisiones.
Para algunos alumnos la tarea fue demasiada, para otros ni siquiera llegó, unos encontraron herramientas poderosas a través de internet y otros solo aprovecharon para distraerse, o googlear información superflua; a pesar de tantos errores, de muchos alumnos reclamando que ya era un montón de tarea y que no encontraban cómo atender tanto trabajo, el reconocimiento a los profesores fue gratamente positivo, el 15 de mayo nos extrañamos todos.
Hemos valorado más que nunca la oportunidad de estar juntos, de compartir, de regularnos, de aprender a tolerarnos porque en internet el conocimiento está, pero la experiencia de vida solo se da en el aula, en el laboratorio, en los comedores estudiantiles. Nada puede sustituir el momento de compartir el lonche, de estar en el patio de recreo para platicar sobre lo que hicieron el fin de semana, los juegos y las competencias intercolegiales.
Los estudiantes encuentran en sus compañeros redes de apoyo para la mayoría de sus problemas, y a veces son ellos los que me platican cosas de fulanito: “maestra, es que su papá está muy enfermo”, “maestra, es que nos contó que no ha visto a su mamá desde hace tres meses”, etc. Esas redes son ejes fundamentales en las comunidades de vida y de aprendizaje, y éstas a su vez operan básicamente a través de los sistemas del lenguaje y la expresión.
Por el contrario, los estudiantes que no se sienten escuchados o comprendidos por sus profesores no le dan sentido a sus procesos de formación escolar porque forzosamente ello implicaría una serie de transformaciones en su vida, que de no ser verbalizadas con los alumnos, poco impacto tendría en la generación de una motivación intrínseca, y es que el proceso de enseñanza – aprendizaje es simultáneo, tanto aprende el maestro como enseña el alumno, por ello el diálogo que se entabla entre los dos agentes da valor y orienta a ambos por igual.
Plantear lo que estamos viviendo, su impacto, las herramientas de análisis de las que disponemos y/o proponer nuevos mecanismos, ubica a la escuela en verdaderos espacios de comunidad y generación de ideas. Por ejemplo: ¿Cómo es que los miembros de la comunidad educativa están entendiendo este momento? Será tremendamente rico si las escuelas y universidades registran, documentan y dan seguimiento formal a la concepción y percepción de nuestros estudiantes y profesores frente a una situación que para muchos sigue siendo un imaginario, una manipulación del gobierno, una trampa en una estrategia global; para ellos puede no representarle más compromiso personal que una acción mínima (como traer un cubrebocas para no ser multado, por ejemplo) o incluso tal vez ni eso. Si no entendemos lo que ellos entienden, nos quedamos con un sistema de comunicación disfuncional y caduco.
Profesores y alumnos comparten el mismo valor, requieren del mismo espacio de reflexión y viven la dinámica de enseñanza–aprendizaje de manera simultánea. ¿Cómo se reconcilia esa mirada y se recompone la labor docente de modo sustantivo? El abrazo es una simultaneidad de cariño, se entiende como ese acto de amor y generosidad que deriva o es precedido de confianza pero que es urgente para volver a tener procesos de alta significación en donde los maestros y los alumnos se sienten en el sitio propicio para dar rienda suelta a su imaginación, a su ingenio y a su creatividad. Si los abrazos y los besos quedan suspendidos hasta no tener una vacuna en contra del virus, vayamos alistando el camino, generando la red de soporte para que el contacto solo sea la forma donde el fondo esté asegurado.
¡Feliz día del maestro! A todos esos maravillosos seres que desde las aulas han entregado sus vidas a luchar por un mundo más lleno de bondad, de generosidad, de conocimientos; a quienes hoy están estudiando en las escuelas normalistas o universidades en el ámbito de la pedagogía y la educación, a todos los que desde los posgrados están colaborando para que los profesores tengan más herramientas didácticas y cognitivas de modo que puedan seguir contribuyendo profunda y significativamente, a todos ¡Muchas felicidades! ¡Abrazo grande con toda admiración y cariño!
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
JALISCO
Contratación bajo investigación

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
De los problemas que actualmente enfrenta el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el escándalo por la contratación de la conductora de televisión Eli Castro, un personaje polémico que se mantiene en circunstancias similares la mayor parte del tiempo, demuestra una vez más que la política se desvía sin duda del objetivo que debería tener: el bienestar, la transparencia y la calidad de los servidores públicos.
Es muy lamentable que, ante el aumento injustificado de las tarifas de un sistema de agua potable, también saliera a la luz un tema tan desagradable que opaca el servicio público y la política. Este hecho carece de justificación y evidencia corrupción y opacidad.
En este sentido, lo que toca es analizar la intervención de los entes públicos encargados de esclarecer este bochornoso episodio, que afectará la imagen pública del partido que hoy gobierna Jalisco. Será lógicamente imposible justificar que la conductora tenga el perfil para ocupar el cargo de asesora técnica y que la manera de haber llegado a él fue bajo absoluta transparencia y control.
Por lo tanto, que esté en la nómina del SIAPA con un salario de alto rango, comisionada sin asistir, y que argumente públicamente que su caso es un asunto de resentimiento social, por ser una persona que consigue lo que se propone, es un tema delicado que evidencia prácticas de corrupción.
En este contexto, habrá que estar atentos a la intervención de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco. Las declaraciones de la conductora, involucrada en escándalos mediáticos, también sugieren abiertamente que está a un par de años de jubilarse, tras más de 27 años como servidora pública. Esto resulta enormemente dudoso y podría demostrar que, desde hace más dos décadas, ha estado en las nóminas del servicio público por conocidos en la política.
Entonces, tendríamos que analizar los escándalos de Pensiones del Estado de Jalisco para determinar si esta será una «pensión dorada» para alguien que, presuntamente, nunca fungió como servidora pública. Sería imposible asistir a trabajar y tener dos o tres empleos más; en términos laborales, hablaríamos de incompatibilidad de jornadas laborales.
Por lo tanto, podríamos estar ante la figura coloquialmente llamada «aviadora» —término que se le da a quien cobra en el servicio público, pero no trabaja—. Esta situación es lo más denigrante que puede tener un gobierno en funciones.
En Jalisco, contamos con un Sistema Estatal Anticorrupción, del cual se desprende la Fiscalía Anticorrupción, que anunció que abrió una investigación de oficio por la contratación de Eli Castro. El caso de la contratación de Eli Castro en el SIAPA es un claro ejemplo de cómo la corrupción y la opacidad socavan la confianza pública y desvían los recursos que deberían destinarse al bienestar de la ciudadanía.
Más allá de la legalidad de la contratación en sí, lo verdaderamente preocupante es la aparente falta de transparencia en el proceso y la ausencia de un perfil técnico idóneo para el puesto de asesor técnico. Esto, sumado a las declaraciones de la propia conductora sobre sus años de «servicio» y una posible «pensión dorada», pinta un panorama alarmante de prácticas arraigadas en el sistema político y público.
La intervención de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco es crucial en este punto. No solo debe investigar a fondo las denuncias de nepotismo y posibles desvíos de recursos, sino que también tiene la obligación de comunicar los hallazgos de manera transparente y abierta a la sociedad.
Es imperativo que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables, tanto a la persona que cobró posiblemente sin trabajar, como a quienes permitieron y facilitaron esta situación.
Este episodio no solo afecta la imagen del SIAPA y del partido en el gobierno, sino que también erosiona profundamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Para recuperar esa seguridad, es fundamental que el Sistema Estatal Anticorrupción demuestre su efectividad y que se envíe un mensaje claro: la corrupción no será tolerada y aquellos que abusan de su poder para beneficio personal serán llevados ante la justicia. La calidad de los servidores públicos y la transparencia en la gestión son pilares de un buen gobierno, y este caso es una oportunidad para reafirmarlos.
NACIONALES
Que no son lo que son

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
En el oficialismo, que incluye en este caso al gobierno, Poder Legislativo y partido, se han empeñado en no reconocer y negar lo que es evidente: la construcción de un Estado policial y la oficialización de la censura gubernamental atacando la libertad de expresión. La conversación se ha seguido en los medios públicos y privados con las voces del régimen negando y la oposición acusando la coartación de las libertades civiles.
Dos son los argumentos oficiales destacados; el primero es la necesidad que tiene el estado de combatir con mayor eficacia al crimen organizado y el segundo es que la oposición exagera para beneficiarse electoralmente y que en realidad ya todo está en la legislación y solo se adecua.
Se puede coincidir en que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, así como también en que el Estado requiere mejores instrumentos para combatirla; y que bueno que así se piense, pues eso implica que el Estado retome su potestad del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la observancia de la ley.
En lo que no se puede estar de acuerdo es en que para hacerlo tenga que convertir a toda la población en potenciales delincuentes, sospechosos solo por poseer teléfonos celulares o participar en redes sociales. Poco importa que digan que se requerirá una disposición judicial para escudriñar las vidas de particulares, cuando el nuevo poder judicial está poblado por incondicionales del régimen.
Aceptemos que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, pero también que las competencias de las policías municipales y de los estados está severamente limitada por falta de recursos que la federación ha preferido destinar a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, y que la expansión de los grupos delincuentes fue posible por la desidia y la indiferencia de las fuerzas federales dedicadas por seis años a solo hacer presencia y dar abrazos y no balazos, sin descontar la posible connivencia o complicidad de políticos, policías y gobernantes, tolerada con conveniente disimulo.
El giro de timón que ha tenido la estrategia gubernamental, persiguiendo y apresando delincuentes, no sabemos si obedece a una real voluntad de acabar con el problema o solo ha administrarlo en tanto baja la presión del gobierno estadounidense que ha exigido un combate a fondo de los grupos criminales y su asociación con los poderes del Estado. En todo caso, a pesar de los resultados estadísticos favorables, los carteles avanzan y controlan amplias franjas del territorio nacional y no se entiende cómo la censura y el uso faccioso y político de los datos personales puedan coadyuvar a detenerlos.
Se dice también que la nueva CURP con datos biométricos coadyuvará en la búsqueda de personas desaparecidas, así como unificar datos de la población para trámites y servicios. Esto implica un peligro adicional para la ciudadanía, porque conocemos la ineptitud del gobierno para manejar este volumen de información con seguridad y secrecía, y no sería remoto, dada la penetración del crimen en las estructuras gubernamentales, que los datos personales cayeran en malas manos.
Sin embargo, podríamos dar el beneficio de la duda y abonar las buenas intenciones del gobierno, si no fuera por la estructura totalitaria que se está construyendo alrededor.
El ogro filantrópico se ha venido construyendo sistemáticamente. Las bases se sentaron el sexenio anterior y no mintieron al decir que seguiría un segundo piso. Hoy el Estado subsidia y anestesia la pobreza, censura y cohesiona a medios y comentaristas, hizo ficción a la división de poderes, eliminó los órganos e instituciones autónomas e independientes y desnaturalizó a las fuerzas armadas garantes hoy de la seguridad pública.
Lo que queda por hacer es dominar, controlar y sujetar las libertades individuales para hacer imposible la disidencia.
En ese objetivo es donde encuadran todas estas reformas que presentan como útiles para recobrar la seguridad y hacer más efectiva la actuación de las fuerzas armadas utilizando las herramientas de la inteligencia y equipos cibernéticos. No existe en las leyes que han propuesto límite alguno para que el Estado utilice los datos personales para los fines que juzgue convenientes, sean en efecto para perseguir delincuentes o para presionar e intimidar a opositores o a simples ciudadanos.
Ejemplos recientes nos muestran el uso selectivo de la justicia, al menos en el Tribunal electoral en casos de violencia de género y no hay garantía de que esa conducta no se vuelva rutinaria en el régimen en configuración, especialmente cuando desde la tribuna presidencial se trata a los críticos como adversarios y a los opositores como traidores. El uso y abuso faccioso del poder es propio de tiranos, aunque digan que no lo son. La democracia es a partir de ahora, escenografía.
NACIONALES
Nombramientos sin mérito

Opinión, por Iván Arrazola //
La discusión sobre si los cargos públicos deben asignarse con base en el mérito o la lealtad es tan antigua como la política misma. Se trata de una tensión permanente entre dos principios fundamentales: por un lado, el mérito, entendido como la selección de personas con competencias técnicas, experiencia comprobada y formación adecuada para desempeñar sus funciones con eficacia; y por el otro, la lealtad, asociada a la necesidad de los gobernantes de rodearse de personas de su confianza ideológica o personal para garantizar cohesión, control y ejecución política.
Si bien ambos criterios pueden coexistir en ciertas circunstancias, en la práctica se suele imponer uno sobre el otro, con consecuencias directas en la calidad del gobierno y en la percepción pública sobre la legitimidad de los nombramientos. En este sentido, vale la pena analizar dos casos recientes que han generado amplia polémica en México.
El reciente nombramiento de Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha generado una fuerte polémica. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión señalando: “Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y creo que va a desempeñar un buen papel en la Organización Mundial de la Salud”. Sin embargo, no profundizó en los criterios específicos que motivaron su designación. Frente a las críticas, la presidenta ha atribuido los cuestionamientos a motivaciones políticas.
Desde una lógica institucional, este nombramiento resulta difícil de justificar bajo criterios de mérito. La gestión de López-Gatell durante la pandemia de COVID-19 fue severamente criticada por múltiples sectores sociales y médicos: desde la negativa inicial para recomendar el uso generalizado del cubrebocas, la falta de aplicación masiva de pruebas rápidas, la centralización opaca de la estrategia de vacunación, hasta su retórica polarizadora, como cuando llamó “golpeadores” a los padres de niños con cáncer que protestaban por el desabasto de medicamentos.
A pesar de que Sheinbaum defendió el nombramiento señalando su formación académica (es egresado de Johns Hopkins), lo cierto es que la percepción social de su desempeño es negativa. Informes independientes estiman que el número real de fallecimientos por la pandemia superó los 800 mil, muy por encima de las cifras oficiales que hablan de 300 mil muertes.
En este contexto, el nombramiento de López-Gatell no parece responder a una evaluación técnica o a un reconocimiento por resultados, sino más bien a un acto de lealtad política. Se premia a un aliado, se protege a una figura del obradorismo, aunque su desempeño haya sido profundamente cuestionado.
El segundo caso ilustra otra faceta del problema: el uso patrimonialista de los recursos públicos. Se trata de la comunicadora Eli Castro, quien recientemente fue exhibida por ocupar una plaza como asesora técnica en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en Jalisco, con un salario de más de 73 mil pesos mensuales. La polémica surgió a partir de una transmisión en vivo, en la que un ciudadano cuestionó sus capacidades técnicas para desempeñar el cargo.
En lugar de presentar credenciales técnicas, Castro se limitó a presumir su trayectoria en el gobierno, señalando que ha trabajado con diversas administraciones y que ha ocupado cargos en cada una de ellas, incluyendo el Consejo Estatal de Trasplantes, las Fiestas de Octubre y la entonces Secretaría de Vialidad. Concluyó su intervención afirmando con orgullo: “por eso estoy donde estoy”. En la misma transmisión, reconoció que estaba comisionada y no realizaba funciones técnicas, lo que agravó la controversia. El SIAPA, en respuesta, emitió un comunicado para deslindarse, afirmando que el contrato era temporal y que no se renovaría. El propio director del organismo señaló que las tareas de comunicación que Castro debía realizar ya las ejecutaba él mismo.
Este caso no solo revela una designación sin méritos técnicos, sino además una falta total de control institucional: la autoridad estatal no tenía conocimiento del nombramiento, y las explicaciones posteriores resultaron insatisfactorias. En un contexto de crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con colonias que enfrentan desabasto, agua sucia y aumentos en las tarifas, el caso profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades responsables del servicio.
Ambos casos ejemplifican la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y el debilitamiento del principio del mérito como criterio de selección. En el caso de López-Gatell, se premia a un funcionario sin rendición de cuentas por decisiones que costaron miles de vidas. En el caso de Eli Castro, se revela un uso discrecional de la nómina pública como si fuera propiedad privada del funcionario en turno.
Lo más preocupante es que, en ambos casos, el daño no se limita al escándalo mediático, sino que impacta directamente en la calidad de los bienes públicos: la salud y el acceso al agua, derechos fundamentales que hoy están en entredicho.
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