OPINIÓN
Dos gobiernos, dos excusas
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
Jalisco y el país se encuentran en una grave crisis de inseguridad y violencia, pareciera que son cuerdas paralelas, mundos distintos o simplemente la delincuencia organizada y el estado de derecho no viven en la misma realidad, para uno no existe el otro y viceversa, mientras existe una sociedad que indudablemente es la víctima de estos dos elementos en los que el control, la ambición y el poder desmedido es el objetivo que se pretende alcanzar.
En Jalisco el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, rindió su primer informe de actividades en el que indicó tajantemente que vamos bien por el camino de la refundación del Estado y se auto honró con la premisa de que ”falta mucho por hacer, pero sí existen logros en estos 11 meses de gobierno” en un entorno de semanas sumamente violentas, como si fuera una etapa profunda de negación a la autocrítica y a la situación, omite el tema de la inseguridad que vive el Estado y evade de manera exponencial la cuestión respecto al evidente descuido que originó la crisis de brote epidemiológico del dengue en el Estado, emitiendo sólo una crítica a la Secretaría de Salud Federal por temas de presupuesto.
En este sentido dentro del marco del primer informe de gobierno estatal y con la teoría de nuestro poder ejecutivo al afirmar no buscar los aplausos fáciles, lo cual resulta bastante obvio debido a que Jalisco no puede aplaudir entre cientos de desaparecidos, muertes violentas todos los días, inseguridad en las calles, extorsiones de todo tipo, secuestros y asaltos, pareciera que el discurso del poder ejecutivo es de psicología invertida para masas, donde el ciudadano acostumbre su reacción al rechazo y a la impotencia de aquellos que critiquen la falta de resultados, evitando la lógica de las obligaciones de gobierno.
Sin embargo, creando una crítica general nos pasa lo mismo a nivel federal, la inseguridad es el gran enemigo de estos nuevos gobiernos con ideales políticos de izquierda populista, mismos que llegaron después del hartazgo de la sociedad a la realidad alterna que vivan y mostraban los tradicionales partidos políticos, los cuales durante décadas tuvieron en sus manos los gobiernos en el país, en este contexto habrá que abrir los ojos para analizar el peso que tiene el crimen organizado y la inseguridad en el país, se entendiera que ostentan un poder ilimitado sobre los gobiernos ya que estos en conferencias matutinas e informes gubernamentales, mantienen una postura ilusa sobre la existencia de un estado de derecho en el país y en Jalisco, cuando las circunstancias son abrumadoras y lastimosas, imposibles de guardar bajo la alfombra.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido duramente reprochado por las situaciones de inseguridad como la sucedida en Sinaloa con la fallida captura de un narcotraficante y con la matanza a los miembros de la familia LeBarón en México, en ambas existe una evidente y cruel negación del escenario violento que vive todo el país, nos mostró que su forma de percibir la realidad de lo que es la gobernanza en el país es tomada a la ligera de manera paternalista, sin eje rector de políticas públicas en materia de seguridad y con la conclusión de la excusa, siempre en materia de responsabilidad de nuestro gobierno federal el pretexto es el eje rector de los sucesos que pueden afectarle “Protegemos la vida” y “los confundieron” son simplemente las formas escuetas de evadir responsabilidades.
En conclusión, es evidentemente terrífico vivir y habitar con gobiernos que ven logros en todo menos en garantizar la vida y la seguridad de una sociedad, mostrándose evasivos y hasta rebasados por el crimen y la violencia, creyendo que las obras públicas o el incentivo económico en programas sociales y las reprimendas a la propia ciudadanía, podrán evitar ver nuestro entorno; hasta culpables nos debemos sentir, como sucede con el poder ejecutivo del Estado de Jalisco que ante la crítica o el señalamiento invariablemente emite una reprimenda a la sociedad por no participar ni entender que la responsabilidad es de todos, lo que resulta de una discursiva agresiva y más aplicada a la corrección de un líder de altísimo valor y poder absoluto, lo que no se puede encuadrar en este siglo XXI.
Son gobiernos ambos que comparten la ideología política de la corresponsabilidad con sus gobernados, debido al hecho claro de vender un discurso electorero de participación ciudadana y gobierno como una generalización, la premisa en la que fundamentan sus fallas es muy clara, elegimos a quien era como nosotros a uno de los nuestros, en ese sentido nuestra psicología social apunta a excusarnos y darnos mil oportunidades más, porque somos corresponsables de los gobiernos que elegimos para vivir mejor y salir de las simulaciones, la corrupción y la impunidad, por lo que nos muestran un espejo para disminuir la enérgica desaprobación que la violencia, la inseguridad y el crimen organizado, debería causar en una sociedad realista, objetiva y democrática.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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