OPINIÓN
Duros jaloneos
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Ahora sí que “sálvese el que pueda” en los estirones de fuerzas que se están iniciando entre dirigentes y militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), para lograr el control de candidatos y simpatizantes en las no tan lejanas elecciones intermedias del año 2021.
El partido en el poder PMC, apoyado e infiltrado por panistas en el pasado proceso electoral de 2018, tiene en puestos claves a políticos del albiazul que han logrado acrecentar su poder dentro de las administraciones de municipios y del propio gobierno del estado.
Los panistas se metieron como la humedad y ahora ya están reclamando su experiencia y poderío que creen tener, mientras que los militantes de Movimiento Ciudadano se sientes desplazados y hasta olvidados de su máximo guía y gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
Los jaloneos ya se están notando y las inconformidades también se notan constantemente, así la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón García, llamada por sus amigos como la Nena Limón, se ha revelado abiertamente a las imposiciones que pretende hacer en su jurisdicción el gobernador o miembros de su gabinete.
La valiente alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, se ha opuesto tajantemente, entre otras cosas a que la obliguen a incorporar su policía municipal al experimento llamado Policía Metropolitana, que sigue dando palos de ciego en su ejecución y ahora se volvió a posponer la operación de ese cacareado cuerpo de seguridad.
En varias esferas del Poder Ejecutivo estatal se han notado serios distanciamientos y discusiones en programas por realizar, como si fueran “ocurrencias” de algunas las que se quieren implementar, quizás varias de ellas si lo sean y siguen experimentando en cómo gobernar.
Uno de los ejemplos notorios es la operación y vigilancia de la vialidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, que desde el inicio de la actual administración de Enrique Alfaro Ramírez, está a cargo del Secretario de Seguridad Pública quien parece no conocer nada del tema vial.
Así impunemente circulan a altas velocidades motociclistas por la avenida Washington, sobre todo los fines de semana y ninguna autoridad pone orden a las desenfrenadas carreras que protagonizan por las noches y madrugadas de viernes y sábado, por desgracia hasta que ocurra en fuerte accidente se pondrá vigilancia.
Los agentes viales, ya sean “toritas” o los otros uniformados no se ven por ninguna parte de la ciudad y la metrópoli se ha convertido en una “ciudad sin ley” y cada quien hace lo que le pega en gana, como los que tripulan ambulancias del servicio privado para traslado de enfermos.
Como la autorización de dichas ambulancias lo señala es para “traslado” no para circular a toda velocidad y funcionando la sirenas, que a últimas fechas varias de esas unidades cuentan con dos sirenas, una de las llamas electrónicas y otra de las antiguas de aire, que sumadas emiten un mayor ruido.
Tal parece que los choferes de esas unidades lo que quieren a toda costa es llamar la atención y poco les importa poner en riesgo a los ocupantes y tripulantes de los otros vehículos porque el escuchar dos sirenas de emergencia advierte que son dos vehículos de que solicitan prelación de paso y sin embargo es solamente uno con los dos aditamentos.
Esta anomalía también es de poca importancia para el responsable de la vialidad, o al menos eso parece porque nadie de sus elementos molesta a los arbitrarios choferes de ambulancias privadas que por cierto han proliferado sus bases en la colonia Moderna.
¡VIVA MÉXICO!
Qué bonito debe ser tener tanto poder y lograrse salir con lo que le quiere, eso debe estar sintiendo el señor Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien con solo anunciar sus gustos y preferencias se le deben de conceder aunque se entiende que tenemos en México tres poderes de gobierno, bueno eso se dice y poco se ejerce.
Ahora el primer mandatario criticó y descalificó tajantemente que el poder judicial federal emitiera amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, cuya obra se va a hacer porque se va a hacer, ya lo dijo el responsable del poder ejecutivo federal.
A AMLO no le gusta que lo contradigan y menos que se le atraviesen en sus decisiones, como si fuera infalible y menos le gusta escuchar opiniones, mejor descalifica a sus oponentes y los ridiculiza.
El Señor Presidente prefiere seguir pagando miles de millones de pesos por la clausura de obras del que sería el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, aunque no hayan sido escuchados ni vencidos en juicio los afectados por esa determinación que el mismo AMLO tomó por la “consulta” que hizo antes de asumir el cargo oficial de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
En pocos días nos daremos cuenta de la ofensiva que tomará AMLO, contra quienes solicitaron el amparo de la justicia federal que por ahora les concedió la suspensión contra la arbitraria obra de donde por muchos años ha operado la base militar número uno.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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