OPINIÓN
Educar en la infancia para el emprendimiento
Educación, por Isabel Venegas //
El Centro de Desarrollo para la Competitividad Empresarial dice que 8 de cada 10 pequeñas y medianas empresas en México, fracasan durante sus dos primeros años de vida.
El pasado domingo escuchaba en las noticias radiofónicas de red nacional, los resultados de la encuesta más reciente que presentaba la empresa Demotecnia cuyo análisis fue titulado “Clase Media Mexicana”. Se trata de un estudio de percepción en donde a través de una muestra aleatoria a 500 individuos, indaga sobre sus ingresos, capacidad de ahorro, frecuencia para vacacionar, así como las áreas en las que creen que el gobierno debería poner atención de manera prioritaria. Ciertamente hacer un análisis al respecto es muy valioso, porque el hecho de que la mayoría pueda situarse dentro de esta categoría debería ser un buen indicador de estabilidad y equilibrio económico, es decir, una población en la que la mayoría no es dramáticamente pobre, ni tampoco vive en la utopía de ser todos deliciosamente ricos, es más bien la descripción de un sector que, con base en el esfuerzo dentro del contexto familiar ha logrado escalar para tener una estabilidad que le permite cubrir las necesidades básicas, junto con un margen de gozo más o menos sano.
Cabe recalcar que el estudio que presenta Rodrigo Galván de las Heras hace referencia a la percepción, con lo cual la mayoría de las personas establece la definición a través de sus referentes más cercanos, es decir, la mayoría asume una posición social a partir de un comparativo con lo que las generaciones pasadas lograron conseguir económica y académicamente hablando, y es que para situarse dentro de una escala de valores, los referentes contemporáneos son la competencia a vencer, mientras que los antecesores son un parámetro más natural.
Es fácil deducir por la oferta académica de nuestro país a nivel bachiller y universitario, que la mayoría tendrá referentes de un padre o un abuelo cuyo máximo grado escolar fue de educación básica y una carrera técnica o comercial; aunque en ese sentido la evaluación rigurosa del comparativo deja entrever que mientras hay una superación en el nivel de títulos y certificaciones de las nuevas generaciones, temerosamente también se alcanza a observar uno que otro ejemplo de la diferencia generacional, como que nuestros abuelos contando con menor trayectoria escolar, tenían una mejor caligrafía y ortografía, conocimientos de historia o capacidad para el cálculo mental que cualquiera de los egresado de maestría en la actualidad; entre otras muchas diferencias que ponen en evidencia la fragilidad entre el vínculo del desarrollo empresarial y el académico.
Continuando con los resultados del estudio de Demotecnica, el 84% de los encuestados dijo haber estudiado en escuelas públicas, además de que la mayoría cree que el ingreso para ser considerado dentro de la categoría de clase media debe rondar entre los 15,000 y los 36,000 pesos mensuales, mismos que según la mayoría, dan para tener un modo de vida más o menos cómodo pero que hablan también de un estatus frágil que suele tener poco ahorro, no cuenta con pólizas de seguro, ni contempla mecanismos que soporten los avatares que puede presentar la economía global.
En ese contexto complejo se ubica una de las etapas nacionales más significativas de los últimos tiempos, donde una de las principales banderas que el gobierno federal planteó desde sus actos de campaña, era la de regresar al punto en el que los esquemas de capitalización fueron encaminados hacia políticas que parecían ser la causa de los males que hasta ahora se habían identificado: injusticia, corrupción, desigualdad, etc., así que los votantes que apoyaron la nueva directriz de gobierno emitieron su voto esperando que ese cambio fuera un punto de quiebre real y positivo, incluso aunque la mayoría estuviera consciente de los grandes costos que se deberían pagar.
Regresar específicamente a ese punto de inflexión, era prácticamente volver a los años ochenta para que a partir de ahí, en lugar de haber dado el giro hacia la derecha, se moviera el volante hacia la izquierda; sin embargo la analogía podría hacernos pensar en un automóvil sobre la carretera, es decir, algo estático que cuando toma movimiento permite el control total de la dirección, eso forma parte de un imaginario que parece favorecer los impactos de campaña, pero que no da para el momento de ser gobierno, en donde la situación se asemeja más a estar parado dentro del mar en la zona donde rompen las olas, ahí donde quieres avanzar hacia adelante y la fuerza te jala hacia atrás, otras te pegan de lado y en segundos algo te lleva a la dirección contraria. La economía actual mexicana se enfrenta a repercusiones en el ámbito global, a catástrofes naturales que implican costos, tratados de comercio, eventos migratorios, niveles de inversión extranjera, las implicaciones de salud mental y física, e incluso a organizaciones delictivas locales e internaciones, entre otros muchos elementos que juegan a veces a favor y otras en contra.
Todo ese mar de situaciones hace que nuestro país tenga una fragilidad económica a la que debe sobreponerse su ciudadanía, reclamando con mayor urgencia una cultura de innovación y emprendimiento para el que nuestras generaciones no fueron preparadas. ¿Cómo podrían nuestros niños estar listos para una vida económica, productiva y exitosa, ante escenarios tan complejos? En algunas escuelas privadas se tienen algunas estrategias concretas, pero para la escuela pública el tema todavía dista de ser abordado con la urgencia que requiere, donde sabemos que una clave está en el diseño del plan de estudios que contemple una formación innovadora, basada en la creatividad y en una reingeniería que vaya mucho más allá de pensar en contenidos o estrategias didácticas nada más.
Es en ese sentido que pasan dos cosas: Una es que la literatura al respecto es poca, porque precisamente para nuestras generaciones de docentes resulta muy complicado plantearse un cambio paradigmático que contemple esta perspectiva, y es que podemos apuntar que, mientras el concepto de actualización en la formación docente ha sido vinculante a una actividad de capacitación, éste aleja del aprendizaje permanente que debería ser inherente a todo ser humano de modo que, en nuestro país los docentes de educación básica terminan haciendo poca investigación y reflexión sobre sus propios procesos cotidianos o la intencionalidad de su labor.
La definición de -emprender- desde la Real Academia de la Lengua Española, dice “acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”. Emprender entonces va más allá de monetizar el proyecto, se trata de iniciar el camino para llegar al puerto que quedó trazado desde un ejercicio de planeación bien dibujado, es decir, es aprender a dialogar sobre la innovación, la creatividad, las propuestas diferentes, pero que una vez habiendo sido evaluadas por un grupo de trabajo que colabora y aporta talentos diferentes para enriquecerle, debe apegarse al mapa para que la trayectoria no pierda rumbo, se evalúen bien los posibles escenarios, y se cuente con la mayor cantidad de herramientas que permitan conseguir el éxito esperado, sin perder de vista el peligro de caer en la conceptualización de la cultura del emprendurismo con una reducción al ámbito económico y materialista, e incluso su vinculación con conceptos como el de capitalismo voraz, injusticia, abuso, explotación de recursos desmedidos, por mencionar algunos. Este viaje entre la incertidumbre y la objetividad, son un claro ejemplo de la necesidad que tienen nuestras escuelas de evolucionar en los paradigmas que hasta hoy sigue manejando.
En las escuelas el trabajo bien planeado, basado en proyectos, incluso con esquemas de dualidad (un tiempo dentro de los planteles y otro dentro de los contextos de trabajo real), son propuestas probadas de éxito que se deben fortalecer, cuidando siempre llevar de la mano a los niños para que no pierdan el rumbo de la ética, la empatía, la solidaridad y la generosidad, con lo cual la escuela mexicana estaría egresando a futuros empresarios que no necesariamente estén peleados con la idea de ser “empleados”, sino que sean siempre quienes hagan propuestas de mejora para el espacio en donde se encuentren, pensando en el bien común como la mejor vía para el bien individual.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
Agosto, 2019
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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Cheli
5 de agosto de 2019 at 12:23
????La estancia de los niños y jóvenes en la escuela es larga, por lo que inculcar valores es esencial.