OPINIÓN
El asistencialismo de Jóvenes Construyendo el Futuro
Metástasis, por Flavio Mendoza //
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el incremento al recurso que entrega a becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, tras entregar la constancia de capacitaron que lleva su firma y servirá como carta de recomendación a quienes concluyeron en esta etapa, que dicho sea de paso, estos jóvenes no pueden volver a ingresar al programa, aspiran a quedarse contratados con la empresa o institución en la que prestaron el servicio o con otra.
El programa benefició a 900 mil jóvenes en este 2019, con datos oficiales aunque no comprobables sobre el número de solicitudes, las vacantes y el comportamiento de los inscritos, altas y bajas, porque hay un porcentaje de jóvenes que se inscribieron y no acudieron al trabajo desde inicio, quienes una vez en el trabajo desertaron, los que después del atraso de la beca también decidieron salir y que incluso las reglas de operación aplicaba como sanción el no permitirles reincorporarse al programa.
Cada joven de los ‘denominados ninis’, recibió una percepción durante 2019 de 3 mil 600 pesos, monto al que por considerarse beca no le se grava ningún impuesto, por lo que al año cada nini recibió 43 mil 200 pesos, además de recibir servicios médicos sin aportar un solo peso para ellos, ni por parte del patrón-gobierno, ni por parte de cada joven, esto en contraste, por ejemplo, con los maestros que trabajan en el programa de Escuelas de Tiempo Completo, a quienes se les pagan en el esquema de compensación irregularmente hasta 4 mil 151 pesos menos el impuesto ISR y de acuerdo a los días laborados, pero esta cantidad sólo la reciben completa por 7 meses, los meses de diciembre, enero, abril, julio y agosto reciben cantidades desde los 680 pesos hasta 2 mil pesos al mes, además por este sueldo no reciben ninguna prestación adicional, ni siquiera servicios médicos para el caso de quienes no están en el sistema con una plaza de base. Lo docentes de tiempo completo recibieron en el año 2019 un poco más de los 30 mil pesos como ingreso anual ya libres de impuestos.
El presidente anunció un incremento para la beca de los Jóvenes Construyendo el Futuro que pasaría de los 3 mil 600 pesos a 3 mil 748 pesos, dijo que estaría considerándose lo del salario mínimo, el porcentaje del incremento es de 4.12%, menor al incremento por ejemplo en el año 2019 directo al salario de los maestros en el país e inferior al incremento de otros gremios trabajadores al servicio del Estado. Una política sin duda que no resuelve el problema de desigualdad, además de no resolver el problema de desempleo, los porcentajes de jóvenes que se quedarán en las empresas en las que prestaron sus servicios a través de dicho programa será muy bajo, pero además, la tasa de desempleo en el país sigue en aumento.
De la evaluación del programa se tendrán que presentar el porcentaje de eficiencia terminal y dominio de la materia de trabajo por parte de los becarios, además el porcentaje de ocupación de éstos formalmente en esas empresas u otras a partir de los próximos meses, incluso antes de haber pensado en incrementar el número de beneficiarios para una segunda etapa, pues quienes se incorporaron al servicio en instituciones públicas, incluyendo ayuntamientos, difícilmente podrán ser contratados formalmente, quizá lo mismo pase con las micro empresas que no tienen solvencia para formalizar nómina y que sólo servirán para ocupar a los jóvenes a través de recursos públicos mientras dure el programa y con el beneficio de dicha empresa.
El Presidente amenazó con dejar establecido en la constitución, como base de la transformación, la obligatoriedad de los programas del bienestar como éste, pero más allá de pensar en la bondad del Presidente, deberíamos estar pensando en la condena que se haría al país para no superar la miseria sino mitigarla a partir de políticas asistenciales de dispendio de recursos que no incorporan a la sociedad en la productividad y desarrollo del país, la efectividad del programa apunta a un rotundo fracaso, mientras en guerrero las comunidades sacan a los niños de las escuelas para entrenarlos en las armas ilegalmente como última alternativa de defensa de su patrimonio y ante la ausencia total de proyectos que les garanticen el bienestar y desarrollo integral.
@FlavioMendozaMx
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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