OPINIÓN
El caos del virus
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Sigue el Presidente de la República causando un daño irreparable al país, y con una actitud inexplicablemente irresponsable ha tomado el tema de la pandemia provocada por el Coronavirus SARS COVID-19, más por temas de ideología, en forma contraria a lo que se hace en el resto del mundo.
Nuestros funcionarios no aprenden de la experiencia internacional y cometen el mismo error que España o Italia, país que ya reporta mas muertes que China por el virus, Estados Unidos está a punto de declarar una cuarentena nacional. Es terrible que el que debe poner el ejemplo, sigue realizando giras, provocando reuniones multitudinarias donde, sin cuidado alguno, sigue repartiendo saludos, abrazos y besos, ignorando las recomendaciones del propio sector salud, ¿cuántos contagios se provocan en cada uno de estos eventos?, la historia lo juzgará.
El encargado de combatir el virus, un médico que prefiere quedar bien con su jefe politizando la crisis, de la mano de un presidente incapaz de implementar medidas extremas para cuidar a la ciudadanía que dijo tanto querer durante su interminable campaña política, ahora que vemos a los líderes de otras naciones dando ánimos a sus gobernados y dando consejos de cómo sortear la epidemia, nuestro presidente se burla de la enfermedad y de los mexicanos, él sigue peleando con “Los Conservadores” y hace chistes mezclando a sus adversarios, por cierto de mal gusto, como el de la PAN-demia.
El colmo fue, en su show de stand up “La Mañanera”, donde sacó de su cartera amuletos, como un trébol, figuras religiosas, reiterando que él tenía aquí el “detente”, dando a entender a la población que él es inmune al virus por portar esos amuletos y estampitas del Sagrado Corazón, situación que ha hecho que en el extranjero se burlen de nosotros. Días antes su subsecretario, del que estoy seguro tiene sus días contados ya que la ciudadanía dejó de creer en él desde que salió con su frase, más de campaña que de encargado de encabezar las políticas y procedimientos sanitarios para combatir la epidemia, el presidente “no puede ser fuente de contagio porque su fuerza es moral”, sólo le faltó decir que si se contagiara, cosa que él desea, resucitará el tercer día.
La ONU advierte que de no frenarse la propagación del virus habrá millones de muertos, sin embargo el gobierno federal pospone irresponsablemente adoptar las medidas necesarias, y cuando son urgentes y necesarias las pruebas para detectar a los infectados, limitan con excusas burocráticas a que las efectúe cualquier laboratorio que cuente con los reactivos necesarios.
Bien lo dijo alguien, “no se puede combatir un incendio con los ojos vendados”, urge que se liberen a nivel nacional las necesarias pruebas, inclusive Corea del Sur ha desarrollado un kit de diagnóstico inmediato el cual da el resultado en 10 minutos, ¿por qué no mandar al secretario ese, el que mandaron a comprar las pipas para gasolina que nadie vio, a comprar estas pruebas?
Los resultados de las pruebas urgen ya que es necesario aislar a los que resulten positivos. El aislamiento es bueno, pero si estoy contagiado debo saberlo y el sector salud no me da la opción.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y su equipo tomo una muy adecuada decisión, sin declarar un toque de queda, recomendó a toda la población, en base a evidencia científica avalada por la Universidad de Guadalajara, que permanezcamos en nuestras casas hasta el próximo martes y ese día evaluemos qué hacer, pero además anunció que en Jalisco no se limitarán las pruebas del contagio, ni se limitará a uno o dos laboratorios privados, cerraron anticipadamente las escuelas e instalaron filtros sanitarios en puertos y aeródromos. Conocen a que se enfrentan y por ello incluso están rehabilitando en forma especial el Hospital de Zoquipan precisamente destinado a la atención de estos casos. Estos anuncios generaron gran molestia entre los integrantes de la “CuatroTé” y sus leales corifeos y han atacado furiosamente a nuestro gobernador, pero qué creen, los jaliscienses lo apoyamos y confiamos en su sano juicio. Esos que viven en nuestro Estado, y que atacan al gobernador y defienden al presidente, ¿sí están tan seguros del error, porqué no se reúnen en publico, masivamente a demostrarnos lo equivocado que estamos?, defienden como si a cambio les dieran trabajo, pero critican desde su aislamiento. ¿Cómo es eso? Todos entendemos que la mejor forma de combatir el virus, menos el presidente, es el aislamiento social.
El gobierno federal no tarda en recomendar el aislamiento social, espero no sea demasiado tarde. Lo que no entiendo es el motivo por el que evitan que opere el único ente constitucionalmente facultado, que es, el Consejo de Salubridad General. Simplemente sesionaron, creo yo por el tema de los Juicios de Amparo que les interpusieron, y declararon el tema como “enfermedad grave de atención priporitaria” sin que, a la fecha, la Secretaría de Salud haya decretado las medidas correspondientes a la “acción extraordinaria de salubridad general” en los estrictos términos del art. 181 de la Ley General de Salud, que establece que “181.- En caso de epidemia de carácter (sic) grave peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República.” El Secretarío incurre en grave responsabilidad por omisión.
La economia del país la tienen por factores internos y externos hecha un desastre, caerán las remesas, bajó el petroleo, se devaluó el peso, crecimiento esperado -4.5%, el sistema de salud colapsado, y no tiene margen de maniobra, Manuel Andrés tenía un proyecto de nación construido sobre arena y se le viene abajo, si no corrige pasará a la historia como el hombre que jamás pudo ser presidente a pesar de haber ganado la elección.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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