OPINIÓN
El costo de ser oposición
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
Dos situaciones delicadas eclipsan Jalisco en este 2020, el escenario en materia de salud en el país y el Estado, debido a la desaparición del seguro popular y la llegada del recién creado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con el objetivo de centralizar los servicios de salud para los ciudadanos en el país que no cuentan con IMSS o seguros médicos privados; la otra es que nuestro Estado sigue siendo territorio inseguro y violento aunque lo sabemos quienes lo habitamos, es más importante para el gobierno del Estado a cargo de Enrique Alfaro Ramírez, busque salvar el honor mediante la negación de las cifras de desaparecidos y llevar ambas realidades a la confrontación, como siempre a la justificación del ataque político y no a la realidad de gobernar sin partidos y para la sociedad como tanto lo predicó.
El sistema de salud pública en el país, como toda institución gubernamental ha estado rodeada de corrupción, desabasto y falta de humanidad, quizás la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de centralizar y unificar los servicios de salud en México con la desaparición del seguro popular no sea una mala estrategia, el problema es su forma de realizar los proyectos gubernamentales sin estudios, transición y valoración, ni el tiempo apropiado para una transformación que como cualquier política pública en etapa de aplicación, debe tener ajustes y reajustes durante el proceso inicial, para que esta pueda ser aplicada cumpliendo su objetivo y finalidad, siempre en beneficio de toda la sociedad y no de la política o los presupuestos gubernamentales.
En este sentido lo que se avecina es la caída del sistema de salud en el país, para los que menos tienen las posibilidades económicas y sufren la constante indiferencia de las autoridades, entre guerras políticas de los estados que no son morenistas y que por obvias realidades deberán oponerse a lo realizado por el gobierno federal, mientras miles de personas enfrenta angustia e incertidumbre en materia de servicios médicos de primer y segundo nivel, otras tantas se verán seriamente afectadas en sus diagnósticos y tratamientos que realizaban mediante el seguro popular, por asuntos de oposición política y mala planeación de estrategias gubernamentales.
Sin embargo, tenemos un gobierno estatal y federal que buscan naturalmente crear sus políticas para dejar empedrado el camino a sus posibles predecesores, ya que están instaurando sus propios círculos de poderío político que llegan a los gobiernos para intentar la durabilidad de sus grupos y mantener los gobiernos de su color; no tenemos en México gobiernos y políticos sanos preocupados por la población y la completa satisfacción de generar un buen gobierno, tenemos quienes están en el poder como siempre endulzándonos el oído o bien tratándonos de hacer sentir seguridad a gritos, cuando el resultado es el imperio político y económico que están fundando, cuyo único fin es el poder.
La situación que vive el país en materia gubernamental, deberá ser analizada a profundidad por cada ciudadano sin la pasión política que nos ha hecho engrandecer enérgicos imperios políticos que han llenado el país de corrupción e impunidad; ¿han llegado realmente los buenos? entregados y serviles a la sociedad o tenemos a aquellos que en un golpe de hartazgo, les dio como juego de azar la oportunidad de ser gobierno y cumplir con deberes constitucionales, sociales y gubernamentales. ¿Tenemos Gobiernos, realmente distintos?
Jalisco al parecer seguirá enfrentado graves problemas de inseguridad, violencia y desapariciones negadas y refutadas bajo la duda de las estadísticas, más un grave panorama de servicios básicos de salud al no aceptar firmar acuerdo para INSABI por argumentos políticos de oposición o de recortes de presupuestales, sin ofrecer alguna solución a lo que pronto será una crisis de salud, dentro de un enfoque social o bien una estrategia estatal que genere certidumbre a aquellos que tenían como servicio de salud al seguro popular.
Habrá entonces que evaluar a conciencia, sí queremos un Jalisco fuera de todo escenario federal por ser oposición, sin presupuesto federal solo existe para usarlo de pretexto para no lograr objetivos gubernamentales como la mejor justificación; la transición de estos nuevos gobiernos no nos tienen en mejor situación social, su afán por cambiar estructuras e instituciones creadas por gobiernos del PRI y el PAN los mantienen en etapas de prueba y error, repletos de formas de justificarse sin responsabilidad, mientras nosotros seguimos esperando altas condiciones en políticas públicas efectivas, desarrollo, economía y un país libre de corrupción, impunidad o grupos de poder ¿Vamos a lo mismo?.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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