OPINIÓN
El gran poder de gobernar
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Bien ha dicho el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de que en su gobierno ya no será igual a los otros gobiernos de la república, con él se ha estado notando que lo que ordena se debe de obedecer aunque no lo apoye la mayoría de ciudadanos y políticos.
El Primer Mandatario hace un año ordenó y logró que se suspendiera la obra de construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, sin importarle los miles de millones de pesos que se tiraron a la basura y lo peor que ni siquiera a uno solo de los presuntos responsables que se enriquecían con la criticada obra fue llamado a rendir cuentas, al contrario alguno de ellos los premió en la nueva obra del aeropuerto de Santa Lucía.
El Presidente hace lo que quiere en el gobierno que fue electo, igual organiza consultas abiertas a mano alzada, sin ninguna validez ni metodología correcta, que gira instrucciones a sus “militantes” que tiene asentados en el poder legislativo federal.
Como es de suponerse no reconoce que él avaló la postulación de la psicóloga Rosario Piedra Ibarra, para que lograra la presidecia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con todo y que su elección se hizo con mucho desaseo en el Senado de la República, ya que los miembros afines se disciplinaron y a toda costa impusieron a la hija de la verdadera luchadora social.
Los senadores inconformes gritaron y patalearon que no se cumplía con la elección de Piedra Ibarra, pero eso no ha sido suficiente para lograr que por lo menos se apenaran los “disciplinados con su jefe” y compañeros de cámara.
También el público y notorio cambio de apreciación de Olga Sánchez Cordero, actual Secretaria de Gobernación, al disertar acerca del capricho y voracidad del ya gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien presuntamente debe tener constante apoyo del Presidente de la República.
Es tan clara la protección a Jaime Bonilla Valdez, que hace unos días el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas, declaró inconstitucionalidad en la petición que hizo el Instituto Nacional Electoral por el presunto “trinquete” que hicieron los anteriores diputados locales de Baja California para cambiar a beneficio personal el período de dos a cinco años como gobernador del primero. Otro abuso y tomada de pelo a la mayoría de los ciudadanos.
Por cierto, el fin de semana que acaba de terminar Andrés Manuel López Obrador, también ya aprovechó girar instrucciones para que pobladores de Yucatán y otros estados organicen sus famosas “consultas abiertas”, a mano alzada para que digan, unos cuantos, si se continúa con otra de sus propuestas, casi obligatoria que fue del llamado “Tren Maya”.
Total apenas lleva 11 meses de gobierno federal de los 72 que constitucionalmente le corresponden a AMLO, siempre y cuando no llegue a ser convencido para que se reelija en el cargo, como algunos políticos lo han señalado.
Mientras el Señor Presidente continúa ejerciendo su poder de control en su gobierno, se ha notado el casi nulo interés que ha tenido en otros temas importantes, como el de seguridad pública, donde demuestra que le importa más “convencer” a los delincuentes para que abandonen esa ilícita actividad que combatirnos o por lo menos mandarlos a proceso, sea lo grave de la falta cometida.
Cómo es posible que haya enviado a quien parece ser el “bombero” de su gabinete, el canciller Marcelo Luis Ebrard Casaubón, para inspeccionar y enterarse del criminal ajusticiamiento de mujeres, niños y bebes, en el estado de Sonora, miembros de la religión Mormona y de la familia LeBarón.
Hasta donde se tiene conocimiento el malestar causado entre la población de Estados Unidos de Norteamérica y la de México también, ha provocado que se diga que están investigando para dar con los criminales y gracias a que el Señor Donald Trump, mostró su enojo, tuvo que iniciarse las indagatorias.
Cómo es posible que nuestro flamante Señor Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño, rindiera el “interesantísimo” estudio que dio como resultado que los criminales de la familia LeBarón, utilizaron cartuchos norteamericanos y de la marca Remington, que cualquiera que tuviera a la vista uno de los cartuchos percutidos puede apreciar la marca del producto utilizado para privar de la vida a tantos inocentes.
Hasta pareció tomada de pelo lo hizo el sobreprotegido funcionario federal de México.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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