OPINIÓN
¿En Jalisco de qué hablamos durante 2019?
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Es indiscutible, que el gobierno estatal ha sido el mayor generador de conversaciones y ha dominado la agenda de la comunicación, en una miscelánea temática mayormente polémica, muchas veces por factores exógenos y otras por sus propias iniciativas, lo cierto es que la dispersión de temas no ha favorecido que la discusión pública se concentre en la atención de los problemas de fondo que aquejan a la entidad.
Iniciamos el año con el más grave desabasto de gasolina del que se tenga memoria. Este fue el primer tópico trascendente, cuyos efectos en la economía y el desarrollo del estado fueron desplazados en importancia discursiva, por la confrontación surgida entre las administraciones federal y estatal alrededor de las soluciones. El carácter combativo y frontal del gobernador, y su relación poco tersa con la administración de López Obrador se dice, que ponen en riesgo la viabilidad del progreso del estado, pues tras el problema del desabasto siguieron las fricciones por los apoyos a la línea tres del tren ligero, la reducción de las participaciones federales y la cancelación o posposición de otros proyectos necesarios para la entidad, que no fueron considerados en el presupuesto federal.
Otros temas han ocupado la atención pública, como la presa El Zapotillo, la limpieza del Río Santiago, la epidemia del dengue, la falta de transparencia en el programa “A toda máquina”, el aumento a las tarifas del transporte público y la discusión de los grupos feministas por la eliminación del Instituto de las mujeres.
Mención aparte merece la intención expresada por Enrique Alfaro, por la refundación del estado, en razón de lo cual se entiende su iniciativa para reformar el Poder Judicial y la convocatoria a un Congreso Constituyente para una nueva Constitución, así como la modificación de la estructura administrativa mediante la cual desaparecieron 8 organismos descentralizados, se crearon cuatro coordinaciones y se separó la seguridad pública de las funciones de la Fiscalía del Estado que fue reorganizada.
El asunto de la seguridad es sin duda el que más preocupa a la población y en cual quedan más dudas que certidumbre. Se duda de la capacidad del estado para imponerse a la delincuencia y de su incapacidad para coordinar esfuerzos con la Guardia Nacional que no acaba de formarse ni ser una alternativa diferente.
La seguridad ha sido el tema de mayor permanencia en el discurso social y la causa principal de zozobra en la población. La creciente suma de desaparecidos y la insuficiencia de espacios para almacenar cadáveres, a fuerza de permanencia han dejado de ser nota y se convierten en parte del panorama estatal, el que la gente empieza a ver con alarmante normalidad.
La diversidad de temas que se han enunciado aquí, siguen presentes en la realidad estatal, algunos sin resolverse, persistentes y tercos, sin embargo, desplazados de la discusión pública ante la ominosa presencia de la inseguridad y la escasa capacidad del estado para brindar seguridad y tranquilidad.
En esta variedad temática lo que menos espacio ocupa es lo que atañe al desarrollo del Estado. Parece que la sociedad en su conjunto y los sectores productivos están conformes con un estado de cosas en el que no están mal pero no les preocupa discutir cómo pueden estar mejor. La relativa seguridad que brinda el ser el estado que mayor cantidad de remesas recibe, un 10 por ciento del total nacional, los releva de la necesidad de pensar cómo distribuir mejor los mil millones de pesos de inversión extranjera directa que captó la entidad durante el primer semestre de 2019 y que la zona metropolitana siga monopolizando el crecimiento en perjuicio de otras regiones del estado. El empresariado parece estar conforme con lo que hace la Coordinación del gabinete económico con la Ley de Reforma Regulatoria y el apoyo a emprendedores, pero falta mayor discusión sobre la política económica y de desarrollo del Estado, encontrar porque se encuentra en el octavo lugar en materia de exportación industrial, por debajo de entidades como Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato y ya no digamos el Estado de México.
Cierto es que el país y el mundo viven un momento de lento crecimiento económico, pero eso no exime al gobierno y a la sociedad, de buscar y encontrar opciones para crecer por encima del promedio nacional como lo han hecho Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y superarlos como había sido hasta finales del siglo XX.
Nadie puede culpar al gobierno por dedicarse a atender la problemática inmediata que la sociedad resiente, ni tampoco extrañarse porque ésta domine la comunicación y el discurso social; de lo que si se le puede culpar es de no ver más adelante que su horizonte sexenal y enfrascarse en imprimir un sello político personal, además de que en su afán de refundar al estado se esté perdiendo la capacidad de concertar y convocar a quienes pueden conjuntamente, relanzar a la entidad a un periodo de crecimiento basado en su propio potencial y no en las dadivas del gobierno federal.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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