OPINIÓN
Entre el castigo y la dispensa
Por Isabel Venegas //
Esta semana el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias “el Bronco”, cerró definitivamente la cárcel de “Topo Chico” en la ciudad de Monterrey; un reclusorio en el que durante varios lapsos hubo ingobernabilidad por parte del estado, con un devenir de disturbios y sublevaciones, los más crueles en la historia de nuestro país. Espacio donde la delincuencia, las drogas, la prostitución forzada, entre otros muchos aspectos dan cuenta de historias que no reflejan posibilidad alguna para ser considerado un centro de readaptación.
76 años llenos de vidas que lucharon por sobrevivir a un sistema que no pudo (o tal vez, no quiso) asumir el compromiso de salvaguardar sus derechos humanos y su integridad como personas; para algunos (políticamente poco correctos) este ya es de hecho un tema de controversia, puesto que más allá de negar la condición de personas de los presos, quieren ver ejercer una suerte de castigo que sea ejemplar de modo tal que el resto de la población entienda la lección, o que por lo menos quien cometió el delito, sufra al punto de arrepentirse profundamente.
Ya el mismo Bronco en su campaña electoral por la presidencia de la república pegaba con tubo en las encuestas al decir que le iba a cortar las manos a todo aquel que se encontrara robando o cometiendo algún delito. Ciertamente era una locura, era una política que tan solo desde el punto de vista del sector salud resultaba absolutamente inviable, ya no se diga desde el concepto constitucional; de hecho cuando se le cuestionó acerca del cómo se podría llevar a cabo semejante medida él hizo referencia a la idea de “escarmiento”, con dos o tres casos sería suficiente para que los demás aprendieran la lección y se redujera de manera impactante el número de delitos y la inseguridad.
Pero siempre hay costos que preferimos omitir cuando de crueldad se trata, un buen ejemplo es lo que no vimos durante casi 80 años de horror que vivieron los habitantes de la prisión de Topo Chico; por ejemplo, en el panel de hombres había un plafón que servía como pared falsa y que conectaba con el área de mujeres, de modo tal que cuando los líderes lo deseaban, pasaban para el lado femenino, tomaban a quien querían y le sometían a la trata de personas de la que no había forma de escapar.
Las condiciones eran feas, tristes, peligrosas, pero fuertes en orden e intención. Ahí, en ese tenebroso lugar, nacieron y crecieron bebés, fruto –la mayoría- de violaciones y vejaciones en todos los sentidos. Un penal que como muchos, tiene condiciones de contraste entre presos pobres y presos poderosos. Había quienes tenían que pagar por dormir en cama, por tener una cobija, o por gozar de protección, mientras que ahí mismo se alojaba alguien que poseía un jacuzzi, televisión por cable, internet y uno que otro lujillo, como el control del mercado interno de la droga que se distribuía entre los reos o los accesos a teléfonos para seguir manejando la empresa de la extorsión desde el penal.
Con varios siglos de tradición, seguimos queriendo enfrentar el miedo por la inseguridad a través de los mismos mecanismos de figuras icónicas como la de la cárcel.
Ahí es donde esperamos tener a todos los que hacen daño, a todos los que agreden y atacan, sin tener en cuenta que, debido a un proceso legal podrían salir en unos 4, 5 o 20 años y que ese lugar se pudo haber vuelto en la universidad para delinquir, o peor aún, el medio para arrancar toda la compasión, empatía y solidaridad humana, porque ante una sistematización de la violencia, el individuo termina por normalizarla y entenderla incluso como obligatoria.
Necesitamos reflexionar sobre la capacidad y el interés del Estado por reinsertar a la sociedad a los presos que han pagado su condena. Topo Chico con sus puertas abiertas, evidencia una construcción que está diseñada para que no sea confortable, para infringir sufrimiento, para castigar.
En los años 70 Michel Foucault hacía un análisis desde la perspectiva de la sociedad que pretende atender sus miedos a través del ejercicio del poder y del castigo; describe las razones de encerrar a los “locos” en los manicomios, a “los malos” en las cárceles, y a los “delincuentes en potencia” en las escuelas.
Ese análisis implica ver cómo las construcciones comparten la misma disposición de los espacios: edificios con torres en las que se puede tener una visión general para no perder el control, cuerpos de prefectura, tiempos delimitados para cada una de las acciones: alimentación, higiene, esparcimiento, lecciones, etc.
Foucault evidencia grandes deficiencias en la organización estructural de estas dependencias, y en gran medida gracias a sus aportaciones, grupos de defensa de los derechos humanos, así como colectivos de pedagogía y docencia elevaron su voz para exigir cambios en la disposición de los espacios, pero más aún, en la preservación de los integridad de las personas que están en cada una de las dependencias que se apegan a estas dinámicas.
Paradójicamente, hoy nos encontramos ante tres momentos y espacios de quiebre:
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En la escuela como parte de la cultura moderna, se comenzó a instaurar una dinámica mucho más comprensiva del niño, lo que para algunos se ha interpretado como la “no aplicación de la sanción”, es decir, existe el reglamento, se tienen definidas las normas, pero en la mayoría de los casos la regla no se aplica, ya sea porque los padres de familia se presenten a dialogar, se establecen compromisos de mejora, se tienen nuevas figuras como la del tutor de apoyo y seguimiento, etc.
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En las cárceles, la pobreza y la capacidad rebasada de las instancias judiciales para llevar a cabo investigaciones asertivas y efectivas, redunda en la doble injusticia, para las víctimas del delito, y para quienes son reos sin el debido proceso. Éstas suelen estar llenas de gente inocente, personas cuya capacidad económica las somete a un castigo injusto que no sirve de nada a nadie.
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En la calle se apodera del escenario el debate de la actuación de los gobiernos actuales que, por no ejercer el control permiten marchas y manifestaciones que agreden a la ciudadanía, a los comerciantes, o a los edificios de patrimonio cultural. Es decir de haber tenido actuaciones de “abuso” en el ejercicio de la autoridad, ahora transita al “desuso” del poder, en tanto que por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México en la última marcha, utiliza a funcionarios públicos para que atiendan el evento con la misma actuación de los cuerpos policiales pero sin el equipo y el uniforme de éstos, quienes desde antes iban desarmados con la simple intención de resistir.
Estamos entonces pretendiendo formar a nuestros niños ya no en función del miedo, atendiendo sus faltas con base en el diálogo y la negociación, cuando por otro lado, seguimos construyendo cárceles sin evaluar cuántos presos son inocentes, cuántos verdaderamente logran reivindicarse y las razones de aplicar una sanción. Sé que son temas muy complejos y cuyo abordaje debe ir considerando más variables, pero en esa misma perspectiva se pueden abordar problemáticas desde preguntas como: ¿De qué sirve encarcelar a una mujer por haber abortado?
Más allá de que sea su derecho o no, o de si la vida se considera a partir desde la concepción o en una semana específica del embarazo, estamos hablando de la lógica del castigo, en la que no se observa ningún sentido en “encarcelar” a una mujer que abortó, ni desde la perspectiva de la formación de la consciencia, ni en la recuperación del hecho afectado, ni en función de la organización social; desde ninguna de las dimensiones la prisión tiene un efecto positivo y si desde este análisis quitamos esa variable de la ecuación, podremos avanzar a discutir uno de los problemas modernos que por décadas ha sido postergado por miedo a los costos políticos que implica al gobernante en turno y por la poca capacidad de escucha que tenemos los ciudadanos. Vamos pensando en la construcción de una sociedad diferente, te invito a tener una semana de mucha paz y reflexión.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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