OPINIÓN

Entre el castigo y la dispensa

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2 semanas ago

6 octubre, 2019

Modesto Barros

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Por Isabel Venegas //

Esta semana el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias “el Bronco”, cerró definitivamente la cárcel de “Topo Chico” en la ciudad de Monterrey; un reclusorio en el que durante varios lapsos hubo ingobernabilidad por parte del estado, con un devenir de disturbios y sublevaciones, los más crueles en la historia de nuestro país. Espacio donde la delincuencia, las drogas, la prostitución forzada, entre otros muchos aspectos dan cuenta de historias que no reflejan posibilidad alguna para ser considerado un centro de readaptación.

76 años llenos de vidas que lucharon por sobrevivir a un sistema que no pudo (o tal vez, no quiso) asumir el compromiso de salvaguardar sus derechos humanos y su integridad como personas; para algunos (políticamente poco correctos) este ya es de hecho un tema de controversia, puesto que más allá de negar la condición de personas de los presos, quieren ver ejercer una suerte de castigo que sea ejemplar de modo tal que el resto de la población entienda la lección, o que por lo menos quien cometió el delito, sufra al punto de arrepentirse profundamente.

Ya el mismo Bronco en su campaña electoral por la presidencia de la república pegaba con tubo en las encuestas al decir que le iba a cortar las manos a todo aquel que se encontrara robando o cometiendo algún delito. Ciertamente era una locura, era una política que tan solo desde el punto de vista del sector salud resultaba absolutamente inviable, ya no se diga desde el concepto constitucional; de hecho cuando se le cuestionó acerca del cómo se podría llevar a cabo semejante medida él hizo referencia a la idea de “escarmiento”, con dos o tres casos sería suficiente para que los demás aprendieran la lección y se redujera de manera impactante el número de delitos y la inseguridad.

Pero siempre hay costos que preferimos omitir cuando de crueldad se trata, un buen ejemplo es lo que no vimos durante casi 80 años de horror que vivieron los habitantes de la prisión de Topo Chico; por ejemplo, en el panel de hombres había un plafón que servía como pared falsa y que conectaba con el área de mujeres, de modo tal que cuando los líderes lo deseaban, pasaban para el lado femenino, tomaban a quien querían y le sometían a la trata de personas de la que no había forma de escapar.

Las condiciones eran feas, tristes, peligrosas, pero fuertes en orden e intención. Ahí, en ese tenebroso lugar, nacieron y crecieron bebés, fruto –la mayoría- de violaciones y vejaciones en todos los sentidos. Un penal que como muchos, tiene condiciones de contraste entre presos pobres y presos poderosos. Había quienes tenían que pagar por dormir en cama, por tener una cobija, o por gozar de protección, mientras que ahí mismo se alojaba alguien que poseía un jacuzzi, televisión por cable, internet y uno que otro lujillo, como el control del mercado interno de la droga que se distribuía entre los reos o los accesos a teléfonos para seguir manejando la empresa de la extorsión desde el penal.

Con varios siglos de tradición, seguimos queriendo enfrentar el miedo por la inseguridad a través de los mismos mecanismos de figuras icónicas como la de la cárcel.

Ahí es donde esperamos tener a todos los que hacen daño, a todos los que agreden y atacan, sin tener en cuenta que, debido a un proceso legal podrían salir en unos 4, 5 o 20 años y que ese lugar se pudo haber vuelto en la universidad para delinquir, o peor aún, el medio para arrancar toda la compasión, empatía y solidaridad humana, porque ante una sistematización de la violencia, el individuo termina por normalizarla y entenderla incluso como obligatoria.

Necesitamos reflexionar sobre la capacidad y el interés del Estado por reinsertar a la sociedad a los presos que han pagado su condena. Topo Chico con sus puertas abiertas, evidencia una construcción que está diseñada para que no sea confortable, para infringir sufrimiento, para castigar.

En los años 70 Michel Foucault hacía un análisis desde la perspectiva de la sociedad que pretende atender sus miedos a través del ejercicio del poder y del castigo; describe las razones de encerrar a los “locos” en los manicomios, a “los malos” en las cárceles, y a los “delincuentes en potencia” en las escuelas.

Ese análisis implica ver cómo las construcciones comparten la misma disposición de los espacios: edificios con torres en las que se puede tener una visión general para no perder el control, cuerpos de prefectura, tiempos delimitados para cada una de las acciones: alimentación, higiene, esparcimiento, lecciones, etc.

Foucault evidencia grandes deficiencias en la organización estructural de estas dependencias, y en gran medida gracias a sus aportaciones, grupos de defensa de los derechos humanos, así como colectivos de pedagogía y docencia elevaron su voz para exigir cambios en la disposición de los espacios, pero más aún, en la preservación de los integridad de las personas que están en cada una de las dependencias que se apegan a estas dinámicas.

Paradójicamente, hoy nos encontramos ante tres momentos y espacios de quiebre:

En la escuela como parte de la cultura moderna, se comenzó a instaurar una dinámica mucho más comprensiva del niño, lo que para algunos se ha interpretado como la “no aplicación de la sanción”, es decir, existe el reglamento, se tienen definidas las normas, pero en la mayoría de los casos la regla no se aplica, ya sea porque los padres de familia se presenten a dialogar, se establecen compromisos de mejora, se tienen nuevas figuras como la del tutor de apoyo y seguimiento, etc.
En las cárceles, la pobreza y la capacidad rebasada de las instancias judiciales para llevar a cabo investigaciones asertivas y efectivas, redunda en la doble injusticia, para las víctimas del delito, y para quienes son reos sin el debido proceso. Éstas suelen estar llenas de gente inocente, personas cuya capacidad económica las somete a un castigo injusto que no sirve de nada a nadie.
En la calle se apodera del escenario el debate de la actuación de los gobiernos actuales que, por no ejercer el control permiten marchas y manifestaciones que agreden a la ciudadanía, a los comerciantes, o a los edificios de patrimonio cultural. Es decir de haber tenido actuaciones de “abuso” en el ejercicio de la autoridad, ahora transita al “desuso” del poder, en tanto que por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México en la última marcha, utiliza a funcionarios públicos para que atiendan el evento con la misma actuación de los cuerpos policiales pero sin el equipo y el uniforme de éstos, quienes desde antes iban desarmados con la simple intención de resistir.

Estamos entonces pretendiendo formar a nuestros niños ya no en función del miedo, atendiendo sus faltas con base en el diálogo y la negociación, cuando por otro lado, seguimos construyendo cárceles sin evaluar cuántos presos son inocentes, cuántos verdaderamente logran reivindicarse y las razones de aplicar una sanción. Sé que son temas muy complejos y cuyo abordaje debe ir considerando más variables, pero en esa misma perspectiva se pueden abordar problemáticas desde preguntas como: ¿De qué sirve encarcelar a una mujer por haber abortado?

Más allá de que sea su derecho o no, o de si la vida se considera a partir desde la concepción o en una semana específica del embarazo, estamos hablando de la lógica del castigo, en la que no se observa ningún sentido en “encarcelar” a una mujer que abortó, ni desde la perspectiva de la formación de la consciencia, ni en la recuperación del hecho afectado, ni en función de la organización social; desde ninguna de las dimensiones la prisión tiene un efecto positivo y si desde este análisis quitamos esa variable de la ecuación, podremos avanzar a discutir uno de los problemas modernos que por décadas ha sido postergado por miedo a los costos políticos que implica al gobernante en turno y por la poca capacidad de escucha que tenemos los ciudadanos. Vamos pensando en la construcción de una sociedad diferente, te invito a tener una semana de mucha paz y reflexión.

Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar

E-mail: isa venegas@hotmail.com

OPINIÓN

Los desaparecidos

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5 días ago

14 octubre, 2019

Modesto Barros

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Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Una de las grandes decisiones que ha tomado Enrique Alfaro como gobernador es encarar el tema de los desaparecidos y hablar cara a cara con los familiares de las víctimas, escuchando su dolor, sus llantos, su impotencia, toda esa rabia que provoca que te hayan arrebatado a un ser querido, sin que el Estado como gobierno haya tenido o tenga la capacidad de protegerte.

Como bien lo expresa el cardenal Francisco Robles Ortega, “una sociedad violenta que ve la muerte como solución a sus conflictos termina por deshumanizarse (…) La violencia que está caracterizando nuestras relaciones sociales no corresponde a la voluntad de Dios”, expresó el pastor espiritual de los católicos en el marco de la celebración de la llevada a la Virgen a su Santuario de Zapopan.

¿De qué tamaño es la tragedia de los desaparecidos en Jalisco? El gobernador Enrique Alfaro hace unos días abordó esta herida abierta que tiene nuestra sociedad en el país, pero que se acentúa y agudiza en Jalisco, que tristemente es la entidad líder a nivel nacional. Las cifras varían, pero en lo que si están de acuerdo es que no son ni uno, ni dos, ni diez, ni cien, sino que son miles. Tan sólo en este año de 2019 que aún no concluye se han sustraído de sus hogares a poco más de 4 mil personas y son cifras que el propio gobernador proporcionó en ese evento que hacemos referencia: “se han hablado de muchas cifras, pero la verdad es que el tamaño del problema es que nos faltan 7 mil 117 personas. Esa es la realidad oficial. No puedo hablar de cifras negras, serán seguramente más pero éstas son las denuncias que tenemos y que podemos poner a disposición de los jaliscienses”.

Hay discrepancia en cifras. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), parafraseando a nuestro Presidente López Obrador, tiene otras cifras muy diferente a las del Gobernador Alfaro. La investigadora Anna Karolina Chimiak, que forma parte de este organismo, advierte que la cifra de desaparecidos que presentó Alfaro no coincide con la información que se entrega vía Transparencia ni con la que se publica en el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparecidos (Sisovid).

El Gobernador Alfaro en el evento que se realizó precisamente hace una semana con familiares de víctimas, afirmó que existían 8 mil 173 desaparecidos en Jalisco, desde 1965 a la fecha. Pero CEPAD considera que hasta junio pasado la cifra llegó a 9 mil 162 personas desaparecidas y nada más con cálculos a partir del 2005.

SIETE DESAPARECIDOS DIARIOS

Lo que está tremendo es que cada día desaparecen un promedio de 7 personas en la entidad. En ese encuentro del Gobernador con familiares de víctimas dio a conocer que en los últimos diez meses de este año se han reportado ante su administración 4,104 desapariciones, cada mes son 410 personas, de las cuales 1,951 están pendientes de localizar, 2,153 personas fueron localizadas, de las cuales 1,920 fueron con vida y 233 sin vida.

Para tener más claro la magnitud de este crimen de lesa humanidad en la que el Estado ha mostrado su total inoperancia ante los grupos criminales que lo generan al convertirse en dueño de las vidas, recordemos que la dictadura militar en Chile durante el periodo de 1973 a 1990 en el que permaneció la Junta Militar al frente del gobierno del país andino fueron 3,065 los muertos y desaparecidos, lo que llevó a que se hiciera una campaña mundial de varios años para que se castigara a quienes lo hicieron.

Y aquí en menos de un año son 1,951 personas que no se han localizado y hay 233 sin vida que encontraron, o sea, qué descomposición tan enorme vivimos, es peor que la ley de la selva, un caos que debería llevar una alerta mundial…siete desaparecidos diarios.

LA ESTRATEGIA DE ALFARO

Para el gobernador es enorme el reto que enfrenta y lo acepta desde que reconoce el número de desaparecidos durante su gobierno, porque contra su costumbre de echarle la culpa a otros gobiernos, reconoce que en estos últimos diez meses son miles las personas que son buscadas por sus familiares y que corresponden a su administración.

Es un buen principio, que le ponga atención al problema. Ha hablado de trabajar en una Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparecidos, que considera a corto plazo 3 leyes para atender el problema:

Ley para Personas Desaparecidas.
Ley para Declaración Especial de Ausencia por desaparición de personas.
Ley de Atención a Víctimas.

Habrá que revisar qué sigue de dar a conocer este “Estrategia Integral”, que por lo visto tendrá carácter transversal, esperemos que le de seguimiento y no lo deje en manos de sus asesores que han mostrado los pobres alcances que tienen para construir. Claro que el tema está muy complejo, ya que estamos en una especie de Ciudad Gótica, donde los malosos son los que mandan y los gobernantes prácticamente están borrados para que protejan nuestras vidas, conforme a la utopía que dio vida al Estado moderno y razón por la que le pegamos impuestos y le cedemos parte de nuestra libertad.

Rogamos a Dios que Alfaro se mete en este tema y esté al lado de las víctimas en los hechos más que en el discurso. De entrada es mi primera petición. Lo demás, ya lo abordaremos, porque el tema tenemos que empujarlo.

OPINIÓN

El desastre de Morena Jalisco

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5 días ago

13 octubre, 2019

Modesto Barros

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

Por si le hiciera falta algo a Morena Jalisco, quien teniendo condiciones políticas muy favorables, no sólo desaprovecha el contexto político, sino que parece un desastre como partido. Desde su constitución como partido, en Jalisco ha sido una disputa interna que fue cambiando de personajes y de intereses, por tanto de niveles y dimensiones, Morena Jalisco sólo ha electo estatutariamente a un presidente, quien en el 2016 fue asesinado en Colima y hasta el momento ni la administración pasada ni ésta han podido aclarar lo sucedido, al frente dejaron al hoy senador Alejandro Peña, a quien se le acusaba desde el interior de ser un simulador por parte de subgrupos, hasta el nombramiento del ex priista y emecista Hugo Rodríguez como delegado-presidente por parte del Comité Nacional de dicho partido.

Las bases del partido Morena en el estado, no tiene conocimiento de sus representantes municipales, distritales y estatales, ni de sus sedes en cada orden de gobierno partidista, los militantes del partido que gobierna en el país no han electo directamente a sus dirigentes, es decir, contradictoriamente a lo que pide el Presidente para los sindicatos, Morena seguirá eligiendo a través de la democracia indirecta o de representación por delegados a las asambleas y consejos, este es el interés de lo que el fin de semana se intentó vivir en la participación democrática del partido Morena, por el que se desató una lucha encarnecida.

En plenos procesos de renovación de las dirigencias estatales y nacionales de Morena, durante el desarrollo de las asambleas de los distritos 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16 y 17 en Jalisco, confirmados por la propia dirigencia, irrumpieron grupos amados para robar equipos de computo donde supuestamente se encontraban los padrones de la militancia morenista, en algunos casos donde presentaron oposición hubo agresiones físicas y en el caso del distrito 9 de Guadalajara se presentaron hasta disparos en contra de la militancia dejando al menos a 4 heridos.

Pero no solo fue el problema un aparentemente golpe organizado para sabotear las asambleas, sino que además diversos militantes grabaron los momentos donde los organizadores les impedían el acceso a militantes que decían tenían los documentos que probaban su vigencia y derecho a ser parte de la asamblea. Además de otras en las que simplemente no se cumplió el cuórum para desarrollas dichas asambleas.

Este caos obedece al vacío de trabajo político, de un factor de unidad en el estado, sin disciplina en sus dirigencias y bases, sin garantías para la transparencia en sus procesos, ni la seguridad para el desarrollo de sus asambleas, además de muchas dudas sin resolver para su militancia, a las que se suman los que están detrás del ataque de este fin de semana para impedir que se desarrollaran las asambleas en el estado.

El Presidente y líder del partido Morena, parece seguir con desconfianza a los jaliscienses, pues para el cargo de superdelegado optó por enviar nuevamente a un actor externo, a quien por cierto se le están revelando los trabajadores de la Delegación Federal, se dice que no hay pago de nómina y hasta la organización interna de los trabajadores quienes no descartan ir a paro laboral.

El partido Morena parece haber cumplido con el objetivo para el que nació, hacer Presidente a AMLO, él lo construyó, porque los ejemplos en los estados como el nuestro reflejan un desastre como institución política, sin rumbo, ideología, liderazgo y proyecto, lo que tanto rechaza su creador, politiquería, grilla barata y pelea por el poder de manera vulgar, un partido que parece neoliberal, corrupto, antidemocrático y violento.

Twitter: @FlavioMendoza_

OPINIÓN

Sí las evaluaciones física y mental

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5 días ago

13 octubre, 2019

Modesto Barros

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

El jueves 10 de octubre el Presidente dio lectura a un documento que no puede quedar en el ámbito de lo anecdótico. Y es que a través de una solicitud de información, un particular le pidió a la Oficina de la Presidencia informar sobre el estado de salud de Andrés Manuel López Obrador. Se pide saber si padece hipertensión, si ha tenido alguna parálisis facial e incluso los resultados de un examen toxicológico y una constancia psiquiátrica.

Fue el propio mandatario quien comentó en su conferencia matutina que un día antes llegó a su despacho esa petición, misma que calificó como un “exceso”.

“Solicita constancia médica y psiquiátrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los generales de una institución médica de nivel y sus visibles tales como papel membretado, timbrado del médico o institución médica que expide la constancia con fotografía, la fotografía debe estar cancelada con el sello y la firma del médico que la expide, tiempo que ha sido médico del paciente, dar a conocer el estado de salud, local y fecha de la consulta, sello y firma del médico”, leyó el mandatario.

Sobre lo anterior, conocer el estatus físico, mental y emocional de nuestras autoridades se vuelve un imperativo. Por eso desde hace años sostengo que una de las asignaturas legislativas pendiente es justo la de obligar que se haga del conocimiento público, al menos las condiciones psicológicas de quienes pretenden ocupar puestos de elección popular como la presidencia de la República y los gobiernos estatales.

No se trata de un exceso como lo considera López Obrador, es una variable a la que tenemos el derecho de saber, pues hay un principio básico de la psicología que nos dice: “quien es incapaz de auto gobernarse, no es capaz de gobernar”.

No está por demás decir que quienes conocen a Andrés Manuel afirman que es un tipo necio en extremo, impredecible y sumamente contradictorio; sin embargo, en favor de él, sostienen que es un hombre honesto, leal y exageradamente disciplinado. Así pues, además de su estado físico, no veo por qué los mexicanos no podamos tener libre acceso a sus rasgos de personalidad. Y más aún, saber de ellos mediante revisiones anuales, pues la experiencia nos ha enseñado que en el ejercicio del poder, muchos personajes de nuestra historia política han sufrido severos y peligrosos trastornos de conducta.

En el caso de Jalisco las cosas tendrían que ser igual. Resultaría muy saludable (valga el término), que como un buen ejercicio de la llamada Refundación, Enrique Alfaro Ramírez nos sorprenda gratamente por atreverse a ser el primer gobernante de una entidad en México, que expone las conclusiones de una evaluación psiquiátrica realizada a su persona.

Los tiempos violentos e inestables por los que atraviesa nuestra nación, imponen nuevas prácticas democráticas, y una de ellas es la de tener muy claro a quién le estamos entregando nuestra confianza al momento de votar.