OPINIÓN
Entre la salud y la economía: Trump presiona a México para reabrir cadenas productivas
Comuna México, por Benjamín Mora //
La arrogancia del presidente Donald Trump nos exige una reflexión puntual y profunda de sus palabras cuando, en abril pasado, dijera: “no vamos a estar muy felices si se interrumpen las cadenas de proveeduría”, de cara a la próxima –sin saber cuándo- reactivación económica de Estados Unidos en medio del Covid-19, al fijar la postura de su gobierno y los industriales norteamericanos ante sus socios comerciales, en especial ante México y Canadá.
Desde el punto de “vista moral y ético” de Trump, lo que importa es qué quieren y requieren sus industrias y no lo que convenga a la salud de su pueblo e interese a los gobiernos de México y Canadá.
Para Trump, y en parte tiene razón, la negociación ya se hizo y está contenida en el TMEC… las concesiones fueron signadas y el tratado obliga a las partes. Si México, que es quien nos importa, no provee lo que necesitan los industriales norteamericanos, estos lo buscarán y encontrarán en otros países y perderemos competitividad. Hoy, más que nunca antes, quien actúe con prontitud, seguridad, calidad y certeza, será quien sobreviva y gane.
En principio, la postura del gobierno mexicano pareciera la correcta: cuidar de la vida de los trabajadores y trabajadoras de las industrias en las cadenas de producción que inquietan a Trump, así como de sus familias; sin embargo, cómo saber el mejor momento para reactivar a nuestra economía si los criterios de la política de contingencia ante el Covid-19 parecen equivocadas y las cifras que el gobierno federal informa cada día no son del todo ciertas, según reconoce el propio Hugo López-Gatell, sub secretario de Salud. Cómo creer lo que nos dice el vocero del gobierno federal para el Covid-19, si el día en que nos anuncia que se ha aplanado la curva de contagiados es también el día con más defunciones por el coronavirus.
Hasta hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha mostrado que el único camino que reconoce ante el Presidente Donald Trump es el de perder. Hasta hoy, sus derrotas han sido vistas, por él mismo, como triunfos. Hasta hoy, Marcelo Ebrard –negociador mexicano ante el gobierno norteamericano- no ha sabido fijar posturas ni explicado los requisitos y posibles concesiones mexicanas en las negociaciones; Trump ha impuesto su postura y Ebrard la ha satisfecho.
Lo que hoy se juega es de alcances mayores a aquella amenaza de cerrar la frontera norteamericana. Hoy estamos ante la pérdida de mercados para nuestros industriales.
Veo un problema de legitimidad. ¿Podrá Marcelo Ebrard negociar con el gobierno de Trump y los industriales norteamericanos, las condiciones para la reactivación de nuestra economía sin una consulta muy amplia con los industriales mexicanos que proveen las cadenas productivas norteamericanas, cuando la relación de AMLO y los empresarios mexicanos se encuentra en el peor momento en décadas? Creo que ni López Obrador ni Ebrard tienen el poder de negociación a nombre de los empresarios mexicanos.
Nadie, en el gobierno federal, está preparado para negociar la apertura de la industria mexicana, con las debidas precauciones sanitarias, que garanticen la salud y vida de los obreros y obreras; no, cuando la Secretaría de Salud federal ha cambiado, una y otra vez, sus posturas y recomendaciones. De los no a los cubrebocas a los sí, de los abrazos y besos a la sana distancia, y, muy lamentable, a oponerse a las cabinas o túneles de sanitización cuando éstos podrían proteger por todo el día al personal, dependiendo a la sustancia con que se rocíe.
¿Hasta dónde podrían llegar las negociaciones de Ebrard y los industriales mexicanos con sus contrapartes norteamericanas sin que el Presidente se sienta florero y decida romper los acuerdos signados? Imposible de saber.
El gran problema del Presidente López Obrador que su animadversión hacia los industriales y empresarios, es resultado de una ideología cercana al Foro de Sao Paulo y distante del Libre Mercado. El Presidente jamás entenderá lo que le enoja y enferma; el Presidente jamás entenderá que el dinero se gana trabajando. Para negociar a nombre de otro, se requiere conocer qué quiere, qué necesita, cómo desea ser tratado, para hacerle sentir oído y comprendido, apoyado, y López Obrador a veces ni él se entiendo.
El gobierno de López Obrador tuvo a un experto en Economía, pero le renunció. Hoy, en la Secretaría de Economía tiene a un fantasma que espanta cuando aparece y declara, por ignorante de la economía global.
López Obrador seguro se siente frustrado: Nada camina como se imaginó y cada día su ego se enfrenta a la realidad que le cobra facturas. Las mañaneras son de ira, ansiedad y disforia. Es incapaz de gestionar y aceptar la discrepancia entre lo ideal y lo real. Jamás entenderá que su problema no está en sus errores y las oposiciones a sus decisiones, sino en la forma en que afronta la adversidad. Hoy no puede tomar Paseo de la Reforma para exigirse nada a sí mismo ni puede incendiar pozos petroleros; así que culpa al pasado y se identifica con un simple florero.
La gestión de la frustración presidencial debería devenir en una nueva actitud, basada en una ideología más del presente que aquella de los años 60 y 70 que cayó con el Muro de Berlín. López Obrador debe trabajar en su ego y madurar, entendiendo que el daño que ha hecho a México aún es reversible. La reacción mañanera del florero fue primitiva pues no controla su instinto desagradable y ocurrente. Su objetivo de gobierno, debe entenderlo, jamás lo logrará pues la realidad es siempre más terca que la suya y a México le aguardan más años de grandeza que la mediocridad de sus 6 años de gobierno.
Estamos en medio de dos presidentes egocéntricos –Trump y López Obrador- pero uno con gran poder y el otro sumiso ante el primero. El segundo debería aceptar, de forma consciente, que va a perder si actúa solo. Su baja tolerancia a la frustración ante los fifís mexicanos contrasta con la capitulación total y absoluta hacia Trump, un presidente re-fifí. Las cogniciones de López Obrador están distorsionadas, alejadas de la realidad, desmesuradas y extremadamente irreflexivas. Preparémonos a abrir nuestras industrias.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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