OPINIÓN
Evasión de criminales desde el Estado
Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
“El que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra.”
MAQUIAVELO
El quehacer de gobierno está supeditado al principio de legalidad que se explica como un parámetro para su ejercicio y, aunque la ley casi nunca estable límites expresos, es un hecho que nadie tiene facultades extremas.
Recuerdo el día en que Mariano Azuela, años después presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dijo, como maestro de Derecho Positivo Mexicano en el Centro Universitario México: “El servidor público solo puede hacer aquello que la ley le manda”, a lo que Luis Donaldo Colosio Murrieta agregó “… solo puede hacer aquello que la ley le manda, ni más ni menos”.
El Código Penal Federal, en su artículo 150, al referirse al delito de evasión de presos estable que “al que favoreciere la evasión de un detenido por narcotráfico se le impondrán de siete a quince años de prisión. Si quien propicie la evasión fuere servidor público, se aumentarán las penas en una tercera parte”.
La determinación del consejo de seguridad del gobierno federal de dejar en libertad a Ovidio Guzmán, más allá de la explicación dada por su titular Alfonso Durazo y avalada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, debe llevar a una controversia constitucional promovida por quienes están facultados por mandato de ley y, tras su resolución, actuar.
Si los legisladores o los partidos políticos se quedan solo en el debate mediático es tanto o más irresponsable que la liberación de Ovidio Guzmán. Si el Estado mexicano fue trastocado, las acciones deben ser de alto impacto.
La determinación debilitó al Estado mexicano. A partir del pasado jueves ya nada será igual para México porque el país ya no es igual. Según algunos de los críticos de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador, México, como Estado-nación soberano dejó de existir; el gobierno ya no decide, obedece, pero no al pueblo de quien dimana el poder sino a los cárteles del narcotráfico.
Ello nos invita a preguntarnos para qué queremos un gabinete de seguridad si las fuerzas armadas han quedado de rodillas ante los delincuentes; si el Presidente se ha postrado ante ellos. ¿Acaso el Ejército y la Marina Armada de México estarán sólo para tareas de protección civil en casos de desastres por fenómenos naturales o para construir aeropuertos y terminales petroleras que no cumplen con todos los requisitos de ley bajo el pretexto de ser asuntos de seguridad nacional? ¿Desde cuándo a acá un aeropuerto civil es motivo de seguridad nacional?
Hasta ayer, yo no alcanzaba a comprender el trasfondo del por qué Andrés Manuel López Obrador lamentó, como presidente de la República y jefe del Estado mexicano, la sentencia de cadena perpetua que recibió, de un tribunal norteamericano, Joaquín Guzmán Loera por asociación delictuosa para cometer homicidio y de narcotráfico, calificando la resolución judicial de dura, hostil e inhumana.
¿Qué coincidencias unen a los lamentos del presidente López Obrador por la condena de por vida al Chapo Guzmán en la cárcel Florence ADMAX de Colorado con la resolución del consejo de “seguridad nacional” de poner en libertad a Ovidio Guzmán? ¿Quién debe algo al Chapo que le paga con prestigio desde el gobierno? ¿Cómo y con qué más le pagará? Sin embargo, no quiero caer en el enojo irreflexivo por lo sucedido; prefiero darme la oportunidad de esperar a que el tiempo dimensione lo sucedido sin suponer que López Obrador o Durazo fueron o son promotores del mal o que han resuelto permitir que el crimen crezca.
Lo sucedido debe ser analizado desde distintos ángulos. Hoy, a botepronto, ofrezco mi parecer desde el llamado Efecto Lucifer, desarrollado por Philip Zimbardo a partir de su experiencia con el experimento de la prisión de Stanford. Para Zimbardo hay dos explicaciones extremas del comportamiento malvado: de los factores disposicionales y de los efectos situacionales de tales conductas. Coincido en que la deseada dilucidación se encuentra en un punto intermedio que no necesariamente equidistante.
Si fuese verdad que para todos nosotros los abrazos son mejores que los balazos, el gobierno debe trabajar en los mecanismos que afirman la identidad de los delincuentes, en las formas o formulaciones de los mensajes que determinan sus visiones del mundo, a fin de minimizar sus influencias negativas, desterrando la creencia de invulnerabilidad que les lleva a cometer crímenes que –muy seguramente- quedarán impunes.
Lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, este jueves, no camina hacia ese propósito y por ello debe reconocerse como de craso error desde su planeación e implementación hasta sus efectos: se puso en peligro la vida de miles de ciudadanos debido a la torpeza del gobierno; esto debe reconocerse para evitar que se repita. Todos debemos aprender a ser responsables de nuestras conductas, dirigiéndolas hacia resultados positivos y desdeñando la influencia de sistemas perversos que podrían afectarnos. La permisividad social total con que hoy se viste a la libertad personal en nada abona hacia esa sociedad bien cohesionada.
Pregunto cuál es la postura de quienes promueven el consumo de la marihuana por razones lúdicas de gente como los Guzmán que la producen, transportan y comercializan. ¿Son sus aliados o también piden su detención, enjuiciamiento y condena? Resolvamos esto y entonces actuemos.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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