OPINIÓN
Gobierno descompuesto
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Sea como sea el Gobierno de la República cada vez falla en más acciones y a toda costa culpa a las pasadas administraciones y a los liberales que le “entorpecen” sus “brillantes” planes y proyectos mientras quienes saben de economía, finanzas y política, critican los intentos por gobernar.
Con eso que el Primer Mandatario Andrés Manuel López Obrador, un día dice unas cosas y al siguiente cambia sus opiniones y acciones, ya no se sabe cuál es el verdadero rumbo que llevará nuestra nación.
Hace unos días AMLO, dio a conocer el presupuesto de egresos y el programa de ingresos para el próximo año, en el cual se ha visto que bajará las aportaciones a Estados y Municipios de todo el país.
Los gobernadores de varias entidades han demostrado su inconformidad y hasta hay quienes advierten que podrían abandonar el Pacto Fiscal Federal.
Entre los gobernadores está el de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien el próximo cuatro de octubre cumplirá en ese cargo tres años.
En un discurso tajante declaró que no se pueden quedar callados y que no es suficiente que cada mandatario local pueda negociar y que “si el barco se hunde, nos hundimos todos, yo (Javier Corral Jurado), no he visto que un barco se hunda y sobreviva un camarote”,
Añadió que deben de analizar la posibilidad de que si no se modifican las nuevas reglas por implantar separación en la coordinación con la federación los estados que puedan hacerlo y que tengan los suficientes recursos de acuerdo con su propio producto interno bruto.
Ahora sí que le están creciendo los enanos al Señor Presidente y se le abrieron más frentes de batalla.
De llegarse a dar esa fractura entre el Gobierno de la República y algunos estados, se acrecentarán los problemas para muchos habitantes, que ya de por si están resintiendo la inseguridad y la baja en fuentes laborales y desamparo en la salud y el campo.
El Primer Mandatario, pareciera que lo están dejando solo y algunos miembros de su gabinete hacen poco para solucionar los conflictos, unos porque parece que no saben o no pueden y otros hacen que nadan de “muertito”.
Así algunos dicen que la titular de la Secretaría de Gobernación, Doctora Olga Sánchez Cordero, quien se ha visto incapacitada, o no la dejan, para meter en orden a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que hacen lo que les pega en gana en beneficio de sus intereses, aunque sean muy legítimos como ellos dicen.
Otro conflicto ha crecido con los elementos inconformes de la Policía Federal, sin que el señor Francisco Alfonso Durazo Montaño, responsable de la Seguridad Pública del País, logre conciliar los problemas con quienes exigen que se les indemnice conforme a la ley en lugar de intentar obligarlos a que se encuadren en otras corporaciones entre ellas la Guardia Nacional, que tiene la mayoría de elementos militares.
El actual gobierno apenas lleva nueve meses de los 72 que le corresponden y con tristeza se está viendo que cada vez se le descompone más el dirigir la nación, aunque con todo respeto él dice que tiene otros datos cuando no le son favorables los señalamientos.
Esperamos que se puedan conciliar y sobre todo arreglar tantos problemas y se tenga mayor seguridad y verdadera estabilidad económica, en lugar de escuchar dichos y descalificaciones contra los que hacen señalamiento.
Por cierto vale la pena señalar que también el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, también debe de replantear sus acciones de gobierno y aceptar que su interés particular, o al menos así me parece, por reformar la Constitución del Estado de Jalisco, nada más va a ser un gastadero de recursos y desgaste entre actores políticos.
Ya veremos cómo se conformará el grupo de eminentes constituyentes y quién o quiénes serán los redactores de la flamante Nueva Constitución.
El Gobernador tendrá la palabra y poder de desición.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
Encuentro en Casa Ciudadana con el Senador Clemente Castañeda
Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto
Echan abajo el proyecto del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara
Escándalo en concierto de Coldplay: CEO de empresa tecnológica captado con empleada en momento comprometedor
