OPINIÓN
Gobierno y propaganda
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
En el concepto del estado moderno el gobierno es el conjunto de instituciones y órganos a las que se les ha confiado el ejercicio del poder, sin embargo, en los hechos hemos sido, a pesar de contar con innumerables institutos, comités y organismos, un país con un muy arraigado presidencialismo que se desarrolla en el filo, entre un régimen totalitario y autocrático y otro respetuoso de instituciones y ordenamientos.
Durante muchos años, hemos dependido de la responsabilidad del gobernante para mantener el equilibrio en esa delgada línea, pero hay que reconocer que ha sido el régimen de contrapesos y equilibrios construido hasta hoy, lo que ha contenido las posibles y explicables tentaciones del uso y el abuso del poder.
Alarma a importantes sectores de la población, que estos instrumentos estén siendo debilitados, coptados o destruidos y que las acciones de las instituciones gubernamentales estén ocasionando frecuentes crisis, sea por fundamentos ideológicos, por inexperiencia, ineficacia o ineptitud. Estudiosos de la teoría política (Lucio Levi, Diccionario de Política, Bobbio, Matteucci, Pasquino) han mencionado que: “cuando las instituciones están en crisis, el gobierno tiene carácter carismático y su eficacia depende del prestigio, del ascendiente y de las cualidades personales del jefe del gobierno”, lo que nos coloca de nuevo a merced de la voluntad del gobernante para mantenernos en ese delgado borde entre autoritarismo e institucionalidad.
No abona en favor de la confianza y la tranquilidad, el diario ejercicio de propaganda que son las conferencias mañaneras del presidente. Más que un prudente y equilibrado instrumento de información del ejercicio gubernamental, se han convertido en vehículo de difusión deliberada y sistemática de mensajes destinados a un público determinado y a estimular comportamientos afines, lo que encaja en la definición clásica de propaganda. Todo gobierno y gobernante tiene derecho a publicitar sus actos, lo lamentable aquí es que se reduzca la figura presidencial a un sencillo pero importante propagandista, desperdiciando tiempo que le es necesario para revisar y corregir la marcha irregular de sus instituciones.
Es relevante llamar la atención sobre los efectos de esta propaganda; ya sea que el presidente se dé cuenta o no, los mensajes que transmite transitan también entre ese angostísimo margen entre autoritarismo sectario y la toma de decisiones consensuadas y socialmente aceptables. En los regímenes totalitarios, la propaganda la controla el estado, como él controla sus mañaneras, y es utilizada con fines de consolidación del régimen y para combatir y descalificar a las formas o expresiones de oposición. La similitud puede ser coincidencia no premeditada, lo contrario asusta.
Marshall McLuhan, al referir que el medio es el mensaje, aseguró que el contenido de cualquier medio se ajusta al ambiente hecho por el hombre ya que todo se organiza de acuerdo a sus jerarquías y dominio, acorde con su entorno. Aplicado esto a las conferencias mañaneras, el medio es, cuando menos, desconcertante por la informalidad, el desorden, la indefinición de una agenda de temas, el escaso o nulo seguimiento a ellos. Si este medio es reflejo del gobierno la señal no puede ser más ominosa. El gobierno no puede conducirse en torno a lo que se dice por las mañanas en esas conferencias en lo que más importa es mantener la imagen y la popularidad del presidente, pero que no obstante, han servido para dar órdenes, establecer líneas de políticas públicas y muy frecuentemente decidir e influir sobre la agenda de las instituciones gubernamentales. Más allá de que en ella se emitan sospechas, acusaciones no comprobadas y se señale como adversarios a quienes piensan diferente, en el fondo, como lo dice McLuhan, esos comentarios parecen consecuencia del entorno de competencia electoral en que se ha desenvuelto el presidente en los cuando menos 15 años anteriores y del cual le ha costado desprenderse para ubicarse como presidente de una nación diversa, plural y participativa como es la sociedad mexicana contemporánea.
En el gobierno hace falta dar respuesta a la creciente inseguridad, la sociedad no estará más tranquila sabiendo que el año pasado se murieron más o menos. Hacen falta medicamentos e insumos en los hospitales y no es excusa si en el pasado se los robaban o lucraban con los contratos; es necesario acabar con la tala ilegal y desmesurada, no solo sembrar más arboles; hacen falta fuentes de empleo, no becas para capacitar a gente que luego seguirá desempleada; hace falta más capacitación y honestidad en los ministerios públicos y jueces, no más ministros en la corte; hace falta hablar sobre los problemas fundamentales del país y no de la rifa del avión presidencial.
La propaganda de las conferencias mañaneras es un recurso banal, un instrumento comunicativo que desafortunadamente se ha convertido en eje, centro por el que atraviesan las políticas públicas sin descubrirse, las acciones sin explicarse, y un amplio horizonte para la incertidumbre sobre el rumbo del país.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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