OPINIÓN
Hace lo que quiere
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
El flamante secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, demuestra que hace lo que quiere y sin importar el partido político que gobierne la entidad, él goza de todo el poder para imponer sus criterios que en la mayoría de los casos han salido muy costosos para la población, sobre todo para quienes tienen la necesidad de utilizar el sistema del transporte público que cada vez es más costoso.
Hace pocos días se giraron instrucciones, al parecer por parte del Señor Monraz, para elevar el costo del pasaje urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, a 9.50 pesos, o sea a diez pesos ya que los choferes de las unidades no tienen cambio para dar la fracción de 50 centavos o les conviene no hacerlo.
Algunas unidades de distintas rutas fueron sacadas de circulación por no haber comprado primero e instalado las nuevas “alcancías” para el pago del pasaje, lo que presuntamente molestó mucho al prepotente funcionario, sin importarle el incremento de más del 35 % y si se quedan con los 50 centavos el aumento representa casi el 43 % un verdadero saqueo para los usuarios, mientras los dueños del transporte siguen enriqueciéndose más, gracias al gran aliado que siempre han tenido con Diego Monraz Villaseñor, por lo menos cuando tiene cargo en el Gobierno del Estado.
Vale la pena señalar que a éste funcionario le quitaron, supuestamente, el control del personal operativo de la policía vial, que es otra mina de oro, pero siempre se las ha ingeniado para lograr “implantar” modernos sistemas de captación de recursos para las arcas del gobierno estatal, sin importarle que se perjudique la población, o al menos así se ha notado desde hace varios años.
Como ejemplo están las recaudadoras fotomultas, las cámaras en los semáforos de algunas avenidas, el sistema del Macrobús que es propiedad de particulares pero que Monraz concesionó a unos cuantos dueños de unidades.
Por lo pronto el funcionario deberá de seguir haciendo acciones recaudatorias, sin importarle el partido político que lo pueda proteger hace años creo era panista y ahora puede que ya sea del MC y mañana será para donde más se le acomode recibir cargo público.
¡NO CABE DUDA QUE LA VIDA ES MUY INGRATA!
Hace pocos años ya querían linchar y hasta quemar con leña verde al entonces director del Instituto de Ciencias Forenses y reconocido catedrático de la Universidad de Guadalajara, Luis Octavio Cotero Bernal, quien tuvo que ser el “chivo” expiatorio de la renta de tráileres para almacenar cuerpos de personas fallecidas por diferentes acciones.
Entonces se le culpó al catedrático que haber utilizado unidades de carga refrigeradas para conservar cadáveres, lo cual se dijo además de inhumano era indebido y se le abrió un proceso administrativo sumarísimo, a tal grado que fue destituido del cargo, mientras que el gobernador en turno Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, nadó de muertito y no le importó que otro cargara con la culpa, pues él no destinó recursos suficientes para solucionare el problema en Medicina Forense.
Ahora, posiblemente como lo que está haciendo la 4T y sobretodo la protegida doctora en ciencias Claudia Sheinbaum Pardo, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y por el incremento en el número de cadáveres ya están rentando cajas de tráiler con sistema de refrigeración, con un costo de más de 10 mil pesos diarios.
Ahora nadie dice nada y supuestamente por la pandemia del Coronavirus, se están contratando otras cajas cerradas refrigeradas para los próximos días, entonces no es grave y supuestamente ni peligroso que lo estén haciendo, total ahora están en el poder y tienen todo el poder para hacerlo.
Esperemos que no se propague mayor contagio y se ponga en peligro a mayor población.
Lo que llama la atención es si son tan previsores desde hace varios meses de la pandemia que está afectando a todo el país, pero principalmente a la Ciudad de México, no implantaron recintos para albergar momentáneamente cadáveres y después darles cristiana sepultura, en lugar de estar queriendo apagar el “incendio” que se les ha estado propagando, a menos que tampoco quisieron creer que en verdad es grave el problema, ya vimos hace dos meses cuando el primer mandatario AMLO, decía que él avisaría cuando las cosas se agravaran y que la gente siguiera saliendo de sus casas, lo dijo en su natal Villahermosa, Tabasco, donde ahora hay gran número de enfermos d Coronavirus, o Covit 19 o como se le quiera denominar.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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