OPINIÓN
¿Homicidios fabricados?
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Tenemos en Jalisco un sistema judicial completamente amañado y corrupto a pesar de la intención de varios legisladores de evitar graves irregularidades que muy fácilmente se podrían solucionar, pero simplemente han pretendido MC desde el Congreso, pelear contra el Poder Judicial con la intención del control político, de ese Poder sin francas intenciones de mejorarlo, situación que se agrava en la materia penal, donde día a día apreciamos notorias violaciones a los Derechos Humanos destacando procesos que en todos los casos deberían propiciar la renuncia o despido de varios jueces penales, lamentablemente dicha corrupción inicia en la Fiscalía General del Estado, donde en muchas ocasiones no saben ni siquiera llenar una carpeta de investigación pero eso sí están muy al tanto de las nuevas técnicas de interrogatorio importadas directo desde los sótanos de la extinta KGB y mejoradas con lo mejor de Guantánamo, recordamos el cuento aquel que dice que obligaron mediante técnicas sofisticadas que un elefante declarara ser un conejo para acreditar su culpabilidad.
Esto no implica que todos los jueces y magistrados y personal de la FGE sean corruptos, me atrevería a meter la mano por muchos de ellos, pero también hay cada corrupto, como aquel magistrado que desconoce, a pesar de un supuesto Doctorado patito, la diferencia entre la representación orgánica y un simple poder, o algunos jueces que en materia penal dictan sentencias a solicitud de su pastor o del político al que deben el puesto.
En este caso me permito comentar una denuncia que deben monitorear el Consejo de la Judicatura del Estado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me refiero al proceso penal plagado de irregularidades contra Alberto Cárdenas Camarena, Catalina Barajas Campa y Enedina y Juan, de apellidos Hidalgo Ramírez, procesados todos ellos por el delito de feminicidio, dato curioso ya que según consta en los documentos del proceso penal que tuve a la vista, existen graves inconsistencias que deberán ser, sin duda, reparadas en el Juicio de Amparo, máxime que de los documentos se desprende que la fiscalia ocultó pruebas básicas para la defensa de los acusados, que el ministerio público al formular sus conclusiones presenta tres teorías diferentes de los hechos, y ninguna de ellas encuadra en el delito de “feminicidio”, pero más me llama la atención, sin que el suscrito sea abogado penalista, es que se atribuye a la supuesta autora directa del homicidio una conducta consistente de haber pasado por la víctima a su casa desde las 19 horas y que el homicidio se cometió después de haber estado en una fiesta con familiares de la supuesta autora entre las dos y tres de la mañana, y sin embargo, y sin ánimos de denostar a la víctima, un informe forense que aparece recientemente señala que se encontró en el cadáver semen reciente depositado 2 a 3 horas previas al homicidio, lo que de ser cierto destruye la “teoría” de la fiscalía, además si el forense señala una altura muy diferente de la persona que accionó el arma homicida con la acusada, ¿cómo se sostiene eso?, además toda la investigación parte de una “espontánea confesión” del hermano de la imputada señalándola como autora material, tan inverosímil que solo el juez de control la aceptó a pesar de estar probado en autos que fue torturado para arrancarle su historia (protocolo de Estambul).
La pregunta que surge es, ¿porqué la fiscalía no agota el resto de las líneas de investigación e insiste en una teoría que se derrumba a grandes pasos? Lo importante es, para toda la sociedad la justicia a la víctima, y que él o los culpables paguen por su crimen, pero apegados a derecho, respetando el debido proceso y sin armar una teoría del caso solamente para justificar en su momento la eficiencia de la fiscalía. Si los detenidos son culpables que se juzguen y condenen pero no que hagan pagar a gente inocente. De regresar ese proceso penal por motivos de un Amparo con el juez de control Ramos Coronado, este se debería excusar.
ABANDONAR EL PACTO FISCAL
En otro tema, es tan exagerada la sangría de recursos a los estados del norte y centro de la República mexicana, al parecer el presidente López solo gobierna para el sureste, que varios gobernadores están evaluando seriamente abandonar el pacto fiscal que tienen actualmente todas las entidades federativas, lo anterior al acusar de una distribución inequitativa de los recursos federales distribuibles a los Estados contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, y aunque por el momento solo Chihuahua y Durango contemplaron esa posibilidad al parecer ya otros gobernadores evalúan seriamente escenarios contemplando tal posibilidad. José Rosas Aispuro, mandatario de Durango fue claro y contundente: “…sí la Federación no nos quiere, salgámonos del pacto fiscal. Que los impuestos se cobren en Durango y ya no se los lleve la Federación y nos regrese lo que quiera”, señaló.
El gobernador Alfaro en Jalisco, no se ha pronunciado al respecto pero sí tomara esa decisión tendríamos que apoyarlo todos. Recuerde amigo lector que por obligación constitucional la Federación debe repartir parte de su recaudación a los Estados, y estos a su vez a los municipios, y en impuestos como el Valor Agregado, aunque lo recauda la Federación es en verdad un impuesto estatal que debería regresar en gran parte a los Estados que lo generan, sin embargo la política de la “CuatroTe” no es congruente con dicho equilibrio, y menos destinando gran parte de la recaudación a programas socialmente electoreros, inversiones en el sureste y rescate de Pemex. No es lógico, a pesar del pacto federal que Jalisco y otros estados aporten mucho más que lo que reciben. Sin duda urge una Convención Nacional Fiscal.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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Enedina Hidalgo Gallegos
16 de septiembre de 2019 at 17:40
Agradezco su columna Maestro Fierro. Nada más que la cruda realidad. Sólo faltó mencionar las pruebas de POLÍGRAFO que resultaron NO CONCLUYENTES, o sea NEGATIVAS. LO CUAL APOYA LO SEÑALADO EN SU COLUMNA.
#SOMOSINOCENTES