OPINIÓN
Horizonte próximo
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Tras el prolongado confinamiento, la autoridad ha fijado un horizonte cercano para reactivar las actividades, económicas y sociales, paralizadas por la estrategia dictada para controlar la epidemia del Covid19. Desafortunadamente, las decisiones del gobierno federal habrán modificado la realidad que existía y todo parecerá igual, pero no será lo mismo.
Durante al menos dos años habremos de vivir con el temor al contagio y la enfermedad pues el gobierno optó por buscar la “inmunidad de rebaño”, a sabiendas de que ello habría de costar vidas, calculando el riesgo en razón del índice internacional de mortalidad del virus, menor al 3%. Es decir, morirá ese porcentaje de mexicanos pero al final estará inmunizado el resto. En México, ese indicador de muertes se ha situado más cercano al 10%.
La negativa sistemática a realizar los cientos de miles de pruebas, necesarias para contener el virus y no solo controlar la epidemia, condicionará el contacto social. Cualquier transeúnte puede ser un portador y transmisor del mal y todos habremos de enfermar con diferentes consecuencias, particularmente graves en segmentos vulnerables, como ancianos, obesos, hipertensos y diabéticos, que en nuestro país son abundantes, así que, los abrazos ya no serán tan frecuentes, los saludos serán más distantes y pensaremos dos veces el acudir a eventos culturales, religiosos y sociales que impliquen altas concentraciones de personas, igualmente al usar transporte colectivo, el cual para ser seguro tendrá que implicar el uso de mascarillas, guantes y desinfectantes.
Al levantarse el confinamiento entraremos en la etapa del azar, esperando no ser parte de ese porcentaje que el gobierno calculó que podía morir al decidirse por la mitigación y el contagio generalizado. Existen diversas opiniones sobre lo procedente de esta estrategia, algunas contrarias a la misma, que señalan lo exitosos que fueron otros países que apostaron a reducir la presencia del virus y la mortalidad realizando pruebas, mientras el nuestro calculó las muertes y dejó que fueran, pero eso ya es parte del hubiera, ahora solo podemos esperar que no nos toque ser parte de la estadística mortal.
Habremos de encontrar al retomar nuestras vidas, otra realidad económica. La economía nacional ya estancada al finalizar el año, se anunciaba con crecimiento negativo del 3% del PIB. Ahora tras la epidemia, se espera un incremento de la tasa negativa desde el 8 y hasta el 15 por ciento, en parte por la economía mundial también en receso y por las decisiones de política económica del gobierno federal, que no cambiará sus criterios en materia energética, aunque PEMEX siga perdiendo dinero y el mercado petrolero esté a la baja y la CFE seguirá negada a la producción de energías limpias y pondrá en operación plantas obsoletas de alto costo operacional que funcionan con combustóleo, altamente contaminante. Aunado a lo anterior, el anunciado plan de reducir otro 75 por ciento el gasto corriente del gobierno federal pone en grave riesgo la capacidad institucional. Así es que podemos esperar un mayor desempleo, menor crecimiento económico, y deficientes servicios gubernamentales.
Lo que no habrá de cambiar, es el ambiente político nacional en el cual, la discordia, deliberadamente alentada desde el poder, habrá de seguir polarizando a la sociedad generando condiciones de explosividad social si, como se advierte, la economía no ofrece alternativas para la clase media, ni de superación para quienes hoy son beneficiarios de los programas sociales. La actitud gubernamental ante la crisis marcó su distanciamiento con el empresariado e hizo evidente el menosprecio a la clase media. El cálculo de quien detenta el poder lo ha llevado a canalizar los recursos a incrementar su base política de apoyo en aparente y peligrosa radicalización. La creciente desaprobación de la gestión gubernamental manda sin duda señales que le obligan a reforzar su posicionamiento con sus fieles seguidores y a seguir insistiendo con el discurso maniqueo de los buenos del gobierno contra los adversarios que no piensan igual.
Es de esperarse que este discurso y actitudes polarizantes se mantengan hasta la elección del 2021, de cuyos resultados seguramente dependerá el futuro que presenta algunas opciones: los votos y posiciones en contra obligan al ejecutivo a reconsiderar sus políticas, o la victoria electoral lo lleva a buscar el avasallamiento total de los factores de poder. Lo democráticamente aceptable es que se recupere el fin trascendental de la política, que es encontrar los acuerdos dentro de las diferencias y construir juntos un país aceptable para todos.
En fin, el país que encontraremos al término de la cuarentena será el mismo, pero nada será igual salvo la lucha por el poder que habrá de seguir en la deliberada confrontación para cobrar mezquinos rendimientos políticos, sin importar que el número de pobres a los que se busca redimir se reproduzca exponencialmente, como el virus que vino a sacudirnos a todos.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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