OPINIÓN
INSABI, ¿condenado al fracaso?
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Debemos aplaudir la decisión de Enrique Alfaro negándose a firmar el convenio para adherir el Estado libre y soberano de Jalisco al “Instituto de Salud para el Bienestar” INSABI, el cual viene a sustituir al “Seguro Popular” con el argumento, completamente cierto, que este nuevo instituto “esta condenado al fracaso”.
Aseguró además nuestro refundador gobernador: “Jalisco no va a entregar su sistema de salud a la Federación, este modelo centralista, absurdo, que esta planteando, no va a ser acompañado por el Gobierno de Jalisco”, sumándose a otros siete estados que ya han anunciado el rechazo a la firma del Convenio de adhesión al naciente instituto.
Yo no dudo que en algún momento la idea anhelada por todos los gobernantes y mas por la población que es la de contar con un sistema de salud universal, sobre todo para aquellos que no gozan de seguridad social por su actividad laboral es correcta, recordemos que más de sesenta millones de mexicanos no gozan de servicios en el IMSS y el ISSTE. Sin embargo la implementación del INSABI, como todo lo que arrancan en este sexenio fue hecho, como se dice coloquialmente, “con las patas”.
Arrancó el primero de enero, con el propósito fundamental de enterrar al “Seguro Popular”, sin junta de gobierno, sin reglas de operación, sin manuales, sin una adecuada planeación de la transición del Seguro Popular a este nuevo ente en un periodo razonable de tiempo, las reglas para hacerlo funcional estarán listas en 180 días o sea junio de 2020, lo que demuestra una total irresponsabilidad.
Hablar de la salud de nuestros ciudadanos no permite improvisar, con la vida de los pacientes no se debe de jugar, y menos en momentos en que cada segundo cuenta para salvar su vida. El nacimiento del INSABI viene acompañado de una total desinformación y contradicciones entre lo que señala el “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud” publicado el 29 de noviembre de 2019 y lo que declaran los políticos.
Es estúpido y criminal afirmar que se va a dejar sin servicios médicos a los beneficiarios de este sistema en Jalisco por la negativa de Alfaro a firmar la coordinación, ya que la misma es opcional y de todas formas Jalisco deberá recibir los recursos federales y aportar los propios para operar durante 2020, sin embargo el citado decreto establece obligaciones a los estados no convenientes, ya que al firmar el citado convenio Jalisco se obligaría no solo a entregar recursos económicos al naciente instituto para su operación sino además transferir: “recursos humanos, materiales y financieros objeto de los acuerdos de coordinación los cuales se deberán encontrar libres de cargas, gravámenes u obligaciones pendientes de cualquier naturaleza; Régimen inmobiliario de las instalaciones que se aporten; La obligación de las entidades federativas de participar subsidiariamente en términos de la Ley; Obligaciones de transparencia, y el porcentaje o monto de recursos que la entidad federativa deberá aportar. En caso de incumplimiento respecto de la aportación económica, las participaciones de la respectiva entidad federativa se podrán afectar como fuente para cubrir dicha aportación.
Lo anterior suena interesante, pero se presenta el mismo problema que con los ya obsoletos convenios de coordinación fiscal, donde los estados que mas aportan, como Jalisco, reciben de regreso mucho menos participación y además malos tratos de la Federación, nuestro estado debe contribuir en términos razonables al federalismo pero sin sacrificar a su población. Por eso digo que mientras no se establezcan reglas claras de que el INSABI garantice que tanto la participación federal, que de todos modos Jalisco recibirá, y la Estatal se quedará íntegramente en beneficio de los jaliscienses no se debe firmar el leonino convenio cuyo fondo deja ver atisbos electorales al permitir al presidente apoyar a estados pobres bajo la premisa de que primero los pobres, a la que nos sumamos, pero con la aclaración de que, primero los pobres, pero de Jalisco. Por ello el 100% de la aportación del estado y lo que le corresponde aportar al Gobierno Federal se debe quedar aquí.
La excusa presidencial de combate a la corrupción es solo una cortina de humo para sus seguidores, la realidad es que vuelve a ser un tema de pastoreo electorero. No dudo que al rato veamos también médicos cubanos en este instituto, de entrada ya nos van a dar chochitos ya que incorporarán médicos homeópatas y Licenciados en Enfermería, quienes podrán prescribir aquellos medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud que determine la Secretaría de Salud.
Lo que sí le debe quedar claro a toda la población es que la totalidad de servicios médicos y tratamientos deben prestarse gratuitamente y en forma eficiente, y que los únicos requisitos que debo cumplir para gozar de este Nórdico servicio son: Ser una persona que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social me dará derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social; No ser derechohabientes de la seguridad social, y Contar con Clave Única de Registro de Población.
Para que vean que no hay pobreza y no hay motivo para pretender cobrar ilegales cuotas de recuperación, o justificar mala atención o desabasto, de entrada se recetan a favor del naciente instituto en los términos del artículo décimo transitorio del citado decreto, la friolera de cuarenta mil millones de pesos, que toman del fideicomiso ya existente “Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud” para que se transfieran al Instituto de Salud para el Bienestar. Cuando mejorará el IMSS, pregunto.
Es tiempo que la población exija lo prometido al gobierno federal y de no cumplirse hay medios legales. No hay excusas. ¿Donde me inscribo?
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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