Los Hombres del Poder, Por Gabriel Ibarra Bourjac //

Creíamos que después de las vacaciones decembrinas el gobernador Enrique Alfaro regresaría a la actividad relajado, con un mejor humor y un discurso más amigable, menos de confrontación, como se distinguió en su primer año de gobierno.

Sin embargo, a juzgar por el mensaje que envío desde las redes el pasado viernes, vuelve a ser el Alfaro de oposición, el que se sube al ring y que le resultó hasta antes de ser gobernador.

El problema de la violencia y la inseguridad que golpea a Jalisco lo saca de sus casillas como lo manifiesta al responder al informe anual de desaparecidos que dio a conocer el Subsecretario de Derechos Humanos de la SeGob, Alejandro Encinas, en la que aparece Jalisco como la entidad número uno en el país, el nada honroso primer lugar, lo cual Alfaro lo considera como un ataque que desde una oficina de la Ciudad de México alguien le ordenó hacerlo a este funcionario de la 4T y que en el pasado fue aliado del hoy gobernador del estado.

Tiene razón Alfaro en un punto: el informe está incompleto, pero lo que sí es una realidad o que demuestre lo contrario, es que Jalisco sí está en primer lugar en desaparecidos de México: son 2,100. Sin embargo a Alfaro le molesto que esta información fuera presentada con mala leche, pues el otro dato que considera significativo, es que en Jalisco es el Estado que encuentra también a más personas que desaparecen que fueron 2,318.

Al mismo tiempo salió a defender su política de seguridad al volver a presentar el ‘resultado positivo’ del trabajo de su gobierno por recuperar la tranquilidad en las calles y espacio público del Estado, culpando de nuevo a los medios de comunicación que no informan a los ciudadanos.

CULPA AL GOBIERNO FEDERAL

Lo nuevo en el discurso del gobernador Alfaro es que los homicidios y los desaparecidos es tarea del Gobierno Federal, ya que según él, hubo un acuerdo entre los dos gobiernos para enfrentar la problemática de seguridad: gobierno del Estado y municipios enfrentarían los delitos de alta incidencia y los de alto impacto (especialmente homicidios y desaparecidos) sería tarea del Gobierno de la República.

“No están desapareciendo personas para robarles dinero, ni para extorsionarlas, están desapareciendo personas para matarlas. Esa es la realidad y la pregunta es, y el gobierno de la república aparte de dedicarse a atacar políticamente a gobernadores, ¿cuándo le va a entrar en serio contra el crimen organizado?, ¿cuándo nos vamos a dejar de los mensajes que no llevan a ningún lado?, ¿cuándo vamos a lograr entender que este es un trabajo que nos necesita a todos?

DISMINUYEN LA INCIDENCIA 28%

En su mensaje el gobernador Alfaro dijo con plena convicción que su gobierno está siendo afectivo en enfrentar la delincuencia, ya que en este primer año, comparando las cifras con el 2018 la incidencia delictiva total disminuyó en 28%, más de una cuarta parte del total de los delitos.

“Particularmente, en los delitos que definimos como prioritarios en la acción local del gobierno del estado y de los gobiernos municipales, los delitos patrimoniales que afectan el patrimonio de las personas, porque fue una estrategia definida y valga el espacio para recordarlo, con el gobierno de la república, por eso hoy extraña la actitud que algunos toman”.

El temperamental gobernador aseguró que ese fue el acuerdo con el gobierno federal.

¿Y LOS HOMICIDIOS?

El tema de los homicidios también lo abordó Alfaro. “No podemos cantar victoria ni levantar los brazos en señal de triunfo, pero tenemos la obligación moral de informarle a los jaliscienses la realidad en la que estamos, y los medios de comunicación tendrían que tener también esa obligación moral. Creo que el reto es entender en dónde está la otra parte del problema, porque luego la respuesta a lo que decimos es, ¿Y los homicidios?, Nada más que pequeño problema, en este acuerdo que tuvimos con el gobierno de la república, la agenda del crimen organizado recae como una responsabilidad directa del gobierno federal”.

En esa óptica y tal vez esa sea la causa del enojo del gobernador de Jalisco, es que en tratándose de crimen organizado (homicidios violentos y desaparecidos) es tarea del Gobierno Federal, es al que se le debe exigir resultados, no a él.

Alfaro es calificado de acuerdos a estudios de opinión pública como el gobernador más ineficiente en materia de seguridad en el país y eso seguramente le provoca mucho más que un simple dolor de estómago, que los jaliscienses no le reconozcan su trabajo.

Habrá que recordar que cuando Alfaro no era gobernador y encabezaba la oposición criticaba a los que llamaba gobiernos ineptos y los responsabilizaba de la inseguridad, de que carecían de capacidad para brindar seguridad a los jaliscienses.

Hoy que es gobernador el problema de homicidios y desaparecidos le ha explotado en las manos y le echa la papa caliente al Gobierno Federal, pero olvida que los asesinatos son del fuero común y la Fiscalía del Estado tiene la obligación, de acuerdo a la ley, de hacer las investigaciones pertinentes y sancionar a los criminales.

En el caso de los desaparecidos el Gobierno del Estado tiene una Fiscalía Especial que ha sido eficiente en encontrar los 2,318, pero en contra partida hay 2,100 que no aparecieron y que seguramente ya no aparecerán con vida, tal vez los localicen, es triste decirlo, en una de esas decenas de tumbas clandestinas.

Mañana martes el gobernador de Jalisco se reunirá con el Presidente López Obrador, conforme el propio Alfaro lo anunció, encuentro en el que le pedirá al tabasqueño que se respete a Jalisco.

Por lo pronto, iniciamos el año con esta brasa que de nuevo se aviva el choque entre los gobiernos estatal y federal. Se desactivará el martes el pleito o este match será permanente, donde Jalisco tiene todas las de perder.

Políticamente Correcto, por César Iñiguez //

Vivimos en una sociedad cada vez más difícil, en donde el error es de todos y la culpa es de nadie. Vivimos en una sociedad donde la gente culpa al gobierno y el gobierno culpa a la sociedad en un círculo vicioso sin fin.

Esa culpa, es como la piedra que aventamos para después esconder la mano, y desentendiéndonos de nuestra responsabilidad, señalamos culpables en esta sociedad hiperdemocratizada y fortalecida por las redes.

A través del celular o del monitor lanzamos sentencias implacables, señalando al que muchas veces es la víctima, viendo solo la superficialidad.

El caso de hoy, de Ángel conmocionó al país, el niño de 11 años que armado, disparó en contra de su maestra arrebatándole la vida y dejando a 5 compañeritos más heridos, para después suicidarse.

Dicen, que se había inspirado en otros estudiantes que protagonizaron tiroteos en Estados Unidos, y que su atuendo así lo confirmaba, que era retraído, que estaba enfermo y otros disparates como el que hasta estaba afectado por videojuegos, dijo el inepto del gobernador de Coahuila.

En el transcurso del día, se supo que la mamá del niño recientemente falleció, que vivía con la abuela y que tenía un papá ausente.

Somos buenos para etiquetar y juzgar, pero escapamos de nuestra responsabilidad escondiéndonos en esta sociedad moralina.

Era un niño de 11 años, que tuvo acceso a un arma, que estudiaba en colegio y que difícilmente tenía alguien que lo atendiera como debe atenderse a un niño.

Como padres en esta sociedad ¿realmente estamos al pendiente de nuestros hijos, de sus miedos, de sus frustraciones y de sus conflictos diarios?

Nos vamos por la fácil, renunciando a nuestra corresponsabilidad social, etiquetamos y señalamos al responsable como si se tratara de un adulto y delincuente consumado, cuando se trata de un niño.

Vivimos en una sociedad mecanizada y absorbida en lo banal.

Vivimos en un mundo rapaz en el que nos cuesta ponernos en los zapatos del otro, en tratar de pensar como piensa, de sentir lo que siente y de entender su realidad.

Si eso hiciéramos, podríamos resolver muchos problemas, entenderíamos más de la violencia que nos aqueja, podríamos entender cómo los sicarios y delincuentes viven en un entorno violento desde niños y deciden entrar en ese mundo porque para muchos, nacer y vivir en la pobreza y la desigualdad, es morir en ella.

Estudios revelan que la mayoría de sicarios y delincuentes crecen en entornos violentos con profunda desigualdad y pobreza, tanto sociales como familiares, y que al no ver esperanza de vida deciden entrar en esa vida, en la que de antemano saben, es efímera.

Esos mismos estudios revelan que muchos de ellos crecen con un enorme rencor hacia sus padres y cualquier salida, incluso hacerse delincuentes, es mejor opción que seguir con esa vida condenada a la miseria.

Somos incapaces de entender eso y tenemos gobiernos que quieren enfrentar el problema con sangre y fuego.

Porque entenderíamos que muchos problemas se resolverían al atender a nuestros hijos, en fomentar los valores familiares y quitar los estereotipos violentos, de todo tipo, que inundan nuestra sociedad.

Son problemas que nos tocan a todos y que debemos entender que es nuestra responsabilidad, sin egoísmos, principalmente de nuestros gobiernos, cumpliendo con una obligación histórica, a combatir la pobreza y la desigualdad, pero sobre todo en lo primario, en atender esta obligación con los nuestros.

¿Cuántos padres no pueden con sus hijos sin darse cuenta que lo que necesitan es mayor atención, guía y cuidado?

El caso de Ángel retrata la sociedad palaciega que somos, comodina y juzgadora en exceso, y que rehuye sobre todo, a su responsabilidad de reconstruir desde la propia, la casa común, que es nuestra comunidad.

Facebook: César Iñiguez

Twitter: @CesarIniguezG

E-mail: cesar_iniguez@hotmail.com

Por Daniel Emilio Pacheco //

El beneficio que los mexicanos obtendrían con el éxito de la política pública de salud de Andrés Manuel López Obrador, sería incuestionable, relevante a nivel mundial.

Por ello es importante revisar los números y las acciones que hasta el momento se han realizado para llegar al fin deseado:

“Vamos por eso a reestructurar todo el sistema de salud, vamos a crear un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que se va a ocupar de la atención de quienes no tienen posibilidades de contar con un seguro, de la población no asegurada, es de los cambios que vamos a llevar a cabo”, dijo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 9 de abril de 2019.

“Queremos garantizar el derecho a la salud y que al final del gobierno podamos decir que la atención médica en México y los medicamentos se van a entregar, van a ser gratuitos, se va a garantizar en la práctica el derecho a la salud. Eso va a ser una hazaña”, expresó.

Andrés Manuel López Obrador, el político que más poblaciones de México ha visitado y conocido, debería con su experiencia, recordar la nula o deteriorada infraestructura hospitalaria que existe en el país que ahora gobierna.

Parece que tampoco ha tomado en cuenta el recorte de presupuesto que desde hace 4 años sufre la Secretaría de Salud Federal; en el año 2000 recibía 39 mil 420 millones de pesos, para 2012 el presupuesto de dicha Secretaría era de 143 mil 593 millones de pesos. Es decir, el presupuesto de salud creció con el apoyo del programa de Seguro Popular iniciado por Vicente Fox, hasta llegar a Enrique Peña Nieto, quien en 2015 otorgó el máximo presupuesto recibido por la Secretaría de Salud, 153 mil 839 millones de pesos. En 2016 inició la reducción de dinero y llegó hasta 122 mil 244 millones de pesos en 2018 con Peña Nieto, más de 30 mil millones de reducción a la Secretaría de Salud en tres años.

La esperanza de mejor presupuesto para salud con López Obrador como presidente, se derrumbó, en 2019 el presupuesto de la Secretaría de Salud fue de 120 mil 298 millones, es decir, casi 2 mil millones de pesos menos que lo gastado por Enrique Peña Nieto.

Para 2020 fueron asignados por la Cámara de Diputados -pues el Presidente pidió 237 millones de pesos menos-, a la Secretaría de Salud 128 mil 826 millones de pesos, es decir, aun con el aumento del 3.6% respecto al 2019, el presupuesto 2020 para la Secretaría de Salud es menor que el de 2015 en más de 25 mil millones de pesos.

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) recibirá en 2020, un financiamiento de 112 mil 538.3 millones de pesos.

Entonces, presupuestalmente iniciar el INSABI es arriesgado pues no se tienen recursos para desarrollar los hospitales de especialidades necesarios, ni el dinero para contratar el personal que se requiere.

Según el director del INSABI, Juan Antonio Ferrer, el programa arranca con un déficit de 103 mil médicos, 70 mil especialistas y 250 mil enfermeras a nivel nacional. Tiene además 300 clínicas y hospitales abandonados.

La modificación al artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, que ordena brindar de forma gratuita el servicio que anteriormente se otorgaba por medio de cuotas, mete en problemas financieros al INSABI. ¡Ojo! La Constitución dice que, “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, no obliga la gratuidad de la atención. La eliminación de cuotas de recuperación complica más la situación financiera para un adecuado arranque.

Aquí también se debe agregar el gasto financiero del cambio de nombre del programa de Seguro Popular a INSABI que no es nada barato y no se ha hablado del presupuesto para ese tema, gasto que se podía eliminar al no cambiar de nombre.

Como programa social, el Seguro Popular dio buenos resultados en cuanto a la reducción de la carencia por acceso a servicios de salud, según el último informe del Coneval sobre la evolución de la pobreza en el país. En México se alcanzó una reducción de 42.8 millones de personas en 2008 a 19.1 millones en 2016, periodo donde el Seguro Popular crecía en instalaciones que prestaban atención y catálogo de enfermedades atendidas.

Si bien es cierto que los malos manejos por parte de los gobiernos estatales contra el Seguro popular fueron muchos, una correcta administración y el castigo ejemplar vía encarcelamiento a los responsables, permitiría el rescate moral de un programa que ha dado resultados.

Mantener lo logrado por el Seguro Popular y anexar los objetivos del Presidente sería algo benéfico no solo para la Administración Federal, sino también, para los pacientes y sus familiares que ahora no saben en qué va a terminar su atención.

Hablé hace unos días con el Director General de la OPD Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Jaime Andrade Villanueva, me contó de la nula comunicación que han tenido por medio del Gobierno Federal para la implementación del INSABI, aun no saben cómo y cuándo empezara la Secretaría de Salud a cubrir los servicios que se siguen prestando a los antes beneficiarios del Seguro Popular.

Los Hospitales Civiles de Guadalajara tienen la ventaja de haber cubierto los servicios del Seguro Popular por medio de empleados del propio OPD Hospital Civil de Guadalajara, motivo por el cual no se despidió a ningún trabajador con el cambio a INSABI, pero a nivel nacional, son cientos los empleados que desconocen la forma en que volverán a ser contratados y por quién.

El que nuestro Presidente piense que las cosas se harán solo por el dicho de su boca, traerá consecuencias fatales en la salud de quienes menos tienen.

El INSABI es un servicio de salud que centraliza la atención en entidades gubernamentales, los servicios de salud a los que, según el dicho del Presidente, se aspira tipo Canadá, Inglaterra o los Países Escandinavos son exactamente lo contrario.

Los servicios de salud en Canadá, Inglaterra o los Países Escandinavos son sistemas bien financiados con una operación de servicios descentralizados, que al permitir la libertad de elección del ciudadano: recompensa la calidad de atención.

Una deficiente planeación financiera, la mala comunicación por parte del Gobierno Federal con las entidades estatales y una atención monopólica, afectará al usuario que menos tiene para pagar por los servicios de salud.

En Twitter: @depachecos