Connect with us

OPINIÓN

INSABI nace en crisis

Publicado

el

Metástasis, por Flavio Mendoza //

Con la llegada de este nuevo año 2020, que por cierto le deseo Feliz Año y agradezco por su lectura y seguimiento en este Semanario al que agradezco también continuar como columnista, llega a partir del 1ro de enero el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que sustituye al Seguro Popular, en medio de lo que parece una crisis de atención de salud principalmente para quienes estaban en el extinto sistema.

La idea de un sistema de servicio de salud universal no es mala, incluso esto permitiría terminar con la duplicidad y hasta triplicidad de derechohabientes o beneficiaros de los sistemas de salud, esta idea se basa principalmente en la necesidad de otorgar servicios de salud a 20 millones de mexicanos que no contaban con ningún sistema de seguridad social o de salud, sin embargo el seguro popular otorgaba una atención para 50 millones de mexicanos, además de los servicios a sus derechohabientes del IMSS, ISSSTE y Servicio Médico Militar, con lo que la cuenta supera el número de mexicanos que habitan el país.

La cuenta de los derechohabientes y/o beneficiarios de los sistemas de seguridad social y servicios de salud indican que el IMSS atiende aproximadamente a 80 millones de mexicanos, mientras que el ISSSTE atiende a 13 millones de mexicanos, mientras que el ISSFAM, el sistema de salud de las fuerzas armadas, atiende aproximadamente a 1.5 millones de afiliados, para un total de 94.5 millones de mexicanos con atención en salud, además se agregan los 50 millones de beneficiarios del extinto Seguro Popular, lo que suma a 144.5 millones de mexicanos, para un universo de 126 millones de mexicanos aproximadamente que se estimó al cierre de 2019 y según la investigación del gobierno todavía existen 20 millones sin recibir ningún tipo de servicio de atención a la salud.

El nuevo Insabi puede terminar con la duplicidad y hasta triplicidad de quienes reciben el servicio de salud, cuando menos para quienes pertenecen a IMSS, ISSSTE e ISSFAM, pues se cotejará el registro de beneficiarios a través de la CURP, por lo que la intención es buena en ese sentido.

Sin embargo, los problemas de la crisis que ya han cobrado vidas, por los cobros de atención y medicamentos, así como por las bajas de padrones que pertenecieron al Seguro Popular, no es otra cosa que el error de haber cortado de tajo para la transición de un sistema a otro, el Insabi y el gobierno federal no contempló todo lo que significa el cambio y las implicaciones en materia de seguridad, sobre los cobros de atención, el sistema anterior y actual ya contemplaba un tabulador por niveles respecto al nivel económico del beneficiarios, comprendido hoy también en el artículo 36 de la Ley de Salud recientemente reformada, llamadas cuotas de recuperación y a partir de un estudio socioeconómico del beneficiario se aplicará la cuota por niveles.

La falta de operación, orden, logística y ejecución de las políticas en materia social son sin duda graves al tratarse de las implicaciones en este caso de la salud, en este tema no hay tiempo para poder esperar la normalización del servicio, pues del tiempo, atención y medicamentos depende la vida de miles quienes por cierto son los que menos tienen y no pueden comprar la salud por lo privado, el Seguro Popular con muchas deficiencias tenía un orden y control para la atención de pacientes, que de un plumazo no puede dejarse a la deriva.

Finalmente cargar a las instituciones de salud como IMSS e ISSSTE más beneficiarios es estirar la capacidad de atención a derechohabientes, incluso a los que con su trabajo aportan para sostener estos sistemas, si con su padrón ambos sistemas son incapaces de dar atención pertinente, imaginen con la adhesión de un mayor número de afiliados y sin aportar, solo para mencionar un ejemplo las citas de especialidad con hasta 6 meses de espera, o los accesos a los quirófanos y la falta de medicamentos, puede ser el fracaso del Insabi, al que por cierto ya 6 Gobernadores decidieron hasta el momento no incorporarse, como es el caso de nuestro estado según lo notificó el mandatario jalisciense Enrique Alfaro Ramírez, la pregunta queda al aire ¿Por estrategia y riesgo que se corre o por oposición política? Este conflicto político parece no tener fin.

Twitter: @FlavioMendozaMx

Continuar Leyendo
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Deportes

Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

Publicado

el

-Por Diego Morales Heredia

A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.

Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.

Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.

Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.

Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.

Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.

Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?

 

Continuar Leyendo

Deportes

Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

Publicado

el

Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal

Continuar Leyendo

JALISCO

Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

Publicado

el

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac 

Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.

En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.

Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.

Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.

Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?

UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS

El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.

Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.

Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.

Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.

Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.

Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.

Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.

Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.

Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.

CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD

El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.

Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.

Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.

No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.

Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.

MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER

La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.

Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.

Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.

Continuar Leyendo

Copyright © 2020 Conciencia Pública // Este sitio web utiliza cookies para personalizar el contenido y los anuncios, para proporcionar funciones de redes sociales y para analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis, que pueden combinarla con otra información que usted les haya proporcionado o que hayan recopilado de su uso de sus servicios. Usted acepta nuestras cookies si continúa utilizando nuestro sitio web.

Verificado por MonsterInsights