OPINIÓN
Inseguridad: Percepción y realidad

Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Dio a conocer el INEGI la Encuesta nacional de Seguridad Pública Urbana a diciembre de 2019 que muestra que los mexicanos nos sentimos cada día más vulnerables por la violencia, durante ese mes 72.9% de la población de 18 años y más, consideró que vivir en su ciudad es inseguro, contra una percepción del 71.3% registrado a septiembre de 2019. En el caso de las mujeres es aun mayor este porcentaje que refleja un 77.2%, mientras que para los hombres fue de 67.8 por ciento.
Esto refleja que ha desaparecido el alto nivel de confianza que el electorado había depositado en Manuel Andrés Lopez Obrador (MALO) al arranque de su administración, cuando este prometía que a partir del primero de diciembre en que inició de su mandato, la violencia desaparecería, como por arte de magia, inclusive mas de la mitad de la población sí soñaba que la violencia disminuiría en los siguientes doce meses.
La solución ahora es muy sencilla y estúpida además, simplemente se culpa a los gobernantes anteriores, diciendo que les dejaron a los actuales un desastre, suponiendo sin conceder que así fuera, ahora podemos observar, que el actual lo amplificó en forma exponencial. Los resultados nos muestran que la estrategia de seguridad adoptada por el gobierno de MALO es un fracaso, solo del primero de diciembre de 2019 al 30 de noviembre de noviembre de 2019 fueron asesinadas en el país, de acuerdo a cifras oficiales, publicadas por el “Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México”, 34,579 personas, convirtiéndolo en el año mas sangriento de la historia moderna de Mexico, solo comparable con las defunciones de la Revolución Mexicana o la Guerra Cristera. ¿Se podrá culpar de la crisis a los gobiernos anteriores cuando las cifras son muy superiores a las reportadas en los peores años de Felipe Calderón (padre de todos los males del país) o las cifras de Peña Nieto?
De acuerdo a dicha encuesta, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Puebla de Zaragoza, Tapachula, Ecatepec de Morelos, Uruapan, Fresnillo y Tlalnepantla de Baz, con 92.7, 92.1, 92, 92, 91.9 y 90.9%, respectivamente, y las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: Mérida, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Saltillo, Los Cabos ºy Puerto Vallarta, con 18.9, 18.9, 31.7, 32.1, 32.7 y 34.2%, respectivamente. Curiosamente en la zona metropolitana de Guadalajara, mejoró la percepción en esta ciudad capital, al pasar de 84% de percepción de inseguridad en septiembre pasado, al 82.3%, aumentando considerablemente en Tonalá y Tlajomulco donde la percepción subió de 76.9% a 82.1% y de 72.5% a 80.5% respectivamente.
Es claro que el presidente MALO o no sabe lo que está haciendo o el diagnóstico que le dieron sus cercanos e inútiles colaboradores está equivocado, a pesar de acciones aisladas, sigue sin combatir a los cárteles de la droga, lo que pareciera que se tiene un acuerdo con ellos para establecer la “pax narca”, situación que se confirma con “El Culiacanazo” ocurrido en octubre pasado.
Es claro que la percepción de inseguridad que nos agobia, no disminuirá aunque se trate de involucrar a empresarios para que se entrevisten con altos mandos del ejército y estos salgan declarando que sí existe una adecuada estrategia de seguridad, cosa que dudo al no reflejarse en las cifras, y a pesar de haber regresado a la Marina a las calles, situación que solo refleja el fracaso de la Guardia Nacional, la cual pareciera solo se dedica a ser “el Muro de Trump en materia migratoria”.
En la Zona Metropolitana de Guadalajara, prácticamente encuentran una fosa llena de cadáveres cada semana, y los robos a usuarios bancarios está imparable, mueren y desaparecen personas diariamente y de verdad, las autoridades tanto federales como locales pereciera que no hacen nada para mejorar su desempeño. Esta semana se dio a conocer que el Gobernador Enrique Alfaro pidió a la Secretaráa de la Defensa Nacional un permiso para portar armas, bonito el mensaje al pueblo de Jalisco ya que pareciera que la única solución en Jalisco es portar armas.
Lo que sí queda claro, es la imperiosa necesidad de que se convoque de inmediato a una nueva Convención Nacional Fiscal, donde sea replanteado el agotado sistema de reparto de recursos fiscales (que en realidad no son federales) y se propongan cambios constitucionales que acoten la alta e insaciable discrecionalidad del presidente al ejercer el gasto publico. Día a día tenemos un centralismo mas rapaz.
Deportes
Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Deportes
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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JALISCO
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.