OPINIÓN
Inundaciones en la ciudad
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Parece que de nada han servido los cientos de millones de pesos que se han gastado por años en las obras de redes hidráulicas y prevención de inundaciones en distintos puntos neurálgicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin que los gobernantes en turno hayan encontrado soluciones verdaderas y mucho menos mejoras.
Cuando fue presidente municipal de Guadalajara, el actual Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, presumió la entonces importante y costosa obra en la Zona Industrial y lugares cercanos a lo que fue la presa El Dean, lo que se aseguró sería para funcionar como un vaso regulador y evitar inundaciones en una amplia zona de la ciudad.
También las administraciones de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, han destinado cientos de millones de pesos en calles y avenidas de la Zona Industrial y colonias aledañas colocando concreto hidráulico y ahora hasta adoquín en algunos puntos, sin embargo las corrientes de la tormenta que cayó levantaron varios sectores del encarpetado y ahora otra vez pasarán varias semanas y nuevas inversiones de millones de pesos para arreglar lo que parece cuento de nunca acabar.
También desgraciadamente se ha notado que la pretensión para resolver los conflictos en las temporadas de lluvia no han funcionado y como ejemplo tenemos el más reciente del sábado 25 de julio cuando cientos de viviendas y negocios sufrieron con las aguas fétidas y en gran volumen que provocaron inundaciones.
Según afectados señalaron que se vieron abandonados de cualquier tipo de apoyo gubernamental, ni bomberos, ni de protección civil acudieron en su auxilio hasta que bajaron los niveles del agua.
También por varias horas brillaron por su ausencia brigadistas y técnicos del SIAPA, quienes demostraron que a sus jefes les importó muy poco lo que estaba sucediendo y se notó el poco interés que tiene en sus obligaciones la nueva administración del organismo responsable de las aguas residuales y el suministro del vital líquido entre la población.
Mientras tanto el poder ejecutivo estatal tampoco se notó muy preocupado por lo que sucedía y se hicieron “ojos de hormiga” ante el fenómeno que como tantos años se han padecido en la “abandonada” Zona Metropolitana de Guadalajara.
¡UN GOBIERNO APOYADO EN LA MILICIA!
La actual administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha apoyado como un salvavidas con el personal del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina Armada de México, sin que los altos mandos de los dos cuerpos militares del país sean los responsables de tantos asuntos; están haciendo lo que pueden al igual que la tropa, oficiales y jefes.
En el periódico El Universal apareció una importante nota en la que se señala que el gobierno que encabeza AMLO ha responsabilizado a esos cuerpos militares en por lo menos 13 importantes áreas como seguridad, obras, desarrollo social y salud.
Se calcula que cerca de 62 mil elementos están destinados al desempeño de esas importantes estrategias, además del cuidado y protección de instalaciones estratégicas de PEMEX, CFE, torres de microondas y otros recintos e instalaciones de los mismos institutos armados.
Según la nota periodística tienen bajo su responsabilidad la construcción y salvaguarda del Aeropuerto de Santa Lucía, de las sucursales y posible operación del flamante Banco del Bienestar, además de la construcción de por lo menos dos tramos del Tren Maya.
En la lista de obligaciones también se aprecia que tienen o han tenido que remodelar hospitales que estaban abandonados, atender afectados por la pandemia de COVID-19, así como la custodia de redes de hidrocarburos para combatir al huachicoleo. Otra obligación es custodiar las zonas fronterizas para que no se puedan desplazar centroamericanos o ciudadanos de otros países al vecino país del norte y se incomode el señor Trump.
Varios cientos de elementos que estaban encuadrados en el Ejército Mexicano, de un plumazo engrosaron el cuerpo supuestamente de élite denominado Guardia Nacional, el que por cierto no ha tenido brillantes acciones ni estrategias de los responsables de esa dependencia.
La distribución de recursos de varios programas sociales también están bajo su responsabilidad, así también la organización denominada Jóvenes Construyendo el Futuro, el apoyo a Sembrando Vida, el reparto de fertilizantes en distintos centros de cultivo del país y en últimas fechas la custodia y manejo de los puertos marítimos y terrestres, así com las aduanas instaladas en todos los puntos de ingreso y salida de la República Mexicana.
En pocos meses tendrán nueva carga de trabajo el personal militar cuando se lleven a cabo las elecciones federales y locales en todo el país, con el consiguiente traslado del material electoral y su custodia, lo que implicará aún más carga de trabajo para los mismos elementos de las fuerzas castrenses.
Hay que hacer notar que como ha ocurrido desde hace muchos años y ahora no es diferente, que la atención del personal que cuida y sirve al Presidente de la República y a su familia que residen en Palacio Nacional, se lleva a cabo por elementos castrenses como se hacía en Los Pinos, así que tal parece que eso no ha cambiado y todo sigue como cuando los mandatarios eran afiliados a los partidos políticos PAN y PRI, entonces ¿cuál cambio?.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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