OPINIÓN
La agenda presidencial
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
El primer trimestre del año no ha sido favorable para los empeños del presidente López Obrador de conducir la agenda pública. La realidad se ha impuesto sobre el discurso gubernamental y se ha manifestado en voces de diverso sello, que han relanzado los temas de su interés por encima de los asuntos que le interesan al gobierno. Han coadyuvado a la pérdida del control sobre la agenda mediática, los desaciertos de la administración gubernamental, que encarnada en un solo hombre, empieza a mostrar profundas limitaciones.
El improvisado lanzamiento del Instituto para la salud y el bienestar, INSABI, sin reglas de operación, sin recursos suficientes y sin una estrategia de sustitución ordenada del Seguro Popular, revirtió la intención de capitalizar el postulado presidencial de un sistema de salud universal y rompió, en el primer mes del año, el esquema temático de las conferencias cotidianas.
La rifa del avión presidencial actuó como un eficaz distractor, apoyado en el tema en el que mejor le va al presidente que es el del combate a la corrupción, pero tampoco ese recurso tuvo un impacto positivo, sino de chunga, de vacilada.
A estos errores, le siguió la rebeldía de algunos gobernadores, y en las calles, las mujeres se hicieron presentes exigiendo mayor atención del estado para su protección por la violencia imperante en casi todo el territorio nacional, cada vez más frecuente y más cruel, misma a la que el presidente ha respondido con una inexplicable indiferencia y hasta con arrogancia. La pérdida del control sobre la agenda ha llegado al punto de que hasta las diferencias entre los asistentes a las conferencias se imponen sobre los temas gubernamentales. Un pleito verbal entre dos “periodistas,” envió a segundo término los anuncios de la Unidad de Investigación Financiera.
Sin embargo, el que se haya perdido el control de la agenda pública no es lo más importante a señalar, sino el hecho de que la agenda gubernamental corre en dirección distinta a la del interés general. Dick Morris, en su libro “El nuevo Príncipe” (p.101 Ed. El Ateneo), enuncia lo siguiente: “El liderazgo es una tensión dinámica entre dónde piensa un político que debe ir el país y dónde quieren ir sus votantes. Las iniciativas osadas que dejan a los votantes detrás no son actos de liderazgo sino de arrogancia pretenciosa.” Es innegable que el presidente ha construido un liderazgo sólido. Las recientes encuestas muestran que su popularidad no disminuye, afianzada por su imagen de austeridad, franqueza y sencillez, no obstante, la aprobación a su mandato se deteriora y muestra ya, en solo un año, un descenso de 22 puntos según “El Universal” y de 19 según “Reforma”, acelerándose la tendencia a la baja en este primer trimestre.
Pasado el impacto de sus primeras decisiones para hacer realidad algunas de sus promesas de campaña, la gente espera ver resultados en políticas públicas más allá de los apoyos directos en programas sociales y eso se ha reflejado en los estudios de opinión. Estos, aparentemente no le son importantes para la toma de decisiones, impelido como está a imponer su ideología y conceptos, pero negar sus resultados lo puede llevar a un divorcio real respecto a la opinión popular. Por lo pronto, el no atender y menospreciar las muestras de inconformidad ya le arrebataron el control de la agenda. Sorprende que un político con el instinto de López Obrador, que supo integrar su discurso para llegar al poder, con base en la irritación social, hoy se muestre distante o desaprensivo del humor social que está generando su gestión. Es un político pragmático, que seguramente sabe que muchas de sus acciones no gustarán, pero es su deber trabajar para articularlas de tal forma que resulten aceptables, sin embargo, parece ser que le interesa más trascender como un idealista convencido de su proyecto, dispuesto al martirio, como uno más de los héroes nacionales a los que alude con frecuencia.
El futuro inmediato no es promisorio para la situación del país y enfrentar lo que viene va a requerir de una mejor actuación de la que ahora se ha exhibido por el gobierno. La política monetarista que ha seguido el Banco de México puede amortiguar por un tiempo los efectos del estancamiento económico y los factores externos, pero tarde o temprano trasladará los costos a la economía popular. Por otra parte las finanzas nacionales tienen demasiada presión para mantener el equilibrio presupuestal, ante la falta de ingresos y el crecimiento de las dádivas de los programas sociales.
Por el momento, el gobierno ha perdido el control de la agenda mediática y ha mostrado falta de reflejos ante legítimas demandas sociales, mientras la inversión pública y privada siguen retraídas y los proyectos para reactivar la economía detenidos y para colmo, ahí viene el corona virus a presionar a un sistema de salud endeble. Ojalá puedan reaccionar a tiempo.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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