OPINIÓN
La decencia
Por Luis Manuel Robles Naya //
El diccionario de Google la define como: observación de las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres, en especial en el aspecto sexual.
Honradez y rectitud que impide cometer actos delictivos, ilícitos o moralmente reprobables.
Por su parte el diccionario de uso del español de María Moliner define a “decente” como un adjetivo aplicado a las personas, sus acciones y sus cosas, honrado o digno, incapaz de acciones delictivas o inmorales.
Conceptualmente, la decencia es un valor, uno de muchos que son necesarios para la convivencia armónica en sociedad y que desafortunadamente han venido cayendo en desuso, en parte porque dejaron de ser enseñados en las escuelas y en otra más grave porque cada vez menos se observan en el seno familiar.
Los psicólogos dicen que la decencia se debe enseñar en todo momento a partir del propio ejemplo, tanto en conversaciones como en gestos, actitudes y vestimenta. Comportarse decentemente implica un comportamiento que refleje la calidad de la persona y el respeto por los demás.
En política, la decencia tiene que ver con la conducta que se asume ante los ciudadanos. En el contexto de la política, lo central no es solo si la persona es decente, sino si la orientación política seguida es decente y eso termina por calificar a la persona.
En 1954, el senador republicano por el Estado de Wisconsin en USA, Joseph McCarty, instauró una época de persecución y difamación sobre personalidades de la cultura, el cine y la política cobijada en la bandera del anticomunismo. Dicha campaña vino a menos cuando la notoriedad de ésta provocó que las audiencias fueran televisadas, dando lugar a un evento definitorio cuando el abogado Joseph Welch, después de una encendida acusación de McCarty se limitó a preguntar “¿no tiene usted decencia señor mío? ¿No le queda ya ni un rasgo de decencia?” Dicho cuestionamiento llevó a una reflexión colectiva que a la postre devino en la defenestración política del senador y su funesta campaña difamatoria. Años después, la misma argumentación fue usada por el ex presidente Carlos Salinas al hacerle la misma pregunta al entonces candidato Donald Trump por su campaña xenofóbica, sin que hubiera obtenido los mismos resultados, obviamente porque la sociedad americana ya no es la misma de 1954 y su moral colectiva es diferente o al menos se encuentra muy dividida.
En México es claro que la moral política de los últimos años está muy alejada de la decencia que debiera caracterizarla. Se privilegian los intereses y los acuerdos de beneficio y hasta de complicidad por sobre el interés colectivo entre políticos y entre partidos y se antepone el interés particular del gobernante en un presidencialismo autárquico. La corrupción permea en todos los ámbitos de la vida social y su persecución e intentos de erradicación son tan superfluos e inmediatistas que sus alcances son vagos y de dudosa permanencia. Hasta el momento, parece que el combate a la corrupción es solo un instrumento de propaganda selectiva con objetivos a modo para satisfacer el morbo colectivo.
Es justo y necesario que se persiga y sancione a quienes cometieron actos de corrupción, esto nos dará una satisfacción momentánea, pero resulta inexplicable que a la vez que se persigue se desmantele el aparato institucional que se había creado para detectar, prevenir y castigar la corrupción y la impunidad, sin crear algo que lo sustituya y lo perfeccione.
El afán de posicionar ese combate superfluo a la corrupción tiene al actual gobierno al borde del McCartismo con la Unidad de Inteligencia Financiera hurgando en cuentas y movimientos de empresas y ciudadanos, congelando cuentas sin orden o mandamiento judicial o solo por la presunción desprendida de una carpeta de investigación, filtrando acusaciones y elementos que provocan un juicio sumario mediático y social. Alarma esto por el precedente que se impone, por la indefensión en que coloca al ciudadano y por el poco respeto a la legalidad.
Sin embargo, es loable que se persiga a fondo y que se impriman miles de cartillas morales (aunque sean distribuidas por iglesias al margen de la secularidad del Estado), lo necesitamos porque se debe recuperar el sentido de la decencia y los valores en una sociedad cada vez más empobrecida ética y culturalmente. Pero, difícilmente se puede creer que van contra la corrupción y por la renovación moral, si por otro lado permiten que las organizaciones magisteriales sigan lucrando con las plazas, corrompiendo el sistema escalafonario y algunos de los más nefastos líderes sindicales gocen de la protección oficial, mientras se persigue selectivamente a otros.
Vale la intención del presidente López Obrador de recuperar los valores del “pueblo bueno” apelando a una constitución y a una cartilla moral, pero los hechos borran con la cola lo que se hace con el pico. Recuperar la decencia en la política es necesario pero se necesita más que una intención y un discurso.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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