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OPINIÓN

La decencia

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Por Luis Manuel Robles Naya //

El diccionario de Google la define como: observación de las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres, en especial en el aspecto sexual.

Honradez y rectitud que impide cometer actos delictivos, ilícitos o moralmente reprobables.

Por su parte el diccionario de uso del español de María Moliner define a “decente” como un adjetivo aplicado a las personas, sus acciones y sus cosas, honrado o digno, incapaz de acciones delictivas o inmorales.

Conceptualmente, la decencia es un valor, uno de muchos que son necesarios para la convivencia armónica en sociedad y que desafortunadamente han venido cayendo en desuso, en parte porque dejaron de ser enseñados en las escuelas y en otra más grave porque cada vez menos se observan en el seno familiar.

Los psicólogos dicen que la decencia se debe enseñar en todo momento a partir del propio ejemplo, tanto en conversaciones como en gestos, actitudes y vestimenta. Comportarse decentemente implica un comportamiento que refleje la calidad de la persona y el respeto por los demás.

En política, la decencia tiene que ver con la conducta que se asume ante los ciudadanos. En el contexto de la política, lo central no es solo si la persona es decente, sino si la orientación política seguida es decente y eso termina por calificar a la persona.

En 1954, el senador republicano por el Estado de Wisconsin en USA, Joseph McCarty, instauró una época de persecución y difamación sobre personalidades de la cultura, el cine y la política cobijada en la bandera del anticomunismo. Dicha campaña vino a menos cuando la notoriedad de ésta provocó que las audiencias fueran televisadas, dando lugar a un evento definitorio cuando el abogado Joseph Welch, después de una encendida acusación de McCarty se limitó a preguntar “¿no tiene usted decencia señor mío? ¿No le queda ya ni un rasgo de decencia?” Dicho cuestionamiento llevó a una reflexión colectiva que a la postre devino en la defenestración política del senador y su funesta campaña difamatoria. Años después, la misma argumentación fue usada por el ex presidente Carlos Salinas al hacerle la misma pregunta al entonces candidato Donald Trump por su campaña xenofóbica, sin que hubiera obtenido los mismos resultados, obviamente porque la sociedad americana ya no es la misma de 1954 y su moral colectiva es diferente o al menos se encuentra muy dividida.

En México es claro que la moral política de los últimos años está muy alejada de la decencia que debiera caracterizarla. Se privilegian los intereses y los acuerdos de beneficio y hasta de complicidad por sobre el interés colectivo entre políticos y entre partidos y se antepone el interés particular del gobernante en un presidencialismo autárquico. La corrupción permea en todos los ámbitos de la vida social y su persecución e intentos de erradicación son tan superfluos e inmediatistas que sus alcances son vagos y de dudosa permanencia. Hasta el momento, parece que el combate a la corrupción es solo un instrumento de propaganda selectiva con objetivos a modo para satisfacer el morbo colectivo.

Es justo y necesario que se persiga y sancione a quienes cometieron actos de corrupción, esto nos dará una satisfacción momentánea, pero resulta inexplicable que a la vez que se persigue se desmantele el aparato institucional que se había creado para detectar, prevenir y castigar la corrupción y la impunidad, sin crear algo que lo sustituya y lo perfeccione.

El afán de posicionar ese combate superfluo a la corrupción tiene al actual gobierno al borde del McCartismo con la Unidad de Inteligencia Financiera hurgando en cuentas y movimientos de empresas y ciudadanos, congelando cuentas sin orden o mandamiento judicial o solo por la presunción desprendida de una carpeta de investigación, filtrando acusaciones y elementos que provocan un juicio sumario mediático y social. Alarma esto por el precedente que se impone, por la indefensión en que coloca al ciudadano y por el poco respeto a la legalidad.

Sin embargo, es loable que se persiga a fondo y que se impriman miles de cartillas morales (aunque sean distribuidas por iglesias al margen de la secularidad del Estado), lo necesitamos porque se debe recuperar el sentido de la decencia y los valores en una sociedad cada vez más empobrecida ética y culturalmente. Pero, difícilmente se puede creer que van contra la corrupción y por la renovación moral, si por otro lado permiten que las organizaciones magisteriales sigan lucrando con las plazas, corrompiendo el sistema escalafonario y algunos de los más nefastos líderes sindicales gocen de la protección oficial, mientras se persigue selectivamente a otros.

Vale la intención del presidente López Obrador de recuperar los valores del “pueblo bueno” apelando a una constitución y a una cartilla moral, pero los hechos borran con la cola lo que se hace con el pico. Recuperar la decencia en la política es necesario pero se necesita más que una intención y un discurso.

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OPINIÓN

¡A punta de pistola!

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Opinión, por Mario Ávila //

Desde aquel “Te voy a partir la madre”, que le endilgó a un reportero vía telefónica cuando era alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Enrique Alfaro Ramírez, hoy gobernador de Jalisco, mostró públicamente la violencia ha sido un gran problema que no ha podido controlar, a pesar de que según dicen sus allegados, lo ha intentado.

Una década después de ese suceso, el mandatario jalisciense queda en evidencia de nueva cuenta que lo suyo lo suyo, no es la paz, no es tender la mano, no es el mensaje mesurado, no es el diálogo como el camino para lograr la armonía y el convencimiento. Lo suyo es la violencia y por ello ha legado al extremo de haber solicitado permiso para portar arma.

En el camino se han atravesado algunas víctimas, como aquel adulto mayor que se atrevió a reclamarle cuando era alcalde de Guadalajara, lo que a su juicio era un mal gobierno y se lo dijo cara a cara en una gira de trabajo por una unidad deportiva.

Ahí el gobernador de Jalisco, sin importarle la presencia de la gente, las cámaras y los micrófonos, se le fue encima y no lo golpeó porque los uniformados se llevaron al inconforme de la escena violenta, pero lo que sí se llevó el ciudadano en respuesta a su queja, fue una retahíla de insultos.

Qué decir de los periodistas que tienen el atrevimiento que escribir algo que moleste al gobernador o simplemente que pregunten algo que le incomode; se llevan ofensas, agravios y menosprecio.

Decía mi abuela que la lengua también mata. Es decir, Alfaro Ramírez no necesita de un arma para hacer un gobierno a punta de pistola, lo puede hacer, y en honor a la verdad creo que lo ha hecho con obras y acciones, con declaraciones e insultos, con desplantes y con amenazas.

La noticia más relevante de esta semana, no la más popular porque esa fue la posibilidad de que se rife el avión presidencial, fue la nota de la periodista Gloria Reza, publicada en el portal digital Partidero de Diez, en donde se revela que “Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, y dos de sus colaboradores más cercanos, integrantes del Gabinete de Seguridad, argumentando inseguridad y otros motivos solicitaron a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) la portación de arma de fuego”.

Y la nota abunda: “En su solicitud, fechada el 8 de marzo de 2019 –cuatro meses después de asumir el cargo–, el gobernador argumentó: “Las actividades políticas y situación económica que como actividades laborales realizo, a mi juicio me colocan como blanco rentable y vulnerable para ser objeto de algún atentado de secuestro o robo debido a los desplazamientos e inseguridad en las carreteras, ya que tengo la necesidad de circular por las mismas a varias ciudades de la República Mexicana, para realizar mis actividades laborales.

El objetivo, abundó Alfaro Ramírez en la citada misiva era proteger “mi persona, familia y bienes… La inseguridad que vive actualmente la sociedad del estado de Jalisco y el resto de la República Mexicana que realmente es alarmante por el crecimiento de grupos delictivos dedicados al narcotráfico y al secuestro”.

El arma que el trío de funcionarios buscaba adquirir era un arma calibre .380, permitida por la ley, así como 200 cartuchos. Y aunque los aludidos, una vez ventilada la información desdeñaron la importancia del trámite, culparon a otros porque les sugirieron presentar la solicitud y afirmaron que no le había dado seguimiento, la periodista que hizo público el caso, afirma que la solicitud no prosperó porque no presentaron el resultado de exámenes toxicológicos.

En fin, lo que refleja en primera instancia esta información, es una discrepancia total entre lo que Alfaro Ramírez dice y lo que en verdad siente. En su discurso en todo momento ha intentado modificar cifras, manipular números y hasta cambiar de nombre a los crímenes para dar la impresión de que la incidencia delictiva está cediendo, pero en los hechos, él mismo se siente inseguro y hasta siente la imperiosa necesidad de portar arma, pese al séquito de guardaespaldas que día y noche tiene a su disposición.

Pero lo trascendente de esta información es lo que refleja de fondo este hecho, es que se confirma que el estilo de este gobierno será un sexenio a punta de pistola y no necesariamente con un arma fajada en la cintura, sino como mi abuela decía, “la lengua también mata”.

En los hechos, Alfaro Ramírez ha mostrado que no ha intentado convencer al Poder Judicial de la necesidad de transformarse de fondo, está en busca de pisotearlos primero y dominarlos después, según lo advierten algunos analistas.

Y a los partidos políticos, no los ha convencido de las bondades de sus propuestas, los ha puesto contra la pared como fue el caso de poner tras las rejas durante 15 días al ex presidente del PAN, Antonio Gloria Morales, para logar que la fracción parlamentaria albiazul le diera los votos necesarios para que prosperara su proyecto del sexenio: La refundación, vía una nueva Constitución.

Y hoy surge el caso del ex presidente del PRI, Miguel Castro Reynoso, para quien decretaron 3 meses de cárcel, aparentemente por violar las condiciones que el juez dispuso en un proceso, pero casualmente Alfaro hoy necesita todo el apoyo del PRI y el resto de los partidos político (con excepción de Morena), para mostrar un Jalisco unido, fuerte y solidario, ante la gran batalla que se avecina contra el Gobierno Federal por la imposición de un nuevo sistema de salud.

Es decir, Enrique Alfaro para qué quiere portar pistola, si tiene toda la fuerza del Estado a su disposición y la utiliza no solo para defenderse de eventuales riesgos, sino para cumplir con todos sus propósitos. En síntesis, no requiere traer la pistola fajada al cinto, para gobernar “a punta de pistola”.

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OPINIÓN

El INSABI y el nuevo choque Alfaro-AMLO

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Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Un buen round se dará el gobernador Enrique Alfaro con el Presidente Andrés Manuel López Obrador por la centralización que la 4T pretende realizar del servicio de salud.

Durante el pasado fin de semana el gobernador Enrique Alfaro fue muy preciso en la postura que asumirán en torno a la posible firma y adhesión al Insabi:

Lo que nosotros vamos a hacer es plantear de inicio una propuesta de convenio de no adhesión, es decir Jalisco va a mantener su postura de que no vamos a entregar el sistema de salud a la Federación, por razones que vamos a explicar la próxima semana”.

Aquí en Jalisco no nos vamos a dejar presionar, esa no es la forma, Jalisco va a actuar con un sentido de responsabilidad histórica; si yo tomara una decisión en función de si me dan mil millones de pesos o no, imagínense qué clase de gobernador sería. Yo no voy a actuar así, yo estoy escuchando a la gente que sabe de tema de salud”.

Y no es capricho, quiero que se entienda por qué, no es si quiero o no quiero, imagínense qué fácil para el gobernador de Jalisco, nos desentendemos del tema de salud, ay que lo resuelva el presidente, que lo paguen, que lo arreglen, que lo resuelvan ellos, pues para mí que problema habría en eso”.

Luego viene la sobadita para evitar que digan que obstaculiza las políticas y programas del Presidente López Obrador:

Queremos ayudarle al presidente pero también que nos escuche como gobierno, academia, trabajadores del sector salud, pacientes y, sobre todo, como jaliscienses”.

Bueno, eso es el posicionamiento que hace el gobernador de Jalisco. Vamos a ver si se sostiene, porque un día dice una cosa desde Guadalajara, pero cuando está enfrente de López Obrador, cambia el discurso.

En esta lucha por evitar entregar los hospitales de Jalisco al Gobierno Federal, el gobernador no está solo, hace causa común con los hospitales civiles y, por supuesto, con el poderoso Grupo Universidad, que tienen la particularidad de no ser afines a la 4T y a López Obrador, recordemos las descalificaciones que se lanzaron durante la campaña electoral pasada los dos personajes referidos y que hoy con todo y que se repelen, tienen que entenderse para ejercer el gobierno.

¿QUIÉN TIENE RAZÓN?

En esta disputa, habría que señalar que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es rechazado por seis gobernadores (Martín Orozco de Aguascalientes; Diego Sinhue de Guanajuato; Francisco Domínguez de Querétaro; Carlos Mendoza de Baja California; Francisco García de Tamaulipas y Enrique Alfaro de Jalisco, de Movimiento Ciudadano).

Creo que en este tema el gobernador Alfaro tiene razón, el Insabi parece estar hecho con las extremidades inferiores, sin reglas de operación y sin un presupuesto claro. Es un grave error haber eliminado de tajo, de la noche a la mañana, el Seguro Popular que con sus deficiencias, sí era de utilidad para más de 50 millones de mexicanos.

La justificación para imponer el Insabi a rajatabla es la corrupción que se generó en torno al Seguro Popular, lo cual es real, pero meter el freno y dejar a millones de pacientes sin servicio, es una actitud miope. ¿Cuántas personas perderán la vida por este grave error?

La intención de ofrecer un servicio de salud con medicinas totalmente gratis es ideal, como lo han hecho otros países del mundo, como Dinamarca, cuya tasa de impuestos que pagan los contribuyentes es muy alta y es general. Aquí el tema es de dónde saldrán los recursos económicos para poder hacer realidad ese sueño. ¿De dónde? ¿A qué áreas se le quitará presupuesto para que esto se cumpla?

Por citar un ejemplo: el IMSS para el ejercicio fiscal de 2019 se aprobó un presupuesto anual de 746 mil millones de pesos, un incremento de 67 mil millones más que el de 2018 y que suman la aportación tripartita (patrones, trabajadores, gobierno) y sabemos cómo se otorgan esos servicios, en particular los de tercer nivel en los que los pacientes tienen que esperar meses para poder recibir una intervención, y no pocos pierden la vida sin que les llegue la operación requerida.

El Presidente López Obrador afirmó que aquellos que no tienen la seguridad social (IMSS-ISSTE, Hospitales Militares) van a contar con atención médica y medicamentos gratuitos, se les va a garantizar ese derecho a través del Insabi, por lo que se está reorganizando el Sistema de Salud Pública y a mas tardar el 1 de diciembre de este año estará listo con todo lo que ofrecen (análisis, medicamentos gratuitos y atención médica gratuita).

Se oye muy bien, pero ver para creer. Por lo pronto, su arranque ha sido pesimamente operado.

En lo que es Jalisco, que es lo que interesa a la población de aquí, es cómo se hará la reestructuración del Sistema de Salud y qué pasará con ese choque de criterios con el gobierno de la 4T, vamos a ver si la posición dura del gobernador Alfaro permite se avance y se logren mayores recursos o sucede todo lo contrario.

Muy pronto lo sabremos.

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OPINIÓN

Se asoma la censura en la 4T

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

Un Gobierno progresista está obligado a promover la libertad de expresión, no ha censurarla. Entre la crisis del Insabi y un avión presidencial que ha servido de campaña política para el proceso electoral y para mantener los niveles de popularidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, destaca una serie de documentos que circularon en redes, atribuidos principalmente a la Fiscalía General de la República (FGR), se trata de borradores que integrarán el paquete de Reformas al Poder Judicial.

La pretensión de un nuevo Sistema de Justicia implica por ejemplo tener un Código Penal único para toda la nación y eliminar los de cada Estado. El Código de Procedimientos penales, por ejemplo, plantea eliminar las restricciones al arraigo, lo que pone en entre dicho la presunción de inocencia de los ciudadanos, pues esta medida se aplica principalmente para poner a disposición del Ministerio Público a un sospechosos hasta por 40 días de arraigo, mientras se reúnen pruebas en su contra, esta medida se aplicaba sólo para aquellos posibles integrantes de la llamada Delincuencia Organizada. También entre los cambios está darle mayor autonomía a la FGR, principalmente en materia financiera y de operación, con alcances dentro de la recién creada Guardia Nacional.

En el paquete de Reformas también se encuentra el retomar la Difamación dentro del esquema Penal, de nuevo este concepto sería incorporado a la justicia penal para castigar a quienes ilegalmente comuniquen a una o mas personas, la imputación que se haga a otra de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, o exponer a cualquiera al desprecio de alguien desde 6 meses hasta 6 años de prisión y multa de veinticinco mil veces el valor diario del UMA, tipificado en le Art. 468, fracción V del borrador del Código Penal Nacional.

Volver a incorporar al esquema penal la difamación representa sin duda un gran riesgo a las libertades de expresión, basta con recordar, entre lo más reciente, la demanda que hiciera el ex gobernador Humberto Moreira al periodista Sergio Aguayo en junio de 2006 y que de acuerdo a una instancia en lo civil el año pasado Aguayo estaría condenado a publicar, en los mismos medios donde circuló una columna de enero de 2006, la sentencia condenatoria a su costa, así como a pagar 10 millones de pesos por dañar el honor del ex gobernador, quien fuera vinculado por su cercanía a otro símbolo de la corrupción, la profesora Elba Esther Gordillo, a quien la justicia mexicana tampoco le pudo probar el enriquecimiento inexplicable y otros excesos evidentes para la sociedad e incomprobables para el poder judicial. Este caso del académico y periodista Aguayo nos permite reflexionar, si se llegara a presentar el 1 de febrero este paquete de Reformas, sobre el futuro de la opinión y los medios de comunicación quienes estarán impedidos de opinar principalmente sobre los funcionarios, el gobierno centralista de Obrador pudiera sustituir el chayote por la amenaza y persecución, ambos con grandes y regresivos daños en libertades de expresión.

Se vendrá un debate público sobre la Reforma al Sistema Judicial, que de acuerdo a las primeras declaraciones del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, se tienen que hacer “porque si no, nos pasa que los que roba un país pueden andar en la calle, y los que roban 20 pesos tienen que pasar el resto de su vida en una cárcel”, muy a tono con la narrativa del dueño de la 4T, quien se atreve incluso a justificar y recompensar el robo de combustible por ejemplo, pero que tampoco se anima a enjuiciar a expresidentes, pese a las imputaciones que él hace todos los días a sus antecesores.

Twitter: @FlavioMendozaMx

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