OPINIÓN
La mentira del gobierno abierto en Zapopan
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Zapopan se ha reconocido por estar a la vanguardia y procurar aprovechar las herramientas tecnológicas para facilitar la prestación de servicios públicos, así como acercar la administración pública a la ciudadanía.
Durante el periodo 2012-2015 se redoblaron esfuerzos para migrar hacia un esquema de gobierno 2.0, que si bien significó un incremento exponencial en el uso de tencologías para facilitar trámites gubernamentales, no necesariamente propiciaba una mayor interacción entre la ciudadanía y la administración.
A diferencia del concepto de gobierno 2.0, el gobierno abierto va más allá y procura catalizar, mediante la intervención de las herramientas tecnológicas, la transparencia, colaboración y participación ciudadana.
Los esfuerzos concretos en materia de gobierno abierto en Zapopan iniciaron desde el año 2016, cuando el Reglamento de Transparencia e Información Pública del municipio incorpora la obligación del ayuntamiento para que, por conducto de la Comisión de Transparencia, en coordinación con la sociedad civil y el Consejo Ciudadano de Transparencia, se fomente y promueva la implementación de mecanismos de colaboración para la implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.
En atención a ello, en 2017, la Comisión Edilicia de Transparencia y Acceso a la Información Pública incluyó en su programa anual de trabajo el “formular propuestas que fomenten la transición al Gobierno Abierto como modelo de gestión pública del municipio”.
Entonces el primer antecedente para cristalizar esto fue la propuesta formulada por Sergio González López, integrante del Consejo Ciudadano de Transparencia, para establecer la obligación de que las sesiones de todos los órganos colegiados del ayuntamiento fuesen videograbadas y difundidas en tiempo real a través de internet.
Sin embargo, también fue de gran relevancia la propuesta de la entonces regidora Zoila Gutiérrez Avelar, para que el municipio publicara información oportuna sobre sus sesiones y las de sus comisiones, así como del presidente, síndico y regidores, así como la labor de cada uno de ellos.
Estas dos últimas propuestas fueron aprobadas y permitieron que Zapopan fuera el primer municipio del país en adoptar y replicar el esquema de parlamento abierto que se desarrollaba en congresos de distintos estados de la República.
No obstante, el éxito de estas políticas radicó en que fueron implementadas adecuadamente por la Secretaría del Ayuntamiento y la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.
Lamentablemente, algo en el camino sucedió y se frenó drásticamente la aprobación de las políticas que tenían por objeto fortalecer el modelo de gobierno abierto que se impulsaba. A mediados de 2017, la presidenta de la Comisión de Transparencia presentó un Punto de Acuerdo que tenía por objeto que el Ayuntamiento manifestara su intención para que Zapopan integrara el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Jalisco, el cual tuvo que ser retirado ante la ausencia de apoyo por parte de la mayoría en el Pleno del Ayuntamiento.
Lo anterior, incluso detuvo la presentación de una iniciativa que se había elaborado en conjunto por diversos ediles y el Consejo Ciudadano de Transparencia para expedir el Reglamento de Gobierno Abierto de Zapopan.
Con la intención de retomar estos esfuerzos, el Consejo Ciudadano de Control del Municipio de Zapopan emitió una recomendación, con proyecto de reglamento, para el establecimiento en Zapopan de un esquema de gobierno abierto focalizado al ámbito municipal, considerando su naturaleza, funciones y rubros de principal interés para la sociedad, la cual incluía que el Ayuntamiento llevara a cabo las acciones edilicias para contemplar en su normatividad los puntos mínimos determinados por el consejo, para variar esa nueva recomendación fue ignorada olímpicamente.
Semanas después, el Ayuntamiento suscribe un compromiso para la publicación de datos abiertos en el marco del Secretariado Técnico Local del Gobierno Abierto y se anuncia la discusión de un Reglamento de Gobierno Abierto de Zapopan, lo cual, en principio parecía una gran noticia, dado que retomaba propuestas que habían quedado en el tintero desde la administración anterior.
La sorpresa nos la llevamos al revisar el reglamento, ya que lo que pudiera parecer una gran idea terminó por convertirse en una gran mentira. El documento adolece de numerosas fallas de técnica edilicia y se queda muy corto si lo que pretende es que realmente sirva como una base normativa eficaz para que el municipio sea progresivo en la adopción de un modelo de gobierno abierto.
Llama la atención que impone facultades y obligaciones a un organismo constitucionalmente autónomo desde un reglamento municipal, replica mecanismos de participación ciudadana previstos por el reglamento de participación ciudadana (limitándose a cambiarles la denominación), establece una serie de principios abstractos para la interpretación del reglamento (los cuales dudo que la propia regidora autora de la iniciativa comprenda), entre muchas otras dolencias que solo nos permiten concluir que se trata de “diarrea edilicia”, entendiéndose por esto todos aquellos reglamentos que se emiten al vapor y con prisas para ganar una bandera política.
Uno de los aspectos que demuestran la poca voluntad de que este reglamento sea útil y funcione es que, a pesar de que en teoría impulsa la participación ciudadana y la co-creación como elementos fundamentales del gobierno abierto, se dejó de lado y no se consultó ni al Consejo Ciudadano de Transparencia, ni al Consejo Municipal de Participación Ciudadana y muchos menos, al Consejo Ciudadano de Control, el cual había emitido una recomendación detallada sobre la materia. ¿Para qué se han creado tantos órganos ciudadanos, si no son escuchados?
En fin, a pesar de ser un reglamento innovador en el estado de Jalisco, considerando la materia, no se trata de un ordenamiento serio, por lo cual se augura que únicamente será utilizado más como un elemento discursivo para algunos que cada vez muestran mayores ansias por reflectores, que un instrumento que coadyuve para la mejora de la gestión pública en Zapopan y menos, para lucimiento insisto, de una “regidora florero” que desconoce el tema pero arrastra en su ignorancia la buena fe de las instituciones que involucra y de Pablo Lemus.
Las políticas públicas se construyen desde la evidencia, reflexión y discusión, no en base a ocurrencias y prisas políticas.
E-mail: hromerof@lgrrabogados.com
Twitter: @hectorromerof2
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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