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OPINIÓN

La mentira del gobierno abierto en Zapopan

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Opinión, por Héctor Romero Fierro //

Zapopan se ha reconocido por estar a la vanguardia y procurar aprovechar las herramientas tecnológicas para facilitar la prestación de servicios públicos, así como acercar la administración pública a la ciudadanía.

Durante el periodo 2012-2015 se redoblaron esfuerzos para migrar hacia un esquema de gobierno 2.0, que si bien significó un incremento exponencial en el uso de tencologías para facilitar trámites gubernamentales, no necesariamente propiciaba una mayor interacción entre la ciudadanía y la administración.

A diferencia del concepto de gobierno 2.0, el gobierno abierto va más allá y procura catalizar, mediante la intervención de las herramientas tecnológicas, la transparencia, colaboración y participación ciudadana.

Los esfuerzos concretos en materia de gobierno abierto en Zapopan iniciaron desde el año 2016, cuando el Reglamento de Transparencia e Información Pública del municipio incorpora la obligación del ayuntamiento para que, por conducto de la Comisión de Transparencia, en coordinación con la sociedad civil y el Consejo Ciudadano de Transparencia, se fomente y promueva la implementación de mecanismos de colaboración para la implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.

En atención a ello, en 2017, la Comisión Edilicia de Transparencia y Acceso a la Información Pública incluyó en su programa anual de trabajo el “formular propuestas que fomenten la transición al Gobierno Abierto como modelo de gestión pública del municipio”.

Entonces el primer antecedente para cristalizar esto fue la propuesta formulada por Sergio González López, integrante del Consejo Ciudadano de Transparencia, para establecer la obligación de que las sesiones de todos los órganos colegiados del ayuntamiento fuesen videograbadas y difundidas en tiempo real a través de internet.

Sin embargo, también fue de gran relevancia la propuesta de la entonces regidora Zoila Gutiérrez Avelar, para que el municipio publicara información oportuna sobre sus sesiones y las de sus comisiones, así como del presidente, síndico y regidores, así como la labor de cada uno de ellos.

Estas dos últimas propuestas fueron aprobadas y permitieron que Zapopan fuera el primer municipio del país en adoptar y replicar el esquema de parlamento abierto que se desarrollaba en congresos de distintos estados de la República.

No obstante, el éxito de estas políticas radicó en que fueron implementadas adecuadamente por la Secretaría del Ayuntamiento y la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

Lamentablemente, algo en el camino sucedió y se frenó drásticamente la aprobación de las políticas que tenían por objeto fortalecer el modelo de gobierno abierto que se impulsaba. A mediados de 2017, la presidenta de la Comisión de Transparencia presentó un Punto de Acuerdo que tenía por objeto que el Ayuntamiento manifestara su intención para que Zapopan integrara el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Jalisco, el cual tuvo que ser retirado ante la ausencia de apoyo por parte de la mayoría en el Pleno del Ayuntamiento.

Lo anterior, incluso detuvo la presentación de una iniciativa que se había elaborado en conjunto por diversos ediles y el Consejo Ciudadano de Transparencia para expedir el Reglamento de Gobierno Abierto de Zapopan.

Con la intención de retomar estos esfuerzos, el Consejo Ciudadano de Control del Municipio de Zapopan emitió una recomendación, con proyecto de reglamento, para el establecimiento en Zapopan de un esquema de gobierno abierto focalizado al ámbito municipal, considerando su naturaleza, funciones y rubros de principal interés para la sociedad, la cual incluía que el Ayuntamiento llevara a cabo las acciones edilicias para contemplar en su normatividad los puntos mínimos determinados por el consejo, para variar esa nueva recomendación fue ignorada olímpicamente.

Semanas después, el Ayuntamiento suscribe un compromiso para la publicación de datos abiertos en el marco del Secretariado Técnico Local del Gobierno Abierto y se anuncia la discusión de un Reglamento de Gobierno Abierto de Zapopan, lo cual, en principio parecía una gran noticia, dado que retomaba propuestas que habían quedado en el tintero desde la administración anterior.

La sorpresa nos la llevamos al revisar el reglamento, ya que lo que pudiera parecer una gran idea terminó por convertirse en una gran mentira. El documento adolece de numerosas fallas de técnica edilicia y se queda muy corto si lo que pretende es que realmente sirva como una base normativa eficaz para que el municipio sea progresivo en la adopción de un modelo de gobierno abierto.

Llama la atención que impone facultades y obligaciones a un organismo constitucionalmente autónomo desde un reglamento municipal, replica mecanismos de participación ciudadana previstos por el reglamento de participación ciudadana (limitándose a cambiarles la denominación), establece una serie de principios abstractos para la interpretación del reglamento (los cuales dudo que la propia regidora autora de la iniciativa comprenda), entre muchas otras dolencias que solo nos permiten concluir que se trata de “diarrea edilicia”, entendiéndose por esto todos aquellos reglamentos que se emiten al vapor y con prisas para ganar una bandera política.

Uno de los aspectos que demuestran la poca voluntad de que este reglamento sea útil y funcione es que, a pesar de que en teoría impulsa la participación ciudadana y la co-creación como elementos fundamentales del gobierno abierto, se dejó de lado y no se consultó ni al Consejo Ciudadano de Transparencia, ni al Consejo Municipal de Participación Ciudadana y muchos menos, al Consejo Ciudadano de Control, el cual había emitido una recomendación detallada sobre la materia. ¿Para qué se han creado tantos órganos ciudadanos, si no son escuchados?

En fin, a pesar de ser un reglamento innovador en el estado de Jalisco, considerando la materia, no se trata de un ordenamiento serio, por lo cual se augura que únicamente será utilizado más como un elemento discursivo para algunos que cada vez muestran mayores ansias por reflectores, que un instrumento que coadyuve para la mejora de la gestión pública en Zapopan y menos, para lucimiento insisto, de una “regidora florero” que desconoce el tema pero arrastra en su ignorancia la buena fe de las instituciones que involucra y de Pablo Lemus.

Las políticas públicas se construyen desde la evidencia, reflexión y discusión, no en base a ocurrencias y prisas políticas.

E-mail: hromerof@lgrrabogados.com

Twitter: @hectorromerof2

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OPINIÓN

¡A punta de pistola!

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Opinión, por Mario Ávila //

Desde aquel “Te voy a partir la madre”, que le endilgó a un reportero vía telefónica cuando era alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Enrique Alfaro Ramírez, hoy gobernador de Jalisco, mostró públicamente la violencia ha sido un gran problema que no ha podido controlar, a pesar de que según dicen sus allegados, lo ha intentado.

Una década después de ese suceso, el mandatario jalisciense queda en evidencia de nueva cuenta que lo suyo lo suyo, no es la paz, no es tender la mano, no es el mensaje mesurado, no es el diálogo como el camino para lograr la armonía y el convencimiento. Lo suyo es la violencia y por ello ha legado al extremo de haber solicitado permiso para portar arma.

En el camino se han atravesado algunas víctimas, como aquel adulto mayor que se atrevió a reclamarle cuando era alcalde de Guadalajara, lo que a su juicio era un mal gobierno y se lo dijo cara a cara en una gira de trabajo por una unidad deportiva.

Ahí el gobernador de Jalisco, sin importarle la presencia de la gente, las cámaras y los micrófonos, se le fue encima y no lo golpeó porque los uniformados se llevaron al inconforme de la escena violenta, pero lo que sí se llevó el ciudadano en respuesta a su queja, fue una retahíla de insultos.

Qué decir de los periodistas que tienen el atrevimiento que escribir algo que moleste al gobernador o simplemente que pregunten algo que le incomode; se llevan ofensas, agravios y menosprecio.

Decía mi abuela que la lengua también mata. Es decir, Alfaro Ramírez no necesita de un arma para hacer un gobierno a punta de pistola, lo puede hacer, y en honor a la verdad creo que lo ha hecho con obras y acciones, con declaraciones e insultos, con desplantes y con amenazas.

La noticia más relevante de esta semana, no la más popular porque esa fue la posibilidad de que se rife el avión presidencial, fue la nota de la periodista Gloria Reza, publicada en el portal digital Partidero de Diez, en donde se revela que “Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, y dos de sus colaboradores más cercanos, integrantes del Gabinete de Seguridad, argumentando inseguridad y otros motivos solicitaron a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) la portación de arma de fuego”.

Y la nota abunda: “En su solicitud, fechada el 8 de marzo de 2019 –cuatro meses después de asumir el cargo–, el gobernador argumentó: “Las actividades políticas y situación económica que como actividades laborales realizo, a mi juicio me colocan como blanco rentable y vulnerable para ser objeto de algún atentado de secuestro o robo debido a los desplazamientos e inseguridad en las carreteras, ya que tengo la necesidad de circular por las mismas a varias ciudades de la República Mexicana, para realizar mis actividades laborales.

El objetivo, abundó Alfaro Ramírez en la citada misiva era proteger “mi persona, familia y bienes… La inseguridad que vive actualmente la sociedad del estado de Jalisco y el resto de la República Mexicana que realmente es alarmante por el crecimiento de grupos delictivos dedicados al narcotráfico y al secuestro”.

El arma que el trío de funcionarios buscaba adquirir era un arma calibre .380, permitida por la ley, así como 200 cartuchos. Y aunque los aludidos, una vez ventilada la información desdeñaron la importancia del trámite, culparon a otros porque les sugirieron presentar la solicitud y afirmaron que no le había dado seguimiento, la periodista que hizo público el caso, afirma que la solicitud no prosperó porque no presentaron el resultado de exámenes toxicológicos.

En fin, lo que refleja en primera instancia esta información, es una discrepancia total entre lo que Alfaro Ramírez dice y lo que en verdad siente. En su discurso en todo momento ha intentado modificar cifras, manipular números y hasta cambiar de nombre a los crímenes para dar la impresión de que la incidencia delictiva está cediendo, pero en los hechos, él mismo se siente inseguro y hasta siente la imperiosa necesidad de portar arma, pese al séquito de guardaespaldas que día y noche tiene a su disposición.

Pero lo trascendente de esta información es lo que refleja de fondo este hecho, es que se confirma que el estilo de este gobierno será un sexenio a punta de pistola y no necesariamente con un arma fajada en la cintura, sino como mi abuela decía, “la lengua también mata”.

En los hechos, Alfaro Ramírez ha mostrado que no ha intentado convencer al Poder Judicial de la necesidad de transformarse de fondo, está en busca de pisotearlos primero y dominarlos después, según lo advierten algunos analistas.

Y a los partidos políticos, no los ha convencido de las bondades de sus propuestas, los ha puesto contra la pared como fue el caso de poner tras las rejas durante 15 días al ex presidente del PAN, Antonio Gloria Morales, para logar que la fracción parlamentaria albiazul le diera los votos necesarios para que prosperara su proyecto del sexenio: La refundación, vía una nueva Constitución.

Y hoy surge el caso del ex presidente del PRI, Miguel Castro Reynoso, para quien decretaron 3 meses de cárcel, aparentemente por violar las condiciones que el juez dispuso en un proceso, pero casualmente Alfaro hoy necesita todo el apoyo del PRI y el resto de los partidos político (con excepción de Morena), para mostrar un Jalisco unido, fuerte y solidario, ante la gran batalla que se avecina contra el Gobierno Federal por la imposición de un nuevo sistema de salud.

Es decir, Enrique Alfaro para qué quiere portar pistola, si tiene toda la fuerza del Estado a su disposición y la utiliza no solo para defenderse de eventuales riesgos, sino para cumplir con todos sus propósitos. En síntesis, no requiere traer la pistola fajada al cinto, para gobernar “a punta de pistola”.

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OPINIÓN

El INSABI y el nuevo choque Alfaro-AMLO

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Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Un buen round se dará el gobernador Enrique Alfaro con el Presidente Andrés Manuel López Obrador por la centralización que la 4T pretende realizar del servicio de salud.

Durante el pasado fin de semana el gobernador Enrique Alfaro fue muy preciso en la postura que asumirán en torno a la posible firma y adhesión al Insabi:

Lo que nosotros vamos a hacer es plantear de inicio una propuesta de convenio de no adhesión, es decir Jalisco va a mantener su postura de que no vamos a entregar el sistema de salud a la Federación, por razones que vamos a explicar la próxima semana”.

Aquí en Jalisco no nos vamos a dejar presionar, esa no es la forma, Jalisco va a actuar con un sentido de responsabilidad histórica; si yo tomara una decisión en función de si me dan mil millones de pesos o no, imagínense qué clase de gobernador sería. Yo no voy a actuar así, yo estoy escuchando a la gente que sabe de tema de salud”.

Y no es capricho, quiero que se entienda por qué, no es si quiero o no quiero, imagínense qué fácil para el gobernador de Jalisco, nos desentendemos del tema de salud, ay que lo resuelva el presidente, que lo paguen, que lo arreglen, que lo resuelvan ellos, pues para mí que problema habría en eso”.

Luego viene la sobadita para evitar que digan que obstaculiza las políticas y programas del Presidente López Obrador:

Queremos ayudarle al presidente pero también que nos escuche como gobierno, academia, trabajadores del sector salud, pacientes y, sobre todo, como jaliscienses”.

Bueno, eso es el posicionamiento que hace el gobernador de Jalisco. Vamos a ver si se sostiene, porque un día dice una cosa desde Guadalajara, pero cuando está enfrente de López Obrador, cambia el discurso.

En esta lucha por evitar entregar los hospitales de Jalisco al Gobierno Federal, el gobernador no está solo, hace causa común con los hospitales civiles y, por supuesto, con el poderoso Grupo Universidad, que tienen la particularidad de no ser afines a la 4T y a López Obrador, recordemos las descalificaciones que se lanzaron durante la campaña electoral pasada los dos personajes referidos y que hoy con todo y que se repelen, tienen que entenderse para ejercer el gobierno.

¿QUIÉN TIENE RAZÓN?

En esta disputa, habría que señalar que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es rechazado por seis gobernadores (Martín Orozco de Aguascalientes; Diego Sinhue de Guanajuato; Francisco Domínguez de Querétaro; Carlos Mendoza de Baja California; Francisco García de Tamaulipas y Enrique Alfaro de Jalisco, de Movimiento Ciudadano).

Creo que en este tema el gobernador Alfaro tiene razón, el Insabi parece estar hecho con las extremidades inferiores, sin reglas de operación y sin un presupuesto claro. Es un grave error haber eliminado de tajo, de la noche a la mañana, el Seguro Popular que con sus deficiencias, sí era de utilidad para más de 50 millones de mexicanos.

La justificación para imponer el Insabi a rajatabla es la corrupción que se generó en torno al Seguro Popular, lo cual es real, pero meter el freno y dejar a millones de pacientes sin servicio, es una actitud miope. ¿Cuántas personas perderán la vida por este grave error?

La intención de ofrecer un servicio de salud con medicinas totalmente gratis es ideal, como lo han hecho otros países del mundo, como Dinamarca, cuya tasa de impuestos que pagan los contribuyentes es muy alta y es general. Aquí el tema es de dónde saldrán los recursos económicos para poder hacer realidad ese sueño. ¿De dónde? ¿A qué áreas se le quitará presupuesto para que esto se cumpla?

Por citar un ejemplo: el IMSS para el ejercicio fiscal de 2019 se aprobó un presupuesto anual de 746 mil millones de pesos, un incremento de 67 mil millones más que el de 2018 y que suman la aportación tripartita (patrones, trabajadores, gobierno) y sabemos cómo se otorgan esos servicios, en particular los de tercer nivel en los que los pacientes tienen que esperar meses para poder recibir una intervención, y no pocos pierden la vida sin que les llegue la operación requerida.

El Presidente López Obrador afirmó que aquellos que no tienen la seguridad social (IMSS-ISSTE, Hospitales Militares) van a contar con atención médica y medicamentos gratuitos, se les va a garantizar ese derecho a través del Insabi, por lo que se está reorganizando el Sistema de Salud Pública y a mas tardar el 1 de diciembre de este año estará listo con todo lo que ofrecen (análisis, medicamentos gratuitos y atención médica gratuita).

Se oye muy bien, pero ver para creer. Por lo pronto, su arranque ha sido pesimamente operado.

En lo que es Jalisco, que es lo que interesa a la población de aquí, es cómo se hará la reestructuración del Sistema de Salud y qué pasará con ese choque de criterios con el gobierno de la 4T, vamos a ver si la posición dura del gobernador Alfaro permite se avance y se logren mayores recursos o sucede todo lo contrario.

Muy pronto lo sabremos.

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OPINIÓN

Se asoma la censura en la 4T

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

Un Gobierno progresista está obligado a promover la libertad de expresión, no ha censurarla. Entre la crisis del Insabi y un avión presidencial que ha servido de campaña política para el proceso electoral y para mantener los niveles de popularidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, destaca una serie de documentos que circularon en redes, atribuidos principalmente a la Fiscalía General de la República (FGR), se trata de borradores que integrarán el paquete de Reformas al Poder Judicial.

La pretensión de un nuevo Sistema de Justicia implica por ejemplo tener un Código Penal único para toda la nación y eliminar los de cada Estado. El Código de Procedimientos penales, por ejemplo, plantea eliminar las restricciones al arraigo, lo que pone en entre dicho la presunción de inocencia de los ciudadanos, pues esta medida se aplica principalmente para poner a disposición del Ministerio Público a un sospechosos hasta por 40 días de arraigo, mientras se reúnen pruebas en su contra, esta medida se aplicaba sólo para aquellos posibles integrantes de la llamada Delincuencia Organizada. También entre los cambios está darle mayor autonomía a la FGR, principalmente en materia financiera y de operación, con alcances dentro de la recién creada Guardia Nacional.

En el paquete de Reformas también se encuentra el retomar la Difamación dentro del esquema Penal, de nuevo este concepto sería incorporado a la justicia penal para castigar a quienes ilegalmente comuniquen a una o mas personas, la imputación que se haga a otra de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, o exponer a cualquiera al desprecio de alguien desde 6 meses hasta 6 años de prisión y multa de veinticinco mil veces el valor diario del UMA, tipificado en le Art. 468, fracción V del borrador del Código Penal Nacional.

Volver a incorporar al esquema penal la difamación representa sin duda un gran riesgo a las libertades de expresión, basta con recordar, entre lo más reciente, la demanda que hiciera el ex gobernador Humberto Moreira al periodista Sergio Aguayo en junio de 2006 y que de acuerdo a una instancia en lo civil el año pasado Aguayo estaría condenado a publicar, en los mismos medios donde circuló una columna de enero de 2006, la sentencia condenatoria a su costa, así como a pagar 10 millones de pesos por dañar el honor del ex gobernador, quien fuera vinculado por su cercanía a otro símbolo de la corrupción, la profesora Elba Esther Gordillo, a quien la justicia mexicana tampoco le pudo probar el enriquecimiento inexplicable y otros excesos evidentes para la sociedad e incomprobables para el poder judicial. Este caso del académico y periodista Aguayo nos permite reflexionar, si se llegara a presentar el 1 de febrero este paquete de Reformas, sobre el futuro de la opinión y los medios de comunicación quienes estarán impedidos de opinar principalmente sobre los funcionarios, el gobierno centralista de Obrador pudiera sustituir el chayote por la amenaza y persecución, ambos con grandes y regresivos daños en libertades de expresión.

Se vendrá un debate público sobre la Reforma al Sistema Judicial, que de acuerdo a las primeras declaraciones del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, se tienen que hacer “porque si no, nos pasa que los que roba un país pueden andar en la calle, y los que roban 20 pesos tienen que pasar el resto de su vida en una cárcel”, muy a tono con la narrativa del dueño de la 4T, quien se atreve incluso a justificar y recompensar el robo de combustible por ejemplo, pero que tampoco se anima a enjuiciar a expresidentes, pese a las imputaciones que él hace todos los días a sus antecesores.

Twitter: @FlavioMendozaMx

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