OPINIÓN
La sana distancia: Peripecias mexicanas
Opinión, por Pedro Vargas //
Tiempos difíciles. Otra crisis. Días de guardar. Nueva ocasión para mostrar fortaleza y salir avante.
Dicen los expertos contra las epidemias, que ahora es el momento de practicar la “sana distancia”. Ya todos sabemos que el motivo es el embate de la enfermedad declarada pandemia, denominada “coronavirus”, que es un padecimiento infeccioso que ataca las vías respiratorias; ahora se le rebautizó como COVID 19, y prácticamente ha invadido al orbe entero.
Iniciada en China, flageló a esta gran nación y provocó una especie de nerviosismo internacional. Luego pasó a otros países y entonces, cual jinete del apocalipsis, generó un desolador panorama y su consiguiente estado de depresión universal.
En ese momento ya no fue solo la salud el área más agredida, sino que también se provocó pánico en la economía del globo, desplomando las bolsas de valores, y como a la par se suscitó una insólita guerra del petróleo, que llevó al derrumbe del precio de tan valioso hidrocarburo, las consecuencias negativas repercutieron mundialmente.
Como suele suceder cuando de tragedias se trata, los más perjudicados son los pobres, ya sean personas o naciones. La respuesta debería haber sido un frente internacional, el cual con medidas apropiadas determinaran que esa aciaga amenaza no avanzara. A pesar de ello, las naciones más ricas se dedicaron con olímpica actitud a solo cuidar sus territorios e intereses, dejando a sus semejantes en absoluto desamparo, o como se dice popularmente, a que se rascaran con sus uñas.
Las medidas inmediatas que se recomendaron fueron simples pero efectivas: lavarse las manos constantemente, no tocarse la cara y evitar los abrazos, saludos y besos; todo ello acompañado de un necesario aislamiento, es decir, practicando una evidente “sana distancia” en el trato de persona a persona.
La sana distancia para los mexicanos nos obliga a recordar la aplicación de ese principio. En los tiempos del priáto, existía una innegable fusión entre el partido dominante (el partidazo, se le decía) y el presidente de la República en turno. A ese régimen el afamado peruano Mario Vargas Llosa lo intituló, la dictadura perfecta.
Pero como todo evoluciona, aunque sea lentamente, también avanzó, ante muchos reclamos sociales, el sistema del “partido casi único”: luego de muchas vicisitudes, incluida la desaparición trágica del candidato Luis Donaldo Colosio, el poderoso dedo del salinismo decidió que Ernesto Zedillo fuese el nuevo ejecutivo de México. Y así fue.
Ya en el poder el flamante mandamás, decretó “in péctore”, que entre él y su partido dominante, hubiese una “sana distancia”. Y el alejamiento entre el mandatario con el priísmo se notó. Este hecho, aunque para los beneficiados del sistema no era bien visto, para el pueblo en general y los líderes que luchaban por la democratización, fue excelente.
Desde entonces, la sana distancia entre gobierno y partido, fue creciendo y a la vuelta de unos años, ya era una “enorme distancia”, como dice la popular canción de José Alfredo Jiménez. De esa manera se preparó la transición democrática.
Con los panistas en el poder, lo que se esperaba fuese el arribo de la democratización que los mexicanos ansiaban, se echó por la borda. El señor Fox no fue más que un frívolo personaje que decepcionó a la población y mal encarriló a sus correligionarios. Por ello hubo necesidad de echar mano del fraude electoral para en 2006 imponer a su sucesor, el cual se encargó de ensanchar la distancia entre las acciones del gobierno y los intereses del pueblo. Estas contrahechuras facilitaron el regreso del viejo partidazo, que ya sin las antiguas orientaciones del priísmo revolucionario de la justicia social, se hundieron con todo y administración. La enorme distancia pueblo-gobierno siguió imperando, en detrimento de la sana distancia.
Ahora estamos en los días de la 4T, o cuarta transición. El régimen impuso una “sana distancia” entre los funcionarios y los medios de comunicación; y otro saludable alejamiento con los grandes beneficiarios de las obras públicas conseguidas “haiga sido como haiga sido”. Si Juárez separó al clero del Estado, la 4T busca apartar al gran capital de la dirección del gobierno, solo manteniendo una necesaria “sana distancia”, pues ambas fuerzas se complementan en aras del bien nacional.
Pero he aquí que no contábamos con el “coronavirus” o COVID-19. Y se tienen que implementar con urgencia, medidas para salir avante de tan formidable contingencia. Y una de las más recomendables es, junto al lavado de manos, la sana distancia entre la gente.
No hagamos caso a las falsas noticias, que solo alarman y descaminan. Serenidad y buen ánimo para encarar esta calamidad que ha enlutecido a decenas de países. La sana distancia de persona a persona es altamente recomendable, de observarla puntualmente tendremos con certeza el éxito esperado para vencer al aterrador coronavirus, y con ello llevar a nuestro México a otra página estelar, dentro de su larga lucha por dominar a los infortunios.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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