OPINIÓN
La unidad nacional
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Ni el discurso ni la agenda presidencial se han caracterizado por buscar y provocar la unidad nacional. Montado en los resultados electorales se ha decidido el gobierno a imponer sus opiniones, ignorando la pluralidad de la sociedad y especialmente a una terca realidad global que se empeña en decirle que no están las condiciones para radicalismos ideológicos.
Los empeños institucionales, sin bases técnicas de respaldo, fundamentados solo en la inspiración moral y en los muy escasos conocimientos técnicos del mandatario, son más pronunciamientos políticos que un programa de gobierno sensata y razonadamente elaborado y por ello, los resultados de más de un año de gobierno nos arrojan ahora saldos negativos, mientras la voz del presidente transita de la arenga a los reclamos. Incluso los intentos de fijar agenda en las conferencias matutinas han perdido efectividad y paulatinamente han restado seriedad a la palabra gubernamental, que día con día además, polariza y agrede a sectores a los que luego exige participación y respaldo para el crecimiento nacional.
El esquema mental presidencial sobre la conducción del país se está rompiendo y él parece no darse cuenta, o bien, con su característica tozudez y consciente del peso del poder del presidente habrá de insistir hasta el triunfo o la derrota de sus convicciones. No es una buena perspectiva para México seguir este rumbo unipersonal.
Nadie puede estar en contra de sus postulados generales, combatir la desigualdad y la corrupción brindar seguridad y mejorar el estado de bienestar, son imperativos sociales y en ello tiene el respaldo general y por ello se sostienen sus índices de popularidad, porque ha convencido a la sociedad de la convicción y decisión que tiene para lograr acabar con ellas. Estos son los puntos de convergencia en los que la sociedad se basó para darle su respaldo en las urnas, sin embargo, en el ejercicio del poder ha seguido privando el espíritu de competencia de la campaña electoral, y el instinto político del presidente que le hace ver conspiraciones y ataques en las opiniones que difieren de sus métodos y enfoques.
Los resultados de esta política unipersonal, no desprovista de ataduras y conceptos cimentados por su experiencia opositora, nos han llevado por un camino de permanente incertidumbre y desconfianza sin percibirse destino cierto o seguridad futura.
Aun sin la presencia del coronavirus el crecimiento del país se ha estancado y se pronostica que habrá de tener crecimiento negativo por otros múltiples factores: el precio del petróleo ha descendido y las coberturas contratadas habrán de aliviar el ejercicio presupuestal, más no el estado financiero de PEMEX que estará, otra vez por perder su calificación crediticia; los programas sociales con débiles controles y desconocidas reglas de operación se prestan más al despilfarro que a una orgánica respuesta a la desigualdad imperante; la austeridad, llevada al grado de estrangular la operación administrativa de áreas sensibles como la salud y la procuración de justicia; el retraso en el ejercicio presupuestal, causante en mucho del desabasto de medicamentos, los sub ejercicios en dependencias clave; esos que no son todos, son factores que han influido para que la inversión pública no incida en el crecimiento.
Por otra parte, los anunciados proyectos de inversión multimillonarios en materia de infraestructura no se han cristalizado y la política energética del régimen sigue estancada, indefinida aún entre una concentración y participación mayor del estado, rescatando un viejo concepto de soberanía, y la permisión de la participación de la iniciativa privada, inhibiendo y restringiendo la inversión necesaria para el crecimiento, mientras la violencia criminal incontrolable se extiende a las actividades económicas mediante cobros de piso y derechos de paso en zonas mineras y regiones productivas. La conclusión, cero crecimiento, escasa inversión y participación gubernamental desordenada.
En materia de derechos, el combate a la corrupción se ha transformado en persecución selectiva mientras se tolera y justifica la de los leales; las mujeres tienen que salir a las calles masivamente para demostrar su rabia y el desprecio que existe en el gobierno para sus demandas, acentuada por la indiferencia del propio presidente de la república para su movimiento. En resumen, un coctel explosivo al que ahora se suma el COVID-19 con sus condiciones externas que habrán de pesar en la ya vulnerable realidad económica mexicana.
No importa que el presidente siga diciendo ante los banqueros y empresarios que están dadas condiciones para el crecimiento, ellos le aplauden en público y lo critican en privado mientras mantienen sus reservas, desconcertados ante la ambigüedad entre el discurso y las acciones y podemos decir, la ingenuidad de algunas de las propuestas presidenciales.
Como cereza en el pastel ha llegado el coronavirus con sus consecuencias en la salud, pero que tendrá efectos más perniciosos en la economía nacional. Una nueva crisis económica toca a la puerta y salir airosos de ella requiere de la unidad nacional, difícil de conseguir con un discurso polarizado y reparto de culpas al pasado.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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