OPINIÓN
Las matemáticas y la democracia

Educación, por Isabel Venegas //
Una de las ramas más bonitas de la matemática es la estadística, aunque creo que cada día se enfrenta a retos más complicados por varios factores. Recordemos que las últimas encuestas han fallado: desde el Brexit, el triunfo electoral de Donald Trump, el plebiscito por la paz de Colombia, las elecciones en México.
Un día me preguntaba un buen amigo ¿Las matemáticas son invento del ser humano, o es el ser humano queriendo representar lo que ya existe? Me gusta pensar que ambas premisas son ciertas porque básicamente son lo mismo; es el ser humano el que crea un sistema de símbolos para representar los fenómenos que suceden a su alrededor y que procesa desde la evolución de su propio pensamiento.
¿Sabes cuánto trabajo filosófico requirió concebir al elemento cero? ¿Cómo se fundamentó el pensamiento de la nada? O al extremo opuesto ¿Cómo pudo un día el ser humano definir al infinito? Para nosotros es fácil hablar de ello desde el cúmulo de conocimientos que tenemos ya cargado en nuestro ADN, producto de una evolución de millones de años.
Tanto es creación del ser humano, como también es explicación de lo que vamos observando. A mí por ejemplo, de niña me gustaba jugar a encontrar las paralelas en mi camino a la escuela, o igual que a mis hermanos me divertía ir contando vochos de color amarillo, formar figuras con las nubes, etc. De una manera u otra, observamos, aprendemos y hacemos conjeturas. Creo que los matemáticos son solo seres que tienen ojos grandes y sus sentidos bien abiertos; que se divierten con encontrar patrones, similitudes, repeticiones, y con base en eso que identifican, luego pretenden argumentar una ley que explique cómo se comporta cada fenómeno. Asegurar a partir de esas leyes el modo en el que se generaliza el desarrollo de las enfermedades, las tormentas, las constelaciones, o la más enigmática de todas: la conducta del ser humano.
Una de las ramas más bonitas de la matemática es la estadística, aunque creo que cada día se enfrenta a retos más complicados por varios factores.
Recordemos que las últimas encuestas han fallado: desde el Brexit, el triunfo electoral de Donald Trump, el plebiscito por la paz de Colombia, las elecciones en México y recientemente los resultados en el proceso electoral de Argentina; en casi todos los casos la evaluación es que justo cuando más se les necesitaba la estadística falló, y aunque hay aspectos que debemos considerar para contradecir eso, en general la concepción de la eficiencia es muy negativa.
Las aristas a considerar son muchas, pero vayamos a una, y es que entre los mismos encuestadores no se ponen de acuerdo para establecer si están ahí para pronosticar resultados o no. En el caso de la aplicación para el tema electoral, Roy Campos de Consulta Mitofsky decía que si tuviéramos la posibilidad de predecir los resultados finales, ya no sería necesario hacer el gasto de la jornada electoral, haríamos las encuestas y ¡Cierren el changarro, vámonos ya!”. La estadística tiene un análisis predictivo y descriptivo, entonces en primera instancia nos está narrando una situación, que se refiere a cómo vive la sociedad esa contienda, amén de considerar más urgente la necesidad de predecir lo que va a suceder.
¿Qué sucede con las casas encuestadoras que fallaron en sus estimaciones? Ciertamente en nuestro país no hay esquemas de sanción para aquellas que manipularon información, tampoco para las que emitieron resultados sin mostrar los esquemas de operación, los tipos de muestreo o alteran los márgenes de confianza, dejando al lector en las manos de una interpretación que desafortunada e indebidamente, influye en su intención de voto.
¿Cuántos se preguntaron más de una vez, si debían votar mejor por un candidato que estaba en segundo lugar para que fuera un “voto útil” en el supuesto de que su primera elección fuera en tercer lugar?, independientemente de la propuesta que ese candidato representaba. No hay juicio para esas “empresas” que lucraron con información y que más allá de ser un mecanismo de apoyo, fueron un distractor de las bases que cada candidato dio en su plataforma electoral.
Pero en defensa de ese trabajo, suponiendo honestidad y ética por parte de esas compañías, deberíamos señalar un punto que llama mucho la atención, la mayoría de las casas encuestadoras operan con el hipotético de que la ciudadanía habría de ir a votar, en un proceso en el que “todos” valoramos y cuidamos la democracia; pero ese supuesto es un imaginario que opera solo en las redes sociales y el marketing de la medianía social. A más de un año de haber pasado una de las elecciones más caras, complejas y complicadas de nuestra historia, es momento de hacer una evaluación desde uno de los ángulos más simples y a la vez, menos evidentes: el procesamiento y la organización de la información.
Ya por la omnipresencia de los medios de comunicación, y por una voracidad de las campañas políticas por conquistar el mercado de la información, durante las pasadas elecciones comenzamos a ver fluir una cantidad de encuestas que querían justificar desde cada esquina del cuadrilátero, a su candidato.
Es cierto que todos los que hayan pasado por lo menos por primaria, ya cuentan con nociones de estadística elemental, sin embargo, el sesgo de no tener herramientas avanzadas, dificulta entender por qué los resultados que arrojan ciertas casas encuestadoras con altos niveles de confiabilidad contradecían los resultados de mi estadística de facebook. Sería tal vez porque yo hago la encuesta con mis amigos, que por algo son mis amigos, La elección del muestreo es un factor clave para una buena representación de la investigación.
Aunado a esa condición que a la mayoría se nos suele olvidar, también hay que considerar factores que hacen más complejo el trabajo del manejo de datos, como por ejemplo los costos que representa hacer una encuesta, de la capacitación que deben tener los aplicadores, desde el modo en el que abordan a los ciudadanos y si le hacen preguntas, cómo plantean las opciones o si le entregan una boleta en blanco, etc. La metodología más común distribuye la muestra entre las opciones Partido A, Partido B, Partido C, y los indecisos quienes en el transcurso de la campaña electoral tomarían posicionamiento sobre alguna de las propuestas.
El 2 de julio del 2018, el candidato Andrés Manuel López Obrador se erguía como el ganador de la contienda electoral, cuando habiendo sido convocados 89.1 millones de mexicanos a votar, sólo acudió el 62.65%.
El hecho de que casi el 40% de la ciudadanía no haya acudido a la fiesta de la democracia, no era garantía de que se pudieran definir como indecisos. Esa es una categoría que fluctúa entre la falta de precisión y la mentira, ya sea por el ciudadano o por el aplicador. Debemos empezar a proponer como medida urgente para las siguientes elecciones, el hecho de que el voto no sea tan solo un derecho, sino dar el siguiente paso para que se vuelva una obligación. Desde esa perspectiva ahora sí podríamos estar evaluando el trabajo de las casas encuestadoras, pero más aún, tendríamos un esquema de compromiso social mucho mayor.
Por la calle se percibe mucha molestia hacia la clase política, alejándola cada vez más de la ciudadanía por ella misma. Pareciera que los diputados, regidores, senadores o gobernadores no fueran ciudadanos, pero entre las prebendas de unos cotos de poder, sueldos magnánimos, impunidad, etc. hacen que no operen como el resto de la población. Al mismo tiempo, los votantes consideran que el momento de la vida democrática se restringe sólo al tiempo de elección y cuando se vienen las campañas políticas, se siente ese dolor de cabeza con lo que ya se conoce que va a suceder.
El momento que se vive ante las demandas populares ya no puede esperar a la benevolencia de un pueblo que se conforma con “lo que hay”, pero al mismo tiempo reclama el compromiso de la contraparte que se debe elevar.
La propuesta para volver obligatorio el voto, habla de una conciencia de participación ciudadana que no se ha enfrentado por el cómodo status quo que trajo beneficios para ciertos cotos de poder, pero que ahora mismo ven temblar su supervivencia ante el reclamo del pueblo a un gobierno que llegó para cambiar esquemas, no siempre desde una profunda evaluación pero que de una manera u otra, han generado la crisis que nos puede servir para mejorar nuestro nivel de compromiso comunitario.
Las matemáticas nos dicen cosas, nos hablan de nuestras realidades, pero en este momento nos están diciendo que no podemos seguir operando con lo que se consiguió hace años como libertad de elección y derecho a la secrecía del voto. Si la vida democrática está en nuestras manos, entonces asumamos ese compromiso con la obligatoriedad que trae consigo cada libertad. Hashtags: #VotoObligatorio, #EducacionDemocratica, #ParticipacionEfectiva.
Las matemáticas y la democracia
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
isa venegas@hotmail.com
Deportes
Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Deportes
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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JALISCO
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.