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OPINIÓN

Los desaparecidos

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Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Una de las grandes decisiones que ha tomado Enrique Alfaro como gobernador es encarar el tema de los desaparecidos y hablar cara a cara con los familiares de las víctimas, escuchando su dolor, sus llantos, su impotencia, toda esa rabia que provoca que te hayan arrebatado a un ser querido, sin que el Estado como gobierno haya tenido o tenga la capacidad de protegerte.

Como bien lo expresa el cardenal Francisco Robles Ortega, “una sociedad violenta que ve la muerte como solución a sus conflictos termina por deshumanizarse (…) La violencia que está caracterizando nuestras relaciones sociales no corresponde a la voluntad de Dios”, expresó el pastor espiritual de los católicos en el marco de la celebración de la llevada a la Virgen a su Santuario de Zapopan.

¿De qué tamaño es la tragedia de los desaparecidos en Jalisco? El gobernador Enrique Alfaro hace unos días abordó esta herida abierta que tiene nuestra sociedad en el país, pero que se acentúa y agudiza en Jalisco, que tristemente es la entidad líder a nivel nacional. Las cifras varían, pero en lo que si están de acuerdo es que no son ni uno, ni dos, ni diez, ni cien, sino que son miles. Tan sólo en este año de 2019 que aún no concluye se han sustraído de sus hogares a poco más de 4 mil personas y son cifras que el propio gobernador proporcionó en ese evento que hacemos referencia: “se han hablado de muchas cifras, pero la verdad es que el tamaño del problema es que nos faltan 7 mil 117 personas. Esa es la realidad oficial. No puedo hablar de cifras negras, serán seguramente más pero éstas son las denuncias que tenemos y que podemos poner a disposición de los jaliscienses”.

Hay discrepancia en cifras. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), parafraseando a nuestro Presidente López Obrador, tiene otras cifras muy diferente a las del Gobernador Alfaro. La investigadora Anna Karolina Chimiak, que forma parte de este organismo, advierte que la cifra de desaparecidos que presentó Alfaro no coincide con la información que se entrega vía Transparencia ni con la que se publica en el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparecidos (Sisovid).

El Gobernador Alfaro en el evento que se realizó precisamente hace una semana con familiares de víctimas, afirmó que existían 8 mil 173 desaparecidos en Jalisco, desde 1965 a la fecha. Pero CEPAD considera que hasta junio pasado la cifra llegó a 9 mil 162 personas desaparecidas y nada más con cálculos a partir del 2005.

SIETE DESAPARECIDOS DIARIOS

Lo que está tremendo es que cada día desaparecen un promedio de 7 personas en la entidad. En ese encuentro del Gobernador con familiares de víctimas dio a conocer que en los últimos diez meses de este año se han reportado ante su administración 4,104 desapariciones, cada mes son 410 personas, de las cuales 1,951 están pendientes de localizar, 2,153 personas fueron localizadas, de las cuales 1,920 fueron con vida y 233 sin vida.

Para tener más claro la magnitud de este crimen de lesa humanidad en la que el Estado ha mostrado su total inoperancia ante los grupos criminales que lo generan al convertirse en dueño de las vidas, recordemos que la dictadura militar en Chile durante el periodo de 1973 a 1990 en el que permaneció la Junta Militar al frente del gobierno del país andino fueron 3,065 los muertos y desaparecidos, lo que llevó a que se hiciera una campaña mundial de varios años para que se castigara a quienes lo hicieron.

Y aquí en menos de un año son 1,951 personas que no se han localizado y hay 233 sin vida que encontraron, o sea, qué descomposición tan enorme vivimos, es peor que la ley de la selva, un caos que debería llevar una alerta mundial…siete desaparecidos diarios.

LA ESTRATEGIA DE ALFARO

Para el gobernador es enorme el reto que enfrenta y lo acepta desde que reconoce el número de desaparecidos durante su gobierno, porque contra su costumbre de echarle la culpa a otros gobiernos, reconoce que en estos últimos diez meses son miles las personas que son buscadas por sus familiares y que corresponden a su administración.

Es un buen principio, que le ponga atención al problema. Ha hablado de trabajar en una Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparecidos, que considera a corto plazo 3 leyes para atender el problema:

  1. Ley para Personas Desaparecidas.

  2. Ley para Declaración Especial de Ausencia por desaparición de personas.

  3. Ley de Atención a Víctimas.

Habrá que revisar qué sigue de dar a conocer este “Estrategia Integral”, que por lo visto tendrá carácter transversal, esperemos que le de seguimiento y no lo deje en manos de sus asesores que han mostrado los pobres alcances que tienen para construir. Claro que el tema está muy complejo, ya que estamos en una especie de Ciudad Gótica, donde los malosos son los que mandan y los gobernantes prácticamente están borrados para que protejan nuestras vidas, conforme a la utopía que dio vida al Estado moderno y razón por la que le pegamos impuestos y le cedemos parte de nuestra libertad.

Rogamos a Dios que Alfaro se mete en este tema y esté al lado de las víctimas en los hechos más que en el discurso. De entrada es mi primera petición. Lo demás, ya lo abordaremos, porque el tema tenemos que empujarlo.

 

Deportes

Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

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-Por Diego Morales Heredia

A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.

Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.

Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.

Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.

Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.

Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.

Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?

 

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Deportes

Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal

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JALISCO

Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac 

Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.

En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.

Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.

Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.

Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?

UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS

El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.

Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.

Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.

Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.

Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.

Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.

Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.

Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.

Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.

CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD

El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.

Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.

Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.

No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.

Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.

MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER

La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.

Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.

Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.

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