OPINIÓN
Los Hombres del Poder: El infierno mexicano de la violencia
Por Gabriel Ibarra Bourjac //
No es exageración: México se nos va de las manos. La violencia que vivimos nos convierte en el país más violento del mundo, superando a Brasil.
La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se fue espantada por lo que aquí vio, con tantos homicidios, desaparecidos, cuerpos destrozados y sin identificar que están abandonados en Los Semefos de los estados del país.
Vaya, y eso que la señora Bachelet vivió y fue víctima de “la guerra sucia” de la dictadura militar de Chile entre 1973 y 1990, o sea 17 años, lapso en el que se acusa al Estado de desaparecer a 3,065 personas desaparecidas y 40 mil víctimas afectadas. ¿Qué son ante las más de 300 mil pérdidas de vida en México en los últimos 13 años?
La guerra desatada por el Presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado y el narcotráfico y que continuó el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto fue un rotundo fracaso. Las cifras de víctimas que aceptó y validó la ex presidenta de Chile son como de un país en guerra:
Desde 2006 son 252.538 personas asesinadas. 40 mil desaparecidos y 26 mil cadáveres sin identificar, que sumados, nos dan más de 300 mil víctimas.
Durante 2018, el último año del gobierno de Peña Nieto se cometieron 33,341 homicidios, lo que le convirtió en el año más sangriento de la historia de la lucha contra el narcotráfico, conflicto activo desde 2006 y principal causa de muerte violenta en el país.
La Alta Comisionada de la ONU que visitó nuestro país a invitación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, expresaría antes de partir de México:
“Debo señalar que tan trascendental como resolver los casos de abusos y violaciones del pasado es evitar que se reproduzcan nuevas atrocidades. México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252.538 desde 2006. Un país con enormes recursos humanos y económicos como México debería poder revertir esta situación sin recurrir a falsos atajos”.
LAS CIUDADES MÁS VIOLENTAS DEL MUNDO
La síntesis que hizo la ex presidenta de Chile, refleja lo que han dado a conocer las diversas ONG,s que se dedican al monitoreo de homicidios para medir la violencia, partiendo de las muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Aunque polémico el estudio realizado por la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, correspondiente a la violencia durante 2018, 43 ciudades de América Latina forman parte del ránking de las ciudades más peligrosas del mundo, 5 mexicanas están en el top ten, lo encabezan en los dos primeros lugares Tijuana y Acapulco con 138 y 110 homicidios por cada 100 mil habitantes. En ese top ten están de la misma forma Ciudad Victoria, cuarto lugar con 86 homicidios por cada 100 mil habitantes; Ciudad Juárez, quinto lugar con 85 homicidios por cada 100 mil habitantes e Irapuato, sexto lugar con 81.
En la lista aparecen también Cancún, lugar 13 con 64 homicidios por cada 100 mil habitantes; Culiacán en lugar 16 con 60 homicidios; Uruapan en lugar 18 con 54 homicidios; Ciudad Obregón, Sonora, con 52 homicidios; Coatzacoalcos con 48 homicidios por cada 100 mil habitantes; Celaya en lugar 32 con 46.67 homicidios por cada 100 mil habitantes; Ensenada lugar 34 con 46.60; zona metropolitana de Tepic en lugar 36 con 44.89; Reynosa en lugar 42 con 41 homicidios por cada 100 mil habitantes; Chihuahua en 49 con 37.50 homicidios por cada 100 mil habitantes.
LA GUARDIA NACIONAL
En la pasada semana estuvo en la rueda de prensa mañanera del Presidente López Obrador el periodista de Univision Jorge Ramos, quien vino a señalar lo que los periodistas mexicanos lo hemos marcado y remarcado, pero como escribimos en México, no le dan valor, que es precisamente el horror de violencia que vivimos en el país y que el político tabasqueño no ha podido contener. Claro está, son cuatro meses y en ese corto tiempo las estrategias no van a cambiar este infierno, porque apenas ésta se está desdoblando.
El Presidente López Obrador cuando menos hace algo diferente a sus antecesores y cambia la estrategia de Calderón y Peña Nieto al crear la Guardia Nacional y utilizar a más de 40 mil militares para enfrentar el clima de violencia y descomposición que vive el Estado Mexicano, que cada vez se asemeja a lo que es un Estado fallido, cuando otro poder le impide establecer el orden y ofrecer seguridad a los ciudadanos, como lo hace el crimen organizado.
López Obrador hará uso de los militares a quienes la ONU ayudará a capacitarlo en materia de respeto a los derechos humanos, para tratar de recuperar el país que conforme pasa el tiempo se hunde en el caos, cuando el Estado es incapaz de cumplir con su cometido fundamental que es darnos seguridad y castigar a quienes quebrantan la ley.
Más nos vale que la Guardia Nacional funcione, porque el infierno que vive el país, que han sufrido en estos últimos 13 años más de 300 mil familias, puede aún ser mucho peor, de allí que no le escatimemos al Presidente los recursos para que México recupere la paz que se ha ido perdiendo en los últimos 30 años.
México pasa por el momento más crítico y severo de viabilidad como país, cuando el gobierno es desplazado por los malosos que en regiones y zonas del país son los que mandan, eso es una triste realidad. Mucho hay por hacer en este país.
El espanto que se llevó la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, nos indica el tamaño del problema que sufre México.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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