OPINIÓN
Los Hombres del Poder: Macedonio ante infiernos y demonios
Por Gabriel Ibarra Bourjac ///
Qué difícil resolver el tema de la seguridad.
Son dos sexenios en el que el Frankestein crece y crece.
Y no es un asunto sólo de voluntad, de valor y pantalones. Es estrategia y es inteligencia.
Es la gran prueba para el gobernador Enrique Alfaro, es el tema que le debe de entrar con el apoyo del Gobierno Federal, por supuesto. Aquí no es un tema de discursos, es de resultados.
Los primeros tres meses del nuevo gobierno, los grupos criminales no han tenido misericordia para hacer sentir su alto poder destructivo. Y el gobernador, como lo hicieron sus antecesores y que tanto le tocó criticar, hoy maneja la misma letanía: se están peleando entre ellos por el control de la plaza, lo cual es muy cierto, pero es la cabeza del gobierno y su responsabilidad es poner orden.
Febrero, un mes con 28 días, paradójicamente el mes del amor y la amistad, los demonios se soltaron en Jalisco y se registraron 254 homicidios, 9.07 por día (así lo registra Mural), y que es comparado con octubre del 2018 al contabilizarse 256 asesinatos con 8.25 víctimas diarias en dicho mes.
Los cuerpos de seguridad del Estado se vieron rebasados, por lo que no había otra que el Gobierno Federal le entre con todo su poder para ayudar al gobernador Alfaro y enfrentar esta crisis de seguridad que se vive.
El Gobierno Federal ha entrado al rescate para apagar el fuego violento que golpea inmisericorde a Jalisco, no sólo en las regiones, sino en las calles y colonias de la gran metrópoli, donde la policía es testigo, sin poder hacer nada para evitar tantos asesinatos.
Muy triste y doloroso el final que tuvieron los tres principales mandos de la Comisaría de Seguridad de Tonalá, pues apenas renunciaron, días después fueron “levantados” y aparecer después sus restos en forma por demás dantesca, para convertirse en víctimas, mostrando sus autores el gran poder que tienen, con mensajes muy claros a las autoridades y a los agentes de seguridad.
LA HERENCIA
Claro está que el infierno no nace con el Gobierno de Enrique Alfaro. La despedida que le dieron a la administración que encabezó Aristóteles Sandoval estuvo de pesadilla.
Pero Alfaro ya vive lo que es el accionar de la criminalidad. ¿Por dónde empezar? Se espera que primero ponga una especie de contención en un tiempo perentorio, que puede ser de un año, y después avanzar para recuperar el Estado que hoy es dominado en varias regiones por la criminalidad.
La historia nos muestra que se trata de un problema muy grave, los números fríos los indican: son diez mil asesinatos, tras la muerte de Nacho Coronel.
El punto es que el fuego crece en vez de disminuir. Aristóteles no pudo. Tuvo cuatro fiscales. Inició con Luis Carlos Nájera, un experimentado policía que tuvo todo el apoyo de las diversas fuerzas políticas para enfrentar a los enemigos del orden. A mitad de sexenio fue separado y se dio unas vacaciones en Estados Unidos. Nájera regresaría para hacerse cargo de la Secretaría del Trabajo, pero tenía enemigos que pretendieron eliminarlo, salvando milagrosamente la vida al sufrir un atentado en uno de los puntos más concurridos de la ciudad.
LA RESPONSABILIDA DE MACEDONIO
El nuevo gobierno integró un gabinete de seguridad con gente experimentada, con dos civiles y un militar, cuya coordinación la tiene el ex alcalde de Zapopan y ex jefe de seguridad de Guadalajara, Macedonio Tamez Guajardo; además en la Fiscalía General está el abogado Gerardo Octavio Solís, quien casi un sexenio estuvo al frente de la que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado, tocándole una época de tranquilidad, cuando no existía disputa entre grupos por controlar lo que llaman “la plaza”; y al frente de la Secretaría de seguridad se decidió por el General Daniel Velasco.
No hay gente improvisada para asumir este enorme reto, se decidió por un esquema de coordinación que le toca coordinar al doctor Macedonio, quien es un hombre decente, muy bienintencionado, que es pieza angular para dar una lucha en un infierno donde hay muchos demonios.
Como suele suceder en los espacios de poder, apenas empieza el sexenio y las sacudidas se viven al interior de este gabinete de seguridad, pretendiendo renunciar a Macedonio. El gobernador Enrique Alfaro tuvo que entrar a atajar los rumores y precisar que Macedonio sigue
Dice el gobernador que no habrá disputas ni renuncias y precisa que Macedonio no da órdenes, su tarea es coordinar y articular esfuerzos de distintas instancias estatales de seguridad y de procuración e impartición de justicia. Antes de esta aclaración, persistía la idea de que el doctor y abogado estaría por arriba del Fiscal y del Secretario de Seguridad, pero no es así, se entiende entonces que los dos funcionarios son autónomos.
Hay que tener claro que es muy poco tiempo para cambiar una realidad violenta que tiene cerca de una década, pero para poder avanzar es necesario que los responsables de enfrentar a los demonios se pongan de acuerdo y no se desgasten nulifiquen entre unos y otros.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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