OPINIÓN
Nombramiento de magistrados
Por Héctor Romero Fierro //
Por fin, después de mucha especulación, el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez, en una ceremonia rodeado de los presidentes de importantes colegios de profesionistas y otros actores sociales, firmó y envió al Congeso local la Iniciativa de Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley Orgánica del Poder del Ejecutivo, la cual tiene por objeto regular el método de designacion de magistrados del Poder Judicial del Estado. Debo felicitar al gobernador y a su equipo por haber entendido que, haciendo eco de las críticas realizadas, decidió él salir de la ecuación en el nombramiento de los magistrados, retirando la intervención del ejecutivo en ese proceso.
Dicha iniciativa retoma la propuesta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, permtiendo que se modifique el procedimiento de nombramiento de los magistrados, privilegiando la aplicación de exámenes de oposición, aunque no considera los procesos de designación de jueces, que urge y más en materia penal donde destaca la corrupcion.
De aprobarse la propuesta, la emisión de la convocatoria será pública y una vez recibidas las solicitudes y los expedientes de los aspirantes, cada uno de los candidatos será sometido por el Congreso a una evaluación técnica de conocimientos jurídicos, con base a los reactivos que elabore una institución de educación superior, de investigación o evaluación, la cual además deberá aplicar y evaluar los exámenes correspondientes, contando con el acompañamiento de un comité de vigilancia conformado por representantes de las universidades públicas y privadas del estado. Una vez agotada esta etapa deberá efectuarse una evaluación curricular y de aptitudes a cargo del Comité de Participación de Social (CPS). Ahora bien, recordemos que el CPS es una instancia que debe integrarse a éste proceso por su elevada calidad moral, sin embargo su evaluación debe ceñirse exclusivamente a una opinión sobre la calidad de los perfiles desde dicha óptica y no precisamente sobre su calidad como miembros de la judicatura, ya que para ello sería indispensable considerar órganos del propio Poder Judicial, tal como ocurre en la Federación para el caso de jueces y magistrados.
Especialmente debo aplaudir que el proyecto considere la importancia de la paridad de género, sobre todo en espacios judiciales donde es fundamental juzgar con perspectiva de género como los órganos especializados en materia familiar o penal. Ruth Bader Ginsberg, alguna vez dijo: “Siempre me preguntan cuándo habrán suficientes mujeres (en la Corte Suprema de Estados Unidos de América) y respondo “cuando hayan nueve”, la gente se sorprende. Pero ha habido nueve hombres y nadie lo ha cuestionado”. Esto es un reflejo de la escucha, por parte del gobernador, a voces de colectivos feministas.
El único elemento de cuestionable de la iniciativa, aunque no descabellado, es el relativo a la aplicación de evaluaciones de control y confianza a los actuales integrantes de la judicatura, lo cual ha sido previamente declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 86/2012.
La propia iniciativa recoge este antecedente y los asesores del gobernador estimaron que al incluir la disposición en la Constitución local debe respetarse, atento a un principio de autonomía de los estados; aunque el artículo que se determinó vulnerado en aquella ocasión por la Corte era propio de la Constitución Federal (art. 116 Fracc. III), ya que se generaba “una afectación a las garantías de autonomía e independencia judiciales que corresponden al Poder Judicial, en detrimento del principio de división de poderes”.
Un aspecto sumamente relevante para considerar si se actualiza la misma situación jurídica es la instancia que será responsable de la aplicación de las pruebas de control y confianza. Por ello, existe una gran posibilidad de que la reforma, por lo que hace a dicho requisito, sea declarada inválida; más aún cuando Ricardo Suro, presidente del Supremo Tribunal expresó abiertamente su inconformidad, por lo que podemos vaticinar que impugnará el Pleno la constitucionalidad de la propuesta, tambien apoyados ademas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte 12/2012 bajo la voz “Evaluaciones de control de Confianza. Son medios no fines en sí mismos, y su constitucionalidad depende de la validez del requisito legal que pretenden medir.”
Aclaro, establecer el Control de Confianza para los entrantes, lo aplaudo, ya no genera afectacion constitucional alguna y la intención del Ejecutivo es buena y deja a entrever que lo único que pretende es evitar corrupción en el Poder Judicial, por lo que los diputados podrán pensar en alternativas que eviten la judicialización de un proceso de reforma de gran envergadura para la transformación de la entidad y se proteja la separación de poderes, pero que aseguren la calidad y adecuado control de los integrantes de la judicatura aunado al respeto a sus derechos humanos. Me queda claro que algunos jueces y magistrados, de plano no resultan fiables, pero son los menos. Coincido en el fondo con la intencion de la iniciativa, pero, ¿si se va a refundar el Estado, según dicen, no valdrá la pena buscar mecanismos de fondo que fortalezcan indiscutiblemente el Poder Judicial y sin duda al Consejo de la Judicatura, y no hacer cambios constitucionales y de leyes en forma parcial desde este momento? Yo creo que todos coincidimos en que urge acabar con la corrupcion, el amigismo, los cotos de poder y las cuotas politicas en forma de repartos de plazas, el tema es, ¿como lograrlo?
E-mail: hromerof@lgrrabogados.com
Twitter: @hectorromerof2
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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