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OPINIÓN

Nombramiento de magistrados

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Por Héctor Romero Fierro //

Por fin, después de mucha especulación, el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez, en una ceremonia rodeado de los presidentes de importantes colegios de profesionistas y otros actores sociales, firmó y envió al Congeso local la Iniciativa de Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley Orgánica del Poder del Ejecutivo, la cual tiene por objeto regular el método de designacion de magistrados del Poder Judicial del Estado. Debo felicitar al gobernador y a su equipo por haber entendido que, haciendo eco de las críticas realizadas, decidió él salir de la ecuación en el nombramiento de los magistrados, retirando la intervención del ejecutivo en ese proceso.

Dicha iniciativa retoma la propuesta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, permtiendo que se modifique el procedimiento de nombramiento de los magistrados, privilegiando la aplicación de exámenes de oposición, aunque no considera los procesos de designación de jueces, que urge y más en materia penal donde destaca la corrupcion.

De aprobarse la propuesta, la emisión de la convocatoria será pública y una vez recibidas las solicitudes y los expedientes de los aspirantes, cada uno de los candidatos será sometido por el Congreso a una evaluación técnica de conocimientos jurídicos, con base a los reactivos que elabore una institución de educación superior, de investigación o evaluación, la cual además deberá aplicar y evaluar los exámenes correspondientes, contando con el acompañamiento de un comité de vigilancia conformado por representantes de las universidades públicas y privadas del estado. Una vez agotada esta etapa deberá efectuarse una evaluación curricular y de aptitudes a cargo del Comité de Participación de Social (CPS). Ahora bien, recordemos que el CPS es una instancia que debe integrarse a éste proceso por su elevada calidad moral, sin embargo su evaluación debe ceñirse exclusivamente a una opinión sobre la calidad de los perfiles desde dicha óptica y no precisamente sobre su calidad como miembros de la judicatura, ya que para ello sería indispensable considerar órganos del propio Poder Judicial, tal como ocurre en la Federación para el caso de jueces y magistrados.

Especialmente debo aplaudir que el proyecto considere la importancia de la paridad de género, sobre todo en espacios judiciales donde es fundamental juzgar con perspectiva de género como los órganos especializados en materia familiar o penal. Ruth Bader Ginsberg, alguna vez dijo: “Siempre me preguntan cuándo habrán suficientes mujeres (en la Corte Suprema de Estados Unidos de América) y respondo “cuando hayan nueve”, la gente se sorprende. Pero ha habido nueve hombres y nadie lo ha cuestionado”. Esto es un reflejo de la escucha, por parte del gobernador, a voces de colectivos feministas.

El único elemento de cuestionable de la iniciativa, aunque no descabellado, es el relativo a la aplicación de evaluaciones de control y confianza a los actuales integrantes de la judicatura, lo cual ha sido previamente declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 86/2012.

La propia iniciativa recoge este antecedente y los asesores del gobernador estimaron que al incluir la disposición en la Constitución local debe respetarse, atento a un principio de autonomía de los estados; aunque el artículo que se determinó vulnerado en aquella ocasión por la Corte era propio de la Constitución Federal (art. 116 Fracc. III), ya que se generaba “una afectación a las garantías de autonomía e independencia judiciales que corresponden al Poder Judicial, en detrimento del principio de división de poderes”.

Un aspecto sumamente relevante para considerar si se actualiza la misma situación jurídica es la instancia que será responsable de la aplicación de las pruebas de control y confianza. Por ello, existe una gran posibilidad de que la reforma, por lo que hace a dicho requisito, sea declarada inválida; más aún cuando Ricardo Suro, presidente del Supremo Tribunal expresó abiertamente su inconformidad, por lo que podemos vaticinar que impugnará el Pleno la constitucionalidad de la propuesta, tambien apoyados ademas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte 12/2012 bajo la voz “Evaluaciones de control de Confianza. Son medios no fines en sí mismos, y su constitucionalidad depende de la validez del requisito legal que pretenden medir.”

Aclaro, establecer el Control de Confianza para los entrantes, lo aplaudo, ya no genera afectacion constitucional alguna y la intención del Ejecutivo es buena y deja a entrever que lo único que pretende es evitar corrupción en el Poder Judicial, por lo que los diputados podrán pensar en alternativas que eviten la judicialización de un proceso de reforma de gran envergadura para la transformación de la entidad y se proteja la separación de poderes, pero que aseguren la calidad y adecuado control de los integrantes de la judicatura aunado al respeto a sus derechos humanos. Me queda claro que algunos jueces y magistrados, de plano no resultan fiables, pero son los menos. Coincido en el fondo con la intencion de la iniciativa, pero, ¿si se va a refundar el Estado, según dicen, no valdrá la pena buscar mecanismos de fondo que fortalezcan indiscutiblemente el Poder Judicial y sin duda al Consejo de la Judicatura, y no hacer cambios constitucionales y de leyes en forma parcial desde este momento? Yo creo que todos coincidimos en que urge acabar con la corrupcion, el amigismo, los cotos de poder y las cuotas politicas en forma de repartos de plazas, el tema es, ¿como lograrlo?

E-mail: hromerof@lgrrabogados.com

Twitter: @hectorromerof2

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JALISCO

El Ministerio Público y el modelo de justicia penal en Jalisco

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Por Alfonso Partida Caballero //

El proceso de reforma del sistema de seguridad y justicia en Jalisco -en transcurso desde 2008-, ha impactado de manera decisiva al ente persecutor del delito, el Ministerio Público. Ésta figura esencial para el funcionamiento del modelo acusatorio, no ha sido -por una falta de visión- objeto de un análisis serio que incluya estudios de gran calado que desemboquen en un correcto funcionamiento, estructura y organización para dar la respuesta puntual que los tiempos modernos exigen, no resulta lógico que en nuestro estado esta figura continúe funcionando con criterios del sistema anterior (inquisitivo mixto), esta parálisis ha causado una preocupante crisis de impunidad y desorden, a pesar de ello resulta imperioso resaltar que esta institución constituye un garante imprescindible en el funcionamiento de toda la estructura legal y administrativa del sistema acusatorio adversarial, por lo que es necesario darle coherencia y articulación para conseguir mayor eficacia.

En Jalisco los continuados errores del Legislativo, la manipulación y la dominación que ha ejercido el Ejecutivo han frustrado y entorpecido las funciones de este importante organismo, pues no le han permitido un pleno desarrollo y la fluidez necesaria a la hora de representar los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación autónoma contra los hechos que revisten las conductas delictivas, con su intervención, el Ejecutivo ha complicado la protección a víctimas, testigos, esclarecimiento de los hechos delictivos y el sustento de la acción penal ante la autoridad judicial.

Se vislumbran sólo fracasos a la vista con el camino seguido hasta ahora, y las pocas voces discordantes parecen no tener cabida en el proceso, pero no existe alternativa, como sociedad debemos exigir diálogo, se acabaron los tiempos de monólogos autoritarios, es momento de tranformaciones con base en el conocimiento y no en los intereses políticos.

Como ciudadanos debemos tener claro cuáles son las funciones y funcionarios que requiere el Ministerio Público moderno y el rol que debe cumplir en el sistema acusatorio. Si no se comprende esta nueva concepción, la reforma puede verse reconducida hacia antiguos conceptos, en la inocua tarea de intentar -sin éxito- adecuar lo “moderno” dentro de lo “antiguo”, no sólo en lo normativo sino también en lo estructural y operativo.

El riesgo, es el de reproducir el sistema anterior -que duró más de 100 años dando tumbos entre violaciones a los Derechos Humanos, manipulación política, tortura y utilización facciosa en el nivel de sus prácticas y aplicación- bajo el manto de nuevas normas cancelando así las expectativas generadas por la reforma constitucional que pretendía transparencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas, para establecer criterios viables y resultados de la política criminal efectiva.

El sistema acusatorio en Jalisco demanda que las acciones del Ministerio Público se someta a los principios de legalidad, objetividad y dinamismo en el proceso de investigación criminal, dotándolo de mayor independencia, fortaleza y profesionalización, así como un diseño coherente de cargas de trabajo que le permitan funcionar con parámetros laborales claros y transparentes, sin un volúmen excesivo de trabajo y coordinando de manera eficiente la función policial y pericial, éstas acciones formarán parte de su naturaleza institucional y deben ser el parámetro que oriente su conformación orgánica.

Esto implica que esté organizado, pueda tomar y ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas sobre los casos, sin presión y amenazas de los otros poderes estatales -o grupos políticos y económicos- y que estos mismos se conduzcan únicamente con fidelidad a la ley y a las pruebas que posean. Esto implica revisar la forma en que se regula su gestión administrativa, financiera, disciplinaria, los métodos para nombrar, designar, promover y remover a sus empleados; esto se conoce en cualquier latitud que se jacte de respetar el estado de derecho como “Autonomía”. Hay que precisar que existen cuatro directrices o condiciones insoslayables para hacer realidad este principio a) inexistencia de superior jerárquico sobre la institución del MP; b) exclusión de influencias externas en la toma de decisiones; c) potestad reglamentaria propia, y d) libertad de ejecución presupuestaria. 

Resulta imperioso precisar con criterios de eficiencia las funciones del Ministerio Público, fijar políticas, dictar criterios, lineamientos efectivos, reorganizar a la institución, preparar a los operadores con el perfil adecuado para darle coherencia y funcionalidad. Esta visión cumple con la realización de las exigencias ciudadanas, fortalecer la institución e inhibir la violencia social y, con base en estos objetivos, configurar una política de persecución penal que haga frente de forma efectiva a la criminalidad, le de certeza al ciudadano y revalorice la función del Estado.

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OPINIÓN

Semana incómoda para AMLO

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

Una semana turbulenta para el Gobierno de México, sin duda la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue lo que más sacudió a la administración de Andrés Manuel López Obrador, tras una dura carta que expone la crisis interna del Gabinete Federal en la que destaca la imposición, ineptitud en materia económica, claras diferencias en las decisiones del Ejecutivo y conflicto de interés de algunos integrantes del Gabinete. Pero es válido pensar que no fueron las únicas razones, Urzúa conoce al presidente en lo personal y profesional, las designaciones en el SAT fueron desde inicio, quizá con lo que no contaba es con la fuerte injerencia de Alfonso Romo.

El ex titular de Hacienda en la primera entrevista, de muchas que seguro dará, declaró que nunca estuvo de acuerdo con la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco y Dos Bocas, así como la preocupación de que se ponga en riesgo el T-MEC por los caprichos del director de CFE, son parte también de las razones de Urzúa. Sobre él, el Presidente dijo tener claras diferencias, casi parecía estar describiendo a uno de sus adversarios del neoliberalismo, no le dedicó un segundo para destacar lo que hizo durante 7 meses.

Horas después se conoció otra renuncia, la del titular de la SIEDO, mientras los medios de comunicación y las benditas redes sociales daban a conocer un artículo del Financial Times en el que advertían que el Presidente debería aceptar la realidad económica del país, sobre esto el ejecutivo dijo que el diario británico le debe una disculpa al pueblo de México por la publicación.

Pero apenas se cuestionaban los datos del Presidente cuando Bank of America, el  banco estadounidense de los más importantes en el mundo, publicaba que técnicamente el país entraba en recesión, luego de la contracción del crecimiento del PIB en los primeros dos trimestres, esto incluso podría implicar que se deprecie el peso que tanto presume el ejecutivo.

Al Presidente no se le ve muy contento, en la mañanera del viernes desde Nayarit, pidió a los medios ser responsables y tajantemente dijo que no veía riesgos de recesión, horas más tarde en esta ciudad tapatía durante el desarrollo de su agenda, no quiso responder a los cuestionamientos sobre el delegado federal en Jalisco, quien horas más tarde presentaría su renuncia para evitar el golpeteo. El Dr. Carlos Lomelí Bolaños acompañó al ahora Presidente AMLO políticamente desde 2006, cuando fue candidato a senador, luego en 2009, 2012, hasta llegar al 2015 en el que fue diputado federal plurinominal por Movimiento Ciudadano y en 2018 candidato a gobernador por Morena, fue designado delegado de programas sociales en Jalisco hasta el viernes pasado que decidió separarse del cargo, seguido de ello la titular de la Función Pública hizo una crítica críptica contra Lomelí, sin mencionarlo y propició que otros integrantes de la 4T golpearan al empresario jalisciense, un hombre que ha sido leal al Presidente y que pagó el costo político y de las circunstancia que vive el propio ejecutivo federal.

Finalmente en Michoacan, frente a Silvano Auroles quien recibió aplausos, el primer mandatario recibió reclamos, al final de su discurso sentenció a los manifestantes “mejor vámonos respetando” a quienes acusó de ser simpatizantes de los anteriores presidentes, el semblante no es el mismo, a pesar de ello, sigue prometiendo y comprometiendo al gobierno, ahora dice que hará de Bansefi un “bancote” que tendrá sucursales en todo el territorio nacional. Al Presidente no se le ve igual que hace un año, comienza a perder popularidad y parece que el gobierno a perder el control, la fractura interna y los problemas de seguridad y económicos pueden hacer de la 4T un fracaso prematuro.

@FlavioMendoza_

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OPINIÓN

La renuncia de Lomelí, oportunidad y desafío

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

La renuncia de Carlos Lomelí Bolaños como delegado de programas para el desarrollo del gobierno federal en Jalisco debe revisarse como una causa, no como una consecuencia. Y es que en realidad, para nadie -ni siquiera para él mismo- la dimisión a su responsabilidad como funcionario de la Cuarta Transformación era un escenario improbable. El desgaste que vivió en los ámbitos personal, familiar e industrial, ya había sido llevado a un extremo tal, que existían pocas posibilidades de salir victorioso… por ahora.

Recordemos que en el implacable e impredecible mundo de la política nadie muere hasta que muere; de ahí que no hay quien pueda declararse vencedor ni perdedor en esta coyuntura. Los festejos en Casa Jalisco como en algunas oficinas de Palacio Nacional y el Senado de la República, carecen de sustento en virtud de que en la ley de la vida nada es para siempre. Cosa que también deberán tener en mente algunos miembros de la iniciativa privada local.

Es cuestión de días para que conozcamos los términos en que se dio el acuerdo de su retiro, sin embargo, lo cierto es que con su salida hay algunas señales positivas. Por un lado, el ex candidato de Morena al gobierno del Estado, gana tiempo y espacio a fin de atender las investigaciones que giran a su alrededor y para rehacer y relanzar su proyecto político.

Es verdad que su deserción no deja de ser un trago amargo, pero como muchas medicinas –él lo sabe- puede restaurar sus condiciones generales.

Pero decía que su renuncia debe verse como una causa y no como una consecuencia. ¿Por qué? Porque en términos llanos, su libertad de maniobra le cae muy bien a todos. Ante la ausencia de oposición, es casi seguro que el Doctor asuma un rol protagónico en esa arena. Más allá de las reflexiones que hagan los opinantes profesionales, lo que podemos esperar es que diversos personajes y grupos se incorporen en torno a su persona para articular un bloque con la mira puesta en el 2021.

Coincido con los columnistas que afirman que Carlos Lomelí se mantendrá activo, pero desde una zona mucho más cómoda. Incluso yo creo que al propio Enrique Alfaro le conviene que se oiga y se sienta una fuerza contraria. La experiencia ha demostrado una y otra vez que los porristas y los abyectos son la peor compañía de un gobernante, y vaya que los tiene de sobra.

Sí, nuestra entidad atraviesa por el momento más crítico de su historia en materia de seguridad, pero también de credibilidad. Todas las encuestas indican con suma precisión que la gente no cree en la palabra de los hombres y las mujeres del poder. El deterioro de imagen provocado por las serias sospechas de corrupción en todas las instituciones es colosal. De igual modo, los tres poderes están sumidos en un brutal descrédito que se antoja irreversible e irreparable. Es decir, nada ni nadie se salva del desprestigio. Por eso es tan importante que Lomelí Bolaños asuma el desafío de ocupar el vacío que nadie se ha atrevido a llenar. Se avecina una época de enormes retos, y uno de ellos es el de construir contrapesos serios y responsables. La grilla barata (politiquería) que emana de los viejos rencores y de los míseros odios entre los partidos y sus actores, ha erosionado en su nivel más profundo el quehacer público.

Insisto, la renuncia de Lomelí no es un efecto, es un motivo, y de él depende que sirva para la edificación de una democracia más madura, propositiva y trascendente.

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