OPINIÓN
Opinión: La tarea pendiente del fiscal anticorrupción: los corruptos siguen de pie
Por Mario Ávila //
De poco o nada ha servido el esfuerzo que se hizo para diseñar un modelo de justicia para combatir la corrupción en Jalisco, cientos de millones de pesos invertidos en un año que se fueron en sueldos, instalaciones, mobiliario, capacitación y una plantilla de funcionarios, a juicio de los ciudadanos se han ido a la basura simple y sencillamente porque no hay resultados concretos y los corruptos siguen en la calle.
Marzo ha sido el mes idóneo para evaluar el primer año de la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción que se trazó para Jalisco, con el visto bueno de todos los partidos políticos y presuntamente cuidando que los funcionarios designados cumplieran el requisito de autonomía e independencia de los entes de poder, para que no se vieran influenciados ni intimidades en sus determinaciones que tendrían que ser totalmente autónomas.
Esto bien podría tipificarse como una traición a la confianza que la ciudadanía le brindó a los entes de gobierno cuando desde el Congreso del Estado presentaron en sociedad aquel 24 de enero del 2018 a Gerardo de la Cruz Tovar como el primer Fiscal Anticorrupción de Jalisco.
En marzo compareció Gerardo de la Cruz ante los diputados integrantes de las Comisiones de Justicia y Vigilancia del Congreso del Estado, para rendir un informe de lo que han sido los resultados de su trabajo en el primer año en el cargo.
Un año atrás había dudas y quejas anticipadas entre las voces de la sociedad y de los integrantes de la LXI Legislatura local, por la posibilidad de que se presentara la designación en la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción, de una persona que resultara un auténtico fiscal a modo, un fiscal carnal, un fiscal subordinado.
Y a juzgar por los resultados a la luz del trabajo de un año, entre los temores que se expresaban antes de la designación y lo que hoy en realidad tiene Jalisco para combatir los actos de corrupción, no hay mucha diferencia.
Desde el día que se generó su nombramiento y rindió protesta ante la representación del pueblo en la sede del Poder Legislativo, a De la Cruz Tovar se le encomendaron tareas específicas, de viva voz y durante la misma sesión extraordinaria, en la que se encomendó trabajar puntualmente como primera tarea en las denuncias que se presentaban por acos de corrupción cometidos en la Secretaría de Salud, de donde habían tenido que sacar por la puerta trasera al secretario Antonio Cruces Mada, un asiduo visitante a los casinos de apuestas de la ciudad de Las Vegas.
Contaba también como paquete de salida, con las 13 denuncias criminales que había interpuesto el hoy finado contralor, Juan José Bañuelos Guardado y algunas más que se quedaron en el proceso, pero que en su totalidad hablaban de desvíos de recursos y daños al erario público por más de 7 mil millones de pesos.
También la contralora del Estado, Teresa Brito otro paquete de 16 denuncias penales que tiene que ver con presuntos malos manejos de recursos en dependencias públicas como el Instituto de Pensiones del Estado, el Seguro Popular, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Sistecozome, Jaltrade por la compra a sobre precio de la Casa Jalisco en Chicago y la Comisión Estatal de Agua.
Y no todo ha tenido que ver con las pasadas administraciones que encabezaron los ex gobernadores Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval, sino que también se han presentado ya denuncias por acciones u omisiones que han perjudicado al erario por presumibles actos de corrupción cometidos en la actualidad.
En concreto la Fiscalía Anticorrupción ha recibido en total 8 denuncias por actos que tienen que ver con irregularidades encontradas en dependencias públicas en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.
Sin embargo lo que desalienta a los jaliscienses es la timidez que se escucha en la voz del Fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, cada que tiene un micrófono en su boca, buscando siempre confundir con cifras, tratando de responsabilizar a otros entes y pavoneándose con hechos que podrían considerarse victorias pírricas, frente al tamaño del problema de la corrupción y la impunidad que campea en Jalisco.
Así en su informe de un año de labores habló de seguimiento y atención a 1,456 casos que se presentaron en el 2018 y 145 asuntos que se le han presentado en lo que va del 2019, sin embargo advierte que la mayoría de esas denuncias no tiene que ver con el tema de la corrupción sino de abusos de autoridad.
También ha dicho que actualmente están vigentes 882 carpetas de investigación, de las que se han judicializado 6. Y además presume como su gran logro en un año de trabajo, que la Fiscalía Anticorrupción ha logrado vincular a proceso a dos personas, un policía y un inspector municipal.
Sobre el primer asunto que se encomendó desde el primer día que rindió protesta, también tiene listos argumentos que suenan más a pretextos, dice que en el caso de la Secretaría de Salud hasta un año después de que se lo anunciaron, la Contraloría le turnó los resultados de las auditorías.
Lo cierto es que los 63.5 millones de pesos que la Fiscalía Anticorrupción tiene como presupuesto operar en este año, está saliendo muy caro a juzgar por los resultados cuantitativos y cualitativos, que es como se debe hacer cualquier evaluación de desempeño.
Y en vista de que la opinión pública está a punto de expresar su hartazgo, las autoridades se han estado endureciendo el tono y en su oportunidad el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el coordinador de la bancada de MC en el Congreso del Estado, diputado Salvador Caro Cabrera, están exigiendo resultados concretos.
Por lo pronto Caro Cabrera le solicitó a Gerardo Ignacio de la Cruz y a la contralora Teresa Brito, un informe con documentos fundados sobre la desembocadura de los procesos administrativos que han llevado a cabo para conocer también las sanciones que puntualmente se han determinado. “Queremos a la Contraloría ya la Fiscalía Anticorrupción trabajando a fondo para frenar ese flagelo de nuestra sociedad”, expuso.
“Necesitamos sancionados, necesitamos gente en la cárcel, mientras que no haya gente en la cárcel puesto esto es una broma para los ciudadanos”, dijo con claridad el diputado Salvador Caro.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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