OPINIÓN
Palabra perdida

Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
Una de mis pasiones es la historia, y de ella he aprendido valores que definen mi vida. Hoy quiero recordar a Marco Atilio Régulo, quien tras su derrota en los llanos del río Bagradas ante Jantipo, fue hecho prisionero junto a centenas de sus hombres en Cartago, y enviado a Roma a gestionar la paz y el rescate de los demás prisioneros, empeñando su palabra de que regresaría a Cartago si fracasaba en su misión.
Marco Atilio Régulo, convenció al Senado de Roma para que desoyera a los cartagineses; luego regresó a Cartago, en donde fue torturado de las maneras más atroces hasta su muerte. Marco Atilio sabía qué era lo que le aguardaba a su regreso y aun así lo hizo pues estaba de por medio el valor de su palabra y con ella, su propio valor como hombre. Hoy pareciera que la palabra fuese moneda de cambio sin valor, en especial en política.
Cuando Alejandro Moreno Cárdenas buscaba la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, aseguró que era leyenda urbana que tuviera el espaldarazo de Andrés Manuel López Obrador. Ante el sector obrero del revolucionario institucional dijo: “Somos priístas, tenemos orgullo, carácter y vamos a enfrentar al gobierno de la República con firmeza, crítica y viendo al futuro”. Hasta hoy, la leyenda urbana ha demostrado ser verdad.
El PRI parece condenado a su extinción no solo tras su gran derrota en las elecciones del año pasado sino, principalmente, por la complacencia, que raya en complicidad, de su presidente nacional con Andrés Manuel López Obrador.
Todos los días, López Obrador nos regala motivos para la crítica y el debate político; todos los días hay material para presentar una propuesta alterna de gobierno; sin embargo, Alejandro Moreno se limitar a pronunciar vacuidades que a nadie convencen ni a nadie interesan como aquello de que “el mundo va a dejar de ser partidos de masas para convertirse en partidos de causas” sin definir ni defender causa alguna. En otro momento, Alejandro Moreno ha dicho “al final del camino estamos fuertes, trabajando siempre firmes y hacia adelante”, pero cuál es esa fortaleza, cuál la firmeza y en dónde está lo que aguarda al PRI en adelante.
Es de sabiduría popular que “quien calla, otorga”, y Alejandro Moreno, hoy, al callar, otorga motivos para creer que lo que se decía de él, era verdad.
Hace poco, un buen amigo priista me decía: Alejandro Moreno no es amlover, solo está confundido… quizá, le respondí. Sin embargo, es tal la posible confusión política y estatutaria del Alejandro Moreno que afirma que él “prefigura un partido sin siglas, sin sectores” y, en el mismo día y a la misma hora señala que “nuestros sectores y organizaciones son la fortaleza del PRI”.
¿Qué significa un partido sin siglas si éstas nacen de su nombre? ¿cómo es ese partido que él prefigura sin sectores cuando estos son la fortaleza del pri? ¿al prefigurar al pri sin sus sectores, acaso prefigura su desaparición?
Hoy, el PRI está ausente de la vida política nacional; Alejandro Moreno no defiende ni siquiera a los presidentes municipales priístas reprimidos por el gobierno de López Obrador, con gas pimienta, en la puerta de Palacio Federal. Su apatía es total. ¿Por qué tal represión no mereció una respuesta firme y contundente del priismo nacional, convocando a todos los gobernadores, presidentes municipales, síndicos y regidores, así como a senadores y diputados federales y locales priistas? ¿Por qué del silencio de los comités estatales y municipales, así como de los seccionales del PRI? ¿En dónde quedó la promesa de ser contestatario del gobierno federal?
Por los hechos, se cumple lo que Ivonne Ortega Pacheco advirtió: que con Moreno Cárdenas “… vamos a ser un partido satélite de Morena”.
Alejandro Moreno ha dicho “somos un partido renovado, que hoy tiene el compromiso de estar al lado de la gente (…). Hacer un partido (…) que escuche a la sociedad”. Pregunto pues, por qué el PRI no ha emprendido acción legal ninguna que lleve a juicio político a Luz Beatriz Rosales Esteva, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, hasta su inhabilitación como servidora pública, por no ejercer el presupuesto destinado a las organizaciones de la sociedad civil en 2019. Entendamos, el subejercicio en el Indesol impacta de manera negativa en el bienestar social, los programas para reducir la pobreza y combatir la desigualdad, y dejemos en claro, por tanto, que el PRI de Moreno ni está al lado de la gente ni escucha a la sociedad. Alejandro Moreno y el CEN parecen decididos a no hacer del PRI un partido de causas sociales.
El PRI de Alejandro Moreno divaga entre el Revolucionario Institucional y Morena. Hay claridad, pero no coincidencia con el ser del priismo de base; los afectos están con su apellido, pero en femenino.
Alejandro Moreno se atrevió a llamar “reptiles agonizantes” a quienes, en el PRI, son sus adversarios. Nada más ruin forma de expresión, cercana a aquellas que AMLO usa en contra de quienes se oponen a sus decisiones.
Fátima Ibarrola, en su espléndido artículo La mentira como táctica de poder, escribió: “El doble discurso, la falsedad, la demagogia, el engaño y la mentira son la principal herramienta de los malos y perversos políticos en nuestros tiempos (…) Mentir en política es un descaro vil, causa muchos daños y todos estos son irreversibles para una sociedad todavía crédula, pero sobre todo y dolorosamente ignorante”.
Todo indica que Alejandro Moreno sí tiene sus querencias y lealtades en López Obrador, Morena y la Cuarta Transformación. A él le corresponda demostrar, con hechos, lo contrario; si no cambia, podría – ¿o caso, debería? – ser el primer presidente del PRI en ser renunciado y expulsado por traición. Alejandro Moreno tiene el tiempo medido. Ojalá, la base priista despierte de su letargo.
Deportes
Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Deportes
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
JALISCO
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.