OPINIÓN
Paquete fiscal
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Cuando se publique este semanario ya deberá de haber sido presentado el llamado “Paquete económico”, lo anterior en cumplimiento a lo señalado en la fracción IV del artículo 74 de nuestra Constitución, que obliga a la Cámara de Diputados a la aprobación del Presupuesto de Egresos para el próximo año, para ello ordena que el Presidente debe hacer llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, ademas se incluyen los “Criterios Generales de Política Económica” y la Ley Federal de Derechos, esos documentos integran el referido paquete.
La Ley de Ingresos y los Derechos serán aprobadas por ambas cámaras y promulgadas por el Presidente. Su contenido es preocupante porque es claro que tanto gasto asistencialista y populista ofrecido por el Presidente requiere para cumplirlo muchísimo dinero, por lo que se espera un fuerte apretón a los contribuyentes cautivos llegando al extremo de un verdadero terrorismo fiscal, persecución penal indiscriminada de supuestos evasores, y desaparición y ajuste de algunas exenciones fiscales. Además, los analistas, pero principalmente las calificadoras estarán muy pendientes de estos documentos, ya que es necesario que éste sea un presupuesto equilibrado y que se pueda cumplir, de lo contrario podrá fácilmente generar una baja en la calificación en la deuda de Pemex y de la llamada deuda “soberana” del país.
El paquete debe estar alineado a la realidad económica, el cual presenta un crecimiento cero, dejamos de ser un país atractivo para la inversión privada por muchos motivos, entre ellos pérdida de confianza de los inversionistas, una plataforma petrolera en crisis, y aunque el Presidente insiste que el pueblo está feliz, feliz, en realidad el mercado interno de consumo está deprimido, ya no digamos dos de las más importantes ramas económicas, construcción y automotriz. Por ello me atrevo a señalar que si dichos documentos se elaboraron con base en realidades estará bien, pero si fueron elaborados con los “otros datos” del Presidente, tendremos que preocuparnos de sobremanera.
En materia fiscal sabemos que la evasión fiscal, según estimaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la Republica, causa pérdidas a la recaudación de entre el 2.6% y 6.2% del Producto Interno Bruto PIB, según lo concluye en el estudio “Alternativas para reducir la evasión y elusión de impuestos de las empresas Factureras o Fantasmas”, causal número uno en la evasión fiscal, por ello en el paquete se esperan medidas desesperadas del gobierno federal para acabar con esta ilegal conducta. Así mismo se esperan “ajustes” a la Ley del Impuesto sobre la Renta, al Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios”, Ley Federal de Derechos, Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y la más importante, al Código Fiscal de la Federación, ademas de cambios en la estructura del Servicio de Administración Tributaria SAT.
Solo esperemos que a usted amigo lector esos cambios no le afecten su actividad productiva, la presión recaudatoria, insisto, será terrible ya que el Secretario de Hacienda señaló que les faltan 700 mil millones de pesos adicionales, y eso resolvería sus problemas, pero si analizamos las cifras de recaudación reportadas por el SAT la recaudación federal va a la baja, entonces prepare su cartera ya que tiene usted que contribuir aún más, pero espontáneamente, a los programas asistenciales y berrinches del presidente, que nos cuestan a todos los mexicanos.
Mientras esto ocurre, Manuel Andrés López Obrador MALO, se niega reiteradamente a atacar frontalmente a la delincuencia organizada, y en cambio lanzó un llamado a los narcos de Tamaulipas que impiden la venta de gasolina al Ejército en Nuevo Laredo, invitándolos a que recapaciten y permitan vender combustibles “y que piensen en ellos, en sus familias, en sus madres, en sus mamacitas, Saben cuánto sufren las mamás por el amor sublime a los hijos y ellos tienen que pensar en esto”, además exhortó a los delincuentes a que se porten bien, no hacerle daño a la sociedad, ni al prójimo. Señor Lopez en la única mamacita en que pensamos los mexicanos es en la suya, y muchos se la recordamos, ya que a los delincuentes del nivel que enfrenta el ejército en la frontera norte no se les controla con sermones, se requiere urgentemente ataque frontal a esos grupos. Mientras eso ocurre la Guardia Nacional cuidando migrantes para quedar bien con Trump.
A la gran mayoría de mexicanos nos molesta su estúpida orden dada al Ejército, Marina y Guardia Nacional de no defenderse y es penoso ver como el “pueblo bueno” ataca a los militares y estos sin posibilidad de defensa por acatar esa orden, el ejército cada día está más molesto y no dude que en cualquier momento, se defienda con la misma o más intensidad en que son atacados, para ello fueron entrenados, no para poner la otra mejilla como en pasaje bíblico. En el pasado neoliberal no se permitía que se faltara el respeto a nuestras fuerzas armadas, a pesar que la izquierda mexicana que al parecer usted encabeza, lo pretendían siempre enlodar a toda costa, ya viéramos un comando del ejército preguntándole a un despachador de gasolina si les pueden atender o lo regañan.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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