OPINIÓN
Pemex no repunta
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Dijo el economista Ronald Coase que “sí torturamos los datos el tiempo suficiente, confesarán”, por ello, tanto en las finanzas de la nación como en los datos de la pandemia, debemos analizar con cuidado y en forma exclusivamente técnica la información de la que disponemos.
Desde principio de año conocimos la alarmante pérdida de operación en que había incurrido durante el ejercicio 2019 por 346 mil 135 millones de pesos, la paraestatal PEMEX, pero este año presenta pérdidas, solo de enero a marzo por un monto de 562 mil 250 millones de pesos, pérdida superior en solo tres meses a todo su presupuesto del año.
Estamos a la espera del informe financiero que debe presentar a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por sus resultados en el segundo trimestre de este año, cifras que ya deberían haber reportado y que deben ser espeluznantes, porque en ese trimestre se reflejará el efecto del Covid y del desplome del precio del petróleo a nivel internacional.
La única cifra que conocemos es que Pemex reportó a la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos que sus ventas nacionales disminuyeron 61% en el segundo trimestre, y que por los meses de abril y mayo reporta una baja de un 71% en las exportaciones petroleras. Debemos aclarar que el supuesto Plan de Negocios de Pemex, presentado por la empresa, documento más dogmático que técnico, tampoco ha sido cumplido, por lo que la promesa de extraer 184 mil barriles diarios de petróleo no se cumplió y solo se extrajeron 22 mil barriles diarios, esto es menos del 11.96% y en materia de Inversión sólo se invirtió 5 mil 138 millones cuando en el famoso Plan se comprometían a realizar inversiones por 47 mil 313 millones de pesos, esto es solo el 10.86% de lo prometido.
Además de esto, la paraestatal ha dejado de cubrir los adeudos a sus proveedores y contratistas y en forma perversa desde hace varios meses, con la excusa del Covid no recibe facturas de adeudos, por lo que analistas estiman, en forma conservadora que ésta tiene ya, adeudos con proveedores entre 3 y 4 mil millones de pesos, generando la bancarrota de muchos de ellos.
No obstante del conocimiento de estas cifras, el Presidente Manuel Andrés López Obrador (MALO), declaró: “Ya rescatamos a PEMEX del fracaso y de la bancarrota…Ya el año pasado por primera vez no cae la producción”, dato también falso ya que en 2019 la producción cayó, comparada con la del año anterior un 8%. Hace solo unos días MALO declaró: “Siempre anhelamos el esplendor de PEMEX y hoy lo estamos viviendo, estamos viviendo el renacer de nuestra industria energética.” PEMEX y la CFE no tardan en perder el grado de inversión y pueden arrastrar al país en su caída, estemos atentos.
La verdad, me deja una gran duda, ¿López es muy bueno para mentir o sus incondicionales lo engañan? En el caso de PEMEX, de la CFE y de las lamentables muertes por el COVID las cifras acabaron confesando y son mucho más trágicas que lo que reconoce el Gobierno Federal, producto solo, de un intento, cada vez más complicado de seguir engañando a sus seguidores. La única salvación que tienen tanto PEMEX como la CFE es la inversión privada en el sector energético, situación que les causa sarpullido a nuestro gobernantes burgo-marxistas que en su vida privada dejan muy atrás la famosa “austeridad republicana”, solo basta ver los viajes de los hijos, las propiedades inmobiliarias de Bartlett o del berrinchudo de John Ackerman y su esposa Eréndira Sandoval, los relojes Rolex de varios funcionarios, todos ellos pilares de la “CuatroTé” que no predican con el ejemplo.
LA SEGURIDAD DE MAL EN PEOR
En el tema de seguridad estamos peor, las cifras de muertos por delitos violentos va creciendo sin que las autoridades hagan algo por detenerla, la política de “abrazos no balazos” no funcionó y solo ha permitido que los grupos criminales se fortalezcan exponencialmente, al grado de que en días pasados circularon videos atribuibles al grupo autodenominado “Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG), donde exhiben el poderío de una de las células que tienen por todo el territorio nacional, mostrando vehículos blindados y armamento letal teóricamente exclusivo del ejército, en una de ellas, con porras al señor Mencho, vestidos de campaña y con notorio equipo táctico, esto como respuesta a la advertencia de López de que va a actuar contra la delincuencia, reto que prefirió minimizar el Presidente y que el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, descalificó diciendo que era “un montaje”, lamentablemente dudo que sea un montaje como lo señala, ya que en días pasados logramos ver ese poderío de logística y fuego en el atentado, afortunadamente fallido, contra García Harfuch donde accionaron hasta metralletas Barret, que también lucen en los videos difundidos. El Presidente en cuestión de horas descalificó a un grupo de intelectuales que se “atrevieron”, de frente a la nación, a pedir una gran alianza para equilibrar los poderes constitucionales en México en la próxima elección, pero de los videos del CJNG, ni pió dijo, que pena.
Por último, parece que con la renuncia de Fela Pelayo las autoridades competentes, se olvidaron de qué hay indicios de probables delitos, ya que para ser Secretaria del gabinete de Alfaro, esta persona requería “Contar con Título y Cédula profesional registrada ante la Dirección de Profesiones del Estado”, y no contaba con experiencia en esa materia, además, de acuerdo al código Penal, es delito atribuirse el cáracter de profesionista sin serlo, pero lo más grave es la violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que señalan como falta grave del servidor público que la realice, en su Art. 59 la “contratación Indebida”, por la contratación o nombramiento de alguien que está impedido para despeñar un cargo por no cumplir los requisitos, como fue el caso.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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