OPINIÓN
Poder Judicial marca la Refundación
Por Mónica Ortiz //
Jalisco tiene una controversia respecto a la iniciativa de reforma constitucional que busca cambiar el método de selección de magistrados y jueces del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa, presentada por Enrique Alfaro Ramírez, titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la que se pretende de alguna manera extremar burocrática y sistemáticamente un proceso selectivo que evidentemente pudiera ejercer control en los nombramientos del Poder Judicial a través del Poder Legislativo, el Sistema Estatal Anticorrupción, la venia de las universidades públicas y privadas del estado, con esto generar por lo menos en el discurso legislativo, la creación de un sistema de impartición de justicia efectiva, clara y transparente de los jueces y magistrados de nuestro poder judicial.
En este sentido, deberemos entender que es cierto y real que el Poder Judicial requiere de la máxima transparencia en la elección y designación de los que deberán tener como mínimo una robusta carrera judicial, probidad y alta reputación para llegar a este Estado a impartir justicia a nuestra actual sociedad polarizada y bastante política; sin embargo el actuar de nuestros jueces y magistrados pudiera ser el mismo al cambiar y exceder las medidas de participación en el Poder Judicial, pues no los exime de responder a sectores o colores partidistas, al final esta iniciativa pudiera simular y ser positiva en la práctica legislativa, si está hecha a modo y perfilada sólo para algunos, quedando en una medida de protección anticorrupción poco efectiva, producto de políticas públicas propuestas por el actual gobierno, mismas que se pudieran escuchar geniales en los discursos de campaña.
Quizás el escenario es que el Congreso y su mayoría naranja, conclusivamente aún con medidas y filtros que se instauren, elegirán los nombres que mejor se acomoden a responder al nombramiento designado, para el que se diseñó esta iniciativa de ley, es cierto que no cabe más discusión es intromisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ellos ponen las reglas del juego y también lo juegan, pero no son la opción más sana para que el Poder Judicial cuente con esquemas de control e ingreso, pues seguimos en un sistema partidista, paternalista, discrecional.
La autonomía de los poderes no debe calificarse de simplona en un reto de discurso, esto implica entonces exceso de autoridad y soberbia, es una cuestión puramente constitucional y no política, que debe velar e involucrar un estado íntegro de derecho, en sus respectivas esferas jurídicas y jurisdiccionales, la autonomía de la gestión de los poderes, no es una excusa ni un pretexto que se deba usar para polarizar un asunto de gran importancia y lanzar desafíos gubernamentales, cuando los compromisos de cada poder en el Estado fallan todos tenemos problemas muy serios de responsabilidad y efectividad, por lo tanto es un asunto del Poder Judicial establecer la mediadas únicas necesarias e invulnerables de transparencia y eficiencia en sus jueces y magistrados.
Tenemos tres poderes que administran el Estado, pero lo correcto en la teoría del estado es la no intromisión y el respeto absoluto a la autonomía de cada uno, quizás cuando logremos entender que lo más sano es que cada uno se dedique a sus obligaciones, sin mezclarse intencionalmente para crear polaridad y opacidad, usando la política para conseguir poder.
Contar con un Poder Judicial libre de opacidad y partidismo, donde la confianza del ciudadano en los intérpretes y ejecutores de la ley en el Estado de Jalisco se recupere o se construya, es crear un sistema vitrina para selección y designación, con la idea real de contar con perfiles aptos y capaces de cumplir las expectativas de la sociedad, pero siendo una carrera judicial propia de la preparación y la práctica, los exámenes de control y confianza resultan excesivos, fuera de lugar para jueces y magistrados, pues se aplicarían antes de que una bancada de mayoría en el Congreso designe, no nos garantiza mucho el actuar y el ejercicio de su encargo, lo que debería de existir es la certeza de que quien se postula, no tendrá al final un apoyo acordado por las bancadas del Congreso, siempre necesaria para obtener el puesto y cuidar algún interés, eso es lo que nos tiene con poca credibilidad en materia judicial y gubernamental, porque seamos sinceros lo que realmente pasa es que los mecanismos son diseñados para que lleguen sólo aquellos que se mueven en los temas y sectores políticos, o bien activistas sociales a la espera de que les favorezca con la invitación de alguna convocatoria.
En este sentido habrá que cuidar que esta iniciativa no sea la perfecta simulación y el proyecto para un discurso de refundación y siga siendo imposible para quienes cuentan con carreras judiciales, expectativas y experiencias para enriquecer sirviendo al Poder Judicial o esto no sea un disfraz de limpias y sistemas anticorrupción claramente inoperantes, con exceso de burocracia que impida la democracia y la pluralidad; la participación de la sociedad con capacidad y probada aptitud, es un derecho que no debe ser burocratizado de un poder a otro, la transparencia, la cultura de la denuncia, el correcto ejercicio del derecho a la información y los medios de comunicación, son hasta el momento los filtros más efectivos de control y confianza, no las propias instituciones gubernamentales.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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