OPINIÓN
Por favor, ¡que no reprueben!
Por Isabel Venegas //
Es cierto, para hacer un análisis de la escuela que queremos, deberíamos hablar primero acerca de los fines de La Educación, y eso nos da un poco de tiempo en tanto se sigue discutiendo la reforma educativa, que haciendo un paréntesis –cuentan que fue un error de cálculo numérico el que hizo que les faltara un voto para su aprobación en la Cámara de Senadores- me viene a la mente la imagen de alguno de mis alumnos diciendo: “Maestra ¿A mí para qué me van a servir las matemáticas, si lo que quiero es ser diputado o senador?” Volviendo al tema, quiero creer que esta afirmación es una leyenda falsa del pasillo legislativo, y que las negociaciones están fríamente calculadas para que sea aprobada en la siguiente sesión.
Ahora bien, el tema no está en la reforma de la reforma, sino en las leyes secundarias, esas que pueden dejar las lagunas que se quieran, o retomar el rigor que se piense, más aún, el meollo del asunto estará en las aulas que es donde se aterriza verdaderamente la ley, o simplemente se le dará la comprensión que se quiera, o que se pueda.
La vida diaria del profesor ha sido analizada por múltiples estudios etnográficos. La sociología ha hecho bastantes aportes, y todas las ciencias de la educación hacen ver la necesidad de seguir considerando al profesor como el factor clave en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Ojo, con esto no contradigo la idea que se postuló como una de las bases de la pedagogía moderna: El niño como el centro del acto educativo.
El proceso es simultáneo, la enseñanza y el aprendizaje suceden a un compás mágico. Es tanto lo que el maestro aprende, como lo que el alumno enseña. Es tanto lo que importa el maestro, como el estudiante en todas sus dimensiones.
¡Ahí está el detalle! por cada reforma, por cada análisis más o menos sesudo que hagan los senadores y diputados, habrá que capacitar, socializar y gestionar los recursos necesarios para que supervisores, directores, asesores técnico-pedagógicos y finalmente los profesores sean los que lo ejecuten en los salones de clases. Deja te cuento un caso:
En el sexenio pasado se emitió un acuerdo, era el número 696 por el que se establecían las normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación básica. (DOF: 20/09/2013). En ese documento se leía en el Artículo 12.- Alerta y estrategias de intervención:
A partir del segundo bimestre de la educación primaria y secundaria, el docente deberá registrar en el Reporte de Evaluación, si existen riesgos de que el alumno no alcance los aprendizajes previstos en el ciclo escolar o de que no sea promovido al siguiente grado o nivel educativo, así como en su caso, la estrategia de intervención a seguir en los términos previstos en este Acuerdo y en las normas de control escolar correspondientes
Con una serie de 9 incisos que hablaban del examen de recuperación para los alumnos de secundaria, y párrafos como
“Cuando el alumno no se encuentre en alguno de los supuestos anteriores, podrá ser promovido al siguiente grado o retenido en el mismo grado, según lo determine conveniente el docente. En caso de que el docente determine la promoción del menor, ésta podrá condicionarse a la suscripción por parte de los padres de familia o tutores, de los compromisos necesarios para brindar apoyo al menor…”
Esto último aplicaba para el caso de niveles en primaria. La intención era que el profesor hiciera todos los esfuerzos que estuvieran a su alcance para asegurar que el niño no reprobara desde los primeros años escolares, reduciendo así los niveles de deserción en los grados subsecuentes. -Los estudios demuestran que, a pesar de ser factores que hay que atender con suma urgencia, las necesidades básicas no son tan determinantes en el abandono escolar, como sí lo es el hecho de que el alumno se conciba a sí mismo como un ser incapaz para continuar estudiando-. Proteger y fortalecer la autoestima del niño, sería pues la intención primordial.
“Salvar” a un estudiante que estuviera en situación de crisis académica requería de que el expediente fuera nutrido por una batería de evidencias y reportes que dieran fe de cómo se habían agotado todos los recursos: desde el análisis de sus canales de aprendizaje, las adecuaciones curriculares especiales para ese estudiante, las citas con padres de familia, de la atención o canalización al gabinete psicopedagógico, de la gestión para pedir apoyos económicos en casos de crisis, y un sinfín de posibilidades que se derivan del aterrizaje en el contexto real, como el hecho de que los padres no respondan a los citatorios, que los apoyos psicopedagógicos no operen como se desea, o las becas y programas sociales no sean suficientes.
De una u otra manera el profesor pudo haber dado lectura a lo anterior y terminar diciendo “mejor los paso… y que los repruebe la vida”; así, en plural, porque aunque la intención va para que se aborde en la particularidad de cada estudiante, el maestro ve un cúmulo de casos que necesitarían la atención personalizada de asesoría y acompañamiento.
Como decía un querido amigo: hay leyes buenas, que dan malos resultados; las pasadas reformas al sistema educativo no causaron el revuelo que ha provocado la del sexenio anterior, tal vez porque no trastocaba los intereses laborales del gremio, o quizá porque el maestro encontró de una u otra forma una manera simple de ponerla en práctica, y que permeó rápidamente entre la comunidad educativa, ¡No se debía reprobar a los alumnos!, así de simple y pragmático
Los calendarios se modificaron, la cantidad de horas lectivas aumentó y junto con ella la burocracia escolar, aunque seguimos sin sacar una buena calificación como país.
El alma de la escuela no está en los reportes, las estadísticas y las certificaciones, que si bien son un referente para la evaluación social, en el currículo oculto no aplican como tal, y sus resultados dejan mucho qué desear. Sabemos del impacto que ha tenido el egresar generaciones de estudiantes que llegan al nivel superior sin entender una regla de tres, porque en su momento nunca hicieron el andamiaje desde el algoritmo de la multiplicación, éste sería todo un tema para platicar.
Hoy una nueva idea empieza a versar entre los pasillos escolares: “los alumnos de primer y segundo grado de primaria, no podrán reprobar”. Esperemos haber desarrollado la habilidad de asumir con mayor rigor lo que hemos aprendido. La honestidad en cada uno de nuestros cargos deberá hacernos más comprometidos y más maduros como sociedad: la situación particular de un niño de siete u ocho años, que en otras circunstancias debiera estar siendo “reprobado” como un mecanismo para atender su rezago académico, tendría que ser abordada por los maestros con la información suficiente, para que en conjunto con el cuerpo directivo y psico-pedagógico en constante comunicación con los padres de familia sea atendida; solo así estaríamos hablando de un cambio paradigmático. Identificar los problemas particulares de los niños que no pueden conseguir los resultados deseados, y abordarlos desde una interdisciplinariedad en conjunto con la colaboración de los padres de familia, es un reto que, más que utópico, debe encontrar la solución dentro de una escuela pública con salones sobrepoblados, con carencias y con poco ánimo por parte de algunos de sus actores.
Cuando hemos mencionado la idea de “mediciones objetivas”, es porque en ciertos aspectos es necesario tener mínimos qué cumplir, pero precisamente por eso tenemos que echar mano de las tecnologías para que eso consuma el mínimo de energías, dote de información por sí misma, automatice los diagnósticos y dé mucho más espacio para que los alumnos y los maestros asistan al encuentro que los convoca el espíritu de aprender para ser mejores; que vuelvan a encontrar en la escuela el lugar para ¡SER FELIZ!
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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