OPINIÓN
Prensa y derechos humanos

Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
No deja de sorprendernos el gobernador Enrique Alfaro con las confrontaciones continuas que protagoniza con su estilo particular de atacar y descalificar a través de los mensajes que envía en los videos, mostrando ser un político diferente, sí, que le gusta hablar de frente, encarando los temas, presumiendo ser muy sincero. Y sí, tanto que se pasa con una lógica que no es la de la política concebida como el arte de construir consensos, acuerdos por medio del diálogo inteligente, con razones y argumentos.
Muy comentadas han sido las descalificaciones que realizó durante las últimas dos semanas contra el ombudsman de Jalisco Alfonso Hernández Barrón y la institución que representa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un organismo creado por la sociedad para que sirva de contra peso a los excesos y abusos del Estado. De igual forma el diario insignia de Jalisco, como se considera a El Informador, que cumplió ya un siglo de vida, fue centro de la descalificación, tildándolo Alfaro de prensa chantajista que tergiversa la realidad, atacando a su gobierno porque decidió no darle publicidad este año.
En el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfaro se molestó porque ésta preparaba una segunda Macro recomendación sobre la contaminación del río Santiago a la luz de la primera Macro recomendación al cumplirse diez años de la misma y once de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, quien perdió la vida por el agua que ingirió al caer al río por accidente cuando jugaba en su colonia al lado de otros menores.
La forma de expresarse tan peyorativa tanto del gobernador como de su coordinador del gabinete de seguridad, Macedonio Tamez hacia la CEDHEJ, descalificando a su titular resultó muy penosa. Rudeza excesiva mostraron los dos personajes sin respeto a una institución.
Y durante la pasada semana, el gobernador Alfaro rompió lanzas con quien ha sido su gran aliado en este arranque tan complicado que ha tenido la administración que encabeza, cuando el diario se dedicó a apuntalar sus principales acciones y programas de gobierno, alineando incluso su política editorial en la confrontación que tuvo el líder de Movimiento Ciudadano desde antes que tomara posesión del Gobierno del Estado contra el Gobierno Federal y la política del Presidente López Obrador.
El apoyo que le brindó el dueño de este diario, Carlos Álvarez del Castillo, fue siempre muy generoso, haciendo sinergia con un grupo de empresarios jaliscienses con los que el editor ha hecho causa común desde hace varias décadas.
¿Cuál fue la causa de la irritación del gobernador con Carlos Álvarez? Hay diversas versiones, pero no creo se circunscriba al tema de la publicidad como el gobernador ha asegurado y que comentario aparte, en forma discrecional este gobierno la ha manejado, como se puede percibir con cerca de 70 millones de pesos que le otorga a las tres empresas que han estado ligadas a su proyecto político y que en la construcción de la imagen de su gobierno poca utilidad le han dado, si advertimos la imagen tan deteriorada que tiene actualmente el gobernador.
LA NARRATIVA DE LA SEGURIDAD
¿Qué saca de quicio al gobernador Alfaro? ¿Qué su narrativa sobre la seguridad no se la repliquen los medios como ellos la buscan imponer y los culpa de la percepción negativa que tienen los ciudadanos hacia su gobierno?
Si los funcionarios que tiene en el campo de la seguridad no ofrecen resultados, qué culpa tienen los periodistas y la prensa. Si el 99.5 por ciento de los homicidios quedan impunes, es porque las áreas de gobierno para darnos seguridad simplemente son inoperantes. Si en el primer año de gobierno fueron 2,100 las personas desaparecidas que ya no regresaron a sus casas, ¿qué culpa tenemos los periodistas?
No es un invento, el Gobierno Federal lo publicó en su Informe sobre Localización de Fosas Clandestinas y Desapariciones en México.
Pero como medio informativo, ¿cómo quedarse callado ante los miles desaparecidos que se registran en Jalisco y las decenas o centenas ya de tumbas clandestinas en las que se descubren muchos cuerpos sin vida que aparecen desmembrados una semana sí y otra tmabién? ¿Cómo generar una percepción positiva de que el modelo y la estrategia de seguridad que instrumenta este gobierno es exitosa?
A lo mejor tiene razón Alfaro en que los delitos patrimoniales van a la baja, pero como advierte el maestro e investigador del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, Alfonso Partida Caballero, la gente ya no denuncia, los estudios del Inegi así lo señalan, únicamente el 6.3% de los delitos se denuncian, el 92.7% no se denuncian. ¿Cuántos robos hemos o han sufrido alguno de nuestros familiares en los últimos dos años y cuántos hemos denunciado?
La inseguridad nos golpea a todos, descalificar las críticas no es la forma inteligente de resolver problemas, es agravarlos y esos arrebatos del gobernador Alfaro lo están conduciendo a un negro tobogán que le hará cada vez más complicado encontrar la luz en la oscuridad. El rompimiento con El Informador es una señal ominosa de un gobierno perdido en su laberinto por derecho propio.
Deportes
Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Deportes
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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JALISCO
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.