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OPINIÓN

Pronto tendremos una nueva norma política: La perversamente manoseada Constitución de Jalisco

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Opinión, por Remberto Hernández Padilla //

Hacer periodismo de investigación es uno de los placeres de quien tiene como oficio escribir. El periodista cumple cuando informa, y el periodista investigador, aparte de informar, aporta opinión con antecedentes históricos y datos concretos.

A diez años tiempo de que había iniciado la lucha armada por la Independencia de México ésta quedó debidamente integrada el lunes 4 de octubre de 1824 con la Constitución federal que es la base de nuestro sistema jurídico político: por la cual nació a la vida pública internacional un nuevo país: los Estados Unidos Mexicanos. Con ese antecedente en Jalisco se instaló un Congreso Constituyente el martes 14 de septiembre de 1824; sus 19 integrantes reconocieron la soberanía e independencia de la entidad como integrada a la federación.

El Estado de Jalisco ha tenido, oficialmente, tres constituciones: la de 1824, la de 1857 y la de 1917; aunque en la práctica han sido seis y la que se ha propuesto para que tenga vigencia en el 2021 sería la séptima.

JALISCO Y SUS CONSTITUCIONES

La primera Constitución Política de Xalisco (así, con X fue firmada y decretada) tomó vigencia el jueves 18 de noviembre de 1824, como eco de la Constitución Mexicana por la cual nuestra entidad quedó constituida como Estado de la federación. “Quedó conformada por 272 artículos, declarándose al libre al Estado de Jalisco; fue dividido en 8 cantones, 26 departamentos y 134 ayuntamientos. El constituyente dejó referido que el Congreso del Estado estaría formado por 30 diputados elegidos cada dos años y el Poder Ejecutivo recaería en un gobernador y un vicegobernador (que durarían en el encargo cuatro años). Esta norma refería también de la existencia de un Senado compuesto por cinco vocales.

LA SEGUNDA CONSTITUCIÓN

La segunda Constitución Política de Jalisco. En Guadalajara, un indignado clero político polarizaba a la sociedad tapatía; pretendía quitar de la Constitución de 1824 varios artículos que les habían quitado hegemonía. El pleito entre liberales y conservadores hizo indispensable que el gobernador del Estado Anastasio Parrodi convocara a un Congreso Constituyente, mismo que con 11 diputados liberales diera vida a esa norma que fue promulgada el domingo 6 de diciembre de 1857.

El antecedente de nuestra particular Constitución de 1857 es el siguiente: la conocida Ley Juárez (1855) suprimía los fueros del clero y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la Ley y la sociedad, con la consecuente oposición de un influyente Partido Conservador; y como respuesta el Partido Liberal, con el presidente de la República Ignacio Comonfort, convocó a un Congreso Constituyente que, al legislar, dejó redactados artículos contrarios a los intereses del Partido Conservador, mismo que se opuso a la promulgación de la liberal nueva Carta Magna, jurada por el Partido Liberal el lunes 5 de febrero de 1857.

La consecuencia, nos informa Wikipedia, “…fue que se inició la Guerra de Reforma y, las pugnas entre liberales y conservadores se prolongaron por la Segunda Intervención francesa y por el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Diez años más tarde, con la República Restaurada, la Constitución tuvo vigencia en todo el territorio nacional”.

LA TERCERA CONSTITUCIÓN

La tercera norma tomó vigencia el lunes 10 de abril de 1865 en el Estado de Jalisco. En el tiempo de la Regencia y el Segundo Imperio el Presidente Sustituto Ignacio Comonfort implementó un “Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana”. Y, en acatamiento a esa norma nacional, la ciudadanía de Jalisco, en su mayoría católica, implementó un “Estatuto Provisional”, documento que, ahora, política e históricamente, nos guste o no, fue una Constitución.

LA CUARTA CONSTITUCIÓN

La cuarta Constitución Política de Jalisco. Como un producto del movimiento armado de 1910 se implementó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917; en Jalisco quedó instalado el Congreso Constituyente local, mismo que dio vida a la Constitución Política del Estado de Jalisco; este documento fue aprobado el domingo 8 de julio de 1917, con vigencia a partir del jueves 2 de agosto, documento que quedó promulgado por el gobernador interino Emiliano Degollado.

La quinta Constitución Política de Jalisco. Es muy importante reconocer que el miércoles 6 de julio de 1994 la Constitución Política de Jalisco sufrió una radical transformación. Sus 67 artículos tuvieron un profundo cambio estructural y gramatical. Se le adicionaron otros 45 artículos, más 8 transitorios. Luego, sufrió el aumento de los artículos 113 al 119, más 15 transitorios mediante decreto 16541 del lunes 28 de abril de 1997.

En la actualidad cualquier jurisconsulto bien puede afirmar que mediante decreto número 15424 (publicado el día 13 de julio de 1994) nuestra norma estatal es, en esencia, otra Constitución, pero por conveniencia política del partido político gobernante: PRI, se optó por dejarla con el mismo nombre; y, además, como no existió un Congreso Constituyente no se le reconoce oficialmente como otra norma.

La sexta Constitución Política de Jalisco. Mediante Decreto número 16541 del 28 de abril de 1997, se hizo reformar 78 artículos y fracciones de otros 18 artículos, así como la derogación de capítulos de los títulos segundo y octavo. En octubre 17 de ese mismo año mediante el Decreto 12788 reformó otros 14 artículos y 3 transitorios; y, fue así que con el gobierno “panista” se tuvo un diferente texto Constitucional, pero con el mismo nombre y estructura que la de 1917.

La séptima Constitución Política de Jalisco sería la que viene:

En la zaga de artículos que en torno de la Constitución de Jalisco que he venido publicado ha quedado de manifiesto que el programa “Refundación de Jalisco”, requiere una propia norma legal, por ello, el gobernador Enrique Alfaro motivó a los diputados que integran la LXII Legislatura para que se creara una nueva Constitución Política de Jalisco; él, motivó esa idea en su expresión: “Actualmente los derechos fundamentales de los jaliscienses establecidos en la Constitución son letra muerta; la desconfianza en las instituciones llegó a niveles nunca vistos y la distancia entre ciudadanos y autoridades es abismal”.

Ante ello se modificó la “vigente” norma legal creando el del Artículo 117 Bis con su respectiva Ley Reglamentaria para instituir un Congreso Constituyente que tenga como único objetivo el de redactar un nueva Constitución Política para el Estado de Jalisco, documento que bien podría entrar en vigor en el mes de marzo de 2021, cuando menos noventa días antes de las elecciones del domingo 6 de junio del 2021, porque los candidatos a diputados locales deberán ajustarse a las nuevas reglas electorales.

ADENDA PARA EL BUEN ENTENDEDOR

1.- El periodista investigador concluye que por la información oficial de la que aquí se hace referencia, la “vigente” Constitución Política de Jalisco de 1917 es la más perversamente manoseada de todas las que tienen las entidades federativas.

2.- No hay duda, el pregonado programa “Refundación de Jalisco”, con el gobernador Enrique Alfaro a la cabeza, y su partido Movimiento Ciudadano, pondrán todo su poder político para hacer realidad una nueva Constitución Política.

3.- Lo escrito en este medio de comunicación lo ratifico hoy: ¡No! a una norma legal que solo sea partidista, y elaborada por burócratas. ¡Sí! a una Constitución redactada por representantes de la ciudadanía.

* El autor es el periodista y escritor Remberto Hernández Padilla, Premio Nacional de Periodismo y Premio México de Periodismo, Presidente H.V. del Colegio de Periodistas de Jalisco.

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NACIONALES

Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.

Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.

Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?

El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.

Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.

La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.

Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.

Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.

Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.

A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.

La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.

En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.

Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.

 

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JALISCO

Uribe y su circunstancia

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.

En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.

Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.

Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.

En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.

Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.

Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:

  • Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.

  • Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.

  • Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.

Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.

Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.

Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.

Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.

Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

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JALISCO

El agua sucia del poder: Megacortes, tarifas infladas y la red clientelar del SIAPA

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En Jalisco, el agua no solo escasea: se pudre. Apesta a burocracia, a negocios entre compadres, a ineptitud maquillada de eficiencia y a un modelo de saqueo que, bajo el nombre del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ha convertido “el vital líquido” en un bien de lujo, controlado por burócratas de alto sueldo y baja moral.

Apenas 72 horas tras el Congreso, dominado por MC, Verde, PAN y HAGAMOS, aprobar un 9.65% de alza al agua para 2025, SIAPA anunció un megacorte de cuatro días a 113 colonias por reparaciones. Con cortes, fugas y baja presión en zonas pobres, el servicio flaquea.

Entre las afectadas están comunidades de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque: nombres que, para los operadores del SIAPA, parecen no existir más que como renglones en una lista de cobros. Porque eso sí: la factura llega puntual, aunque el agua no.

TARIFAZO CON PREMIO DE IMPUNIDAD

Con 21 votos a favor y 16 en contra, el Congreso del Estado avaló el tarifazo. Aumentaron las tarifas y, de paso, aprobaron que las siguientes subidas se actualicen automáticamente conforme al índice inflacionario. Como si el ciudadano de a pie tuviera una inflación personal controlada, o un ingreso garantizado. El pretexto fue la “viabilidad financiera” del organismo, aunque el mismo SIAPA admitió que el alza no resolverá la crisis del servicio.

Eso no impidió, claro, que el gobernador Pablo Lemus les diera un espaldarazo: “Se acabaron los pretextos, ahora deben mejorar el servicio”. Palabras que, como muchas en Casa Jalisco, no se traducen en acciones.

El organismo tiene, sin embargo, otros mecanismos de supervivencia. No importa si baja la eficiencia (de 81.9% de reportes atendidos en 2023 a 78% en 2024), si disminuye el volumen de agua distribuido o si los reportes ciudadanos crecen. El SIAPA no colapsa. Se alimenta, eso sí, de la paciencia del contribuyente y de las arcas públicas, blindado por una red de intereses que lo mantiene a flote como una balsa mal armada en un mar de negligencia.

PIPAS GRATIS, ASESORES CAROS

A la par del anuncio del megacorte, el SIAPA ofreció pipas gratuitas. Un gesto que parecería generoso si no fuera un parche a un sistema crónicamente averiado. Y mientras familias almacenan agua en cubetas, el organismo desembolsa más de 73 mil pesos mensuales a una exconductora de televisión, sin formación técnica, convertida en asesora de dirección.

Elizabeth Margarita Castro Cárdenas —Según el periódico NTR, con un historial ligado a un fraude financiero, nexos con narcotraficantes y una carrera más cercana al espectáculo que al agua potable— fue nombrada asesora técnica del SIAPA. Su presencia en la nómina, denunciada por trabajadores del organismo, es sólo una muestra más de cómo el SIAPA sirve a fines políticos antes que ciudadanos. Ahí están los sueldos, los estímulos, las asesorías infladas, y los contactos bien ubicados.

En lugar de eficiencia, el organismo se volvió una caja chica para repartir favores. Y si no lo creen, revisen el historial: la misma Castro Cárdenas fue antes funcionaria en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con un sueldo prácticamente idéntico. La política jalisciense no bota a sus leales: los recicla.

LA RESISTENCIA CIUDADANA Y LOS GRITOS QUE NO SE OYEN

No todo el Congreso se rindió. La diputada Itzul Barrera, de Morena, denunció no sólo la falta de transparencia en el uso de los mil millones de pesos adicionales que se recaudarán por el aumento, sino el hecho inaudito de que el director del SIAPA admitiera que el alza no servirá para mejorar el servicio. Vaya sinceridad.

Denunció, también, que la sesión para aprobar el alza fue convocada con apenas una hora de anticipación y que los diputados debieron revisar más de 136 páginas de dictamen al vapor, lo que impidió una discusión real. Eso no impidió el voto mayoritario. El SIAPA es, hoy, un monstruo que factura más de 5 mil millones de pesos al año, que contrata asesores sin perfil, y que cada vez da menos agua.

Las más de 15 iniciativas presentadas para su reforma duermen en el congelador legislativo. Y así, los “diálogos” se dan en lo oscurito, entre cenas discretas y acuerdos inconfesables.

MUNICIPIOS DIVIDIDOS Y CIUDADANÍA HARTA

Guadalajara y Zapopan justifican con tibieza el alza tarifaria prometiendo eficiencia, mientras Tlaquepaque y Tonalá alertan. Laura Imelda Pérez, alcaldesa de Tlaquepaque, impulsa condonar cobros a quienes carecen de agua buena, destacando 80 millones gastados por el Ayuntamiento en tareas del SIAPA.

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, fue todavía más contundente: “Es un SIAPA saqueado”, dijo. Denunció contrataciones sin perfil, falta de inversión y abandono institucional. Que lo diga alguien que ha conocido tanto del sistema sólo hace más grave la declaración.

La propuesta de Tlaquepaque de condonar pagos a quienes no reciben servicio no es una ocurrencia: es una exigencia mínima. El recibo llega, aunque no haya agua. La injusticia también.

En simulaciones, el agua es metáfora: transparente pero invisible, vital pero ausente, promesa electoral sin gestión. El SIAPA, manejado como botín político, encarna un gobierno enquistado en Jalisco, castigando a ciudadanos, premiando leales, exhibiendo cifras millonarias mientras ignoran expertos.

Y así, entre tarifazos, pipas y asesores musicales, el agua en Jalisco se ha vuelto tan sucia como el sistema que la administra.

Porque, como decía un viejo maestro del periodismo: “lo que daña al país no es la política, sino los políticos que no saben servirla”.

En X @DEPACHECOS

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