OPINIÓN
Pronto tendremos una nueva norma política: La perversamente manoseada Constitución de Jalisco
Opinión, por Remberto Hernández Padilla //
Hacer periodismo de investigación es uno de los placeres de quien tiene como oficio escribir. El periodista cumple cuando informa, y el periodista investigador, aparte de informar, aporta opinión con antecedentes históricos y datos concretos.
A diez años tiempo de que había iniciado la lucha armada por la Independencia de México ésta quedó debidamente integrada el lunes 4 de octubre de 1824 con la Constitución federal que es la base de nuestro sistema jurídico político: por la cual nació a la vida pública internacional un nuevo país: los Estados Unidos Mexicanos. Con ese antecedente en Jalisco se instaló un Congreso Constituyente el martes 14 de septiembre de 1824; sus 19 integrantes reconocieron la soberanía e independencia de la entidad como integrada a la federación.
El Estado de Jalisco ha tenido, oficialmente, tres constituciones: la de 1824, la de 1857 y la de 1917; aunque en la práctica han sido seis y la que se ha propuesto para que tenga vigencia en el 2021 sería la séptima.
JALISCO Y SUS CONSTITUCIONES
La primera Constitución Política de Xalisco (así, con X fue firmada y decretada) tomó vigencia el jueves 18 de noviembre de 1824, como eco de la Constitución Mexicana por la cual nuestra entidad quedó constituida como Estado de la federación. “Quedó conformada por 272 artículos, declarándose al libre al Estado de Jalisco; fue dividido en 8 cantones, 26 departamentos y 134 ayuntamientos. El constituyente dejó referido que el Congreso del Estado estaría formado por 30 diputados elegidos cada dos años y el Poder Ejecutivo recaería en un gobernador y un vicegobernador (que durarían en el encargo cuatro años). Esta norma refería también de la existencia de un Senado compuesto por cinco vocales.
LA SEGUNDA CONSTITUCIÓN
La segunda Constitución Política de Jalisco. En Guadalajara, un indignado clero político polarizaba a la sociedad tapatía; pretendía quitar de la Constitución de 1824 varios artículos que les habían quitado hegemonía. El pleito entre liberales y conservadores hizo indispensable que el gobernador del Estado Anastasio Parrodi convocara a un Congreso Constituyente, mismo que con 11 diputados liberales diera vida a esa norma que fue promulgada el domingo 6 de diciembre de 1857.
El antecedente de nuestra particular Constitución de 1857 es el siguiente: la conocida Ley Juárez (1855) suprimía los fueros del clero y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la Ley y la sociedad, con la consecuente oposición de un influyente Partido Conservador; y como respuesta el Partido Liberal, con el presidente de la República Ignacio Comonfort, convocó a un Congreso Constituyente que, al legislar, dejó redactados artículos contrarios a los intereses del Partido Conservador, mismo que se opuso a la promulgación de la liberal nueva Carta Magna, jurada por el Partido Liberal el lunes 5 de febrero de 1857.
La consecuencia, nos informa Wikipedia, “…fue que se inició la Guerra de Reforma y, las pugnas entre liberales y conservadores se prolongaron por la Segunda Intervención francesa y por el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Diez años más tarde, con la República Restaurada, la Constitución tuvo vigencia en todo el territorio nacional”.
LA TERCERA CONSTITUCIÓN
La tercera norma tomó vigencia el lunes 10 de abril de 1865 en el Estado de Jalisco. En el tiempo de la Regencia y el Segundo Imperio el Presidente Sustituto Ignacio Comonfort implementó un “Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana”. Y, en acatamiento a esa norma nacional, la ciudadanía de Jalisco, en su mayoría católica, implementó un “Estatuto Provisional”, documento que, ahora, política e históricamente, nos guste o no, fue una Constitución.
LA CUARTA CONSTITUCIÓN
La cuarta Constitución Política de Jalisco. Como un producto del movimiento armado de 1910 se implementó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917; en Jalisco quedó instalado el Congreso Constituyente local, mismo que dio vida a la Constitución Política del Estado de Jalisco; este documento fue aprobado el domingo 8 de julio de 1917, con vigencia a partir del jueves 2 de agosto, documento que quedó promulgado por el gobernador interino Emiliano Degollado.
La quinta Constitución Política de Jalisco. Es muy importante reconocer que el miércoles 6 de julio de 1994 la Constitución Política de Jalisco sufrió una radical transformación. Sus 67 artículos tuvieron un profundo cambio estructural y gramatical. Se le adicionaron otros 45 artículos, más 8 transitorios. Luego, sufrió el aumento de los artículos 113 al 119, más 15 transitorios mediante decreto 16541 del lunes 28 de abril de 1997.
En la actualidad cualquier jurisconsulto bien puede afirmar que mediante decreto número 15424 (publicado el día 13 de julio de 1994) nuestra norma estatal es, en esencia, otra Constitución, pero por conveniencia política del partido político gobernante: PRI, se optó por dejarla con el mismo nombre; y, además, como no existió un Congreso Constituyente no se le reconoce oficialmente como otra norma.
La sexta Constitución Política de Jalisco. Mediante Decreto número 16541 del 28 de abril de 1997, se hizo reformar 78 artículos y fracciones de otros 18 artículos, así como la derogación de capítulos de los títulos segundo y octavo. En octubre 17 de ese mismo año mediante el Decreto 12788 reformó otros 14 artículos y 3 transitorios; y, fue así que con el gobierno “panista” se tuvo un diferente texto Constitucional, pero con el mismo nombre y estructura que la de 1917.
La séptima Constitución Política de Jalisco sería la que viene:
En la zaga de artículos que en torno de la Constitución de Jalisco que he venido publicado ha quedado de manifiesto que el programa “Refundación de Jalisco”, requiere una propia norma legal, por ello, el gobernador Enrique Alfaro motivó a los diputados que integran la LXII Legislatura para que se creara una nueva Constitución Política de Jalisco; él, motivó esa idea en su expresión: “Actualmente los derechos fundamentales de los jaliscienses establecidos en la Constitución son letra muerta; la desconfianza en las instituciones llegó a niveles nunca vistos y la distancia entre ciudadanos y autoridades es abismal”.
Ante ello se modificó la “vigente” norma legal creando el del Artículo 117 Bis con su respectiva Ley Reglamentaria para instituir un Congreso Constituyente que tenga como único objetivo el de redactar un nueva Constitución Política para el Estado de Jalisco, documento que bien podría entrar en vigor en el mes de marzo de 2021, cuando menos noventa días antes de las elecciones del domingo 6 de junio del 2021, porque los candidatos a diputados locales deberán ajustarse a las nuevas reglas electorales.
ADENDA PARA EL BUEN ENTENDEDOR
1.- El periodista investigador concluye que por la información oficial de la que aquí se hace referencia, la “vigente” Constitución Política de Jalisco de 1917 es la más perversamente manoseada de todas las que tienen las entidades federativas.
2.- No hay duda, el pregonado programa “Refundación de Jalisco”, con el gobernador Enrique Alfaro a la cabeza, y su partido Movimiento Ciudadano, pondrán todo su poder político para hacer realidad una nueva Constitución Política.
3.- Lo escrito en este medio de comunicación lo ratifico hoy: ¡No! a una norma legal que solo sea partidista, y elaborada por burócratas. ¡Sí! a una Constitución redactada por representantes de la ciudadanía.
* El autor es el periodista y escritor Remberto Hernández Padilla, Premio Nacional de Periodismo y Premio México de Periodismo, Presidente H.V. del Colegio de Periodistas de Jalisco.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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