OPINIÓN
Proteger la biodiversidad de los océanos
Comuna México, por Benjamín Mora Gómez // (primera de tres partes)
Por la trascendencia del tema, llamo la atención al prólogo de la memoria del Seminario “Autoridad Marítima Nacional, una perspectiva global” llevado a cabo el 22 y 23 de agosto de 2017, en la Heroica Escuela Naval Militar “Antón Lizardo”, en Veracruz, Veracruz, en que se lee, del secretario de Marina Armada de México, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz: “En cuanto a la Organización Marítima Internacional, es necesario adoptar los lineamientos que ésta establece, con el objetivo de hacer de los mares un entorno más seguro, de manera que la observancia de la legislación internacional debe ser un compromiso, ya que contribuye a tener un comercio más ordenado que favorezca la competencia y la estabilidad en el intercambio de mercaderías y servicios entre las naciones. A su vez, cumplir con los ordenamientos estipulados garantiza la sustentabilidad de los mares para su uso y aprovechamiento actual, así́ como el de las futuras generaciones”.
Desde aquel seminario, la Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas, en voz de su secretario general Kitack Lim, al reconocer al transporte marítimo como el eje principal del comercio mundial por ser el medio más eficaz para transportar mercancías, por sus costos dados por los volúmenes atendidos y el uso más eficiente del combustible, llamó a no dejar de lado el equilibrio necesario para mantener la buena salud y biodiversidad de los océanos. Con los años, el tema del combustible tomó de mayor eficiencia al exigir menores velocidades y el uso de combustibles ultra bajos en azufre y así como el combinar el diésel fósil con biodiesel hacia 2024. A partir del 1 de enero de 2020, se permitirá que los buques utilicen únicamente combustible con un máximo de 0.5 por ciento de contenido de azufre; el estándar actual es de un contenido de azufre del 3.5 por ciento. Varias compañías navales y puertos marítimos ya lo cumplen.
Este 30 de agosto, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, concluyeron los trabajos de la tercera ronda de negociaciones convocada por la Organización Marítima Internacional, para redactar un ambicioso tratado internacional que proteja la biodiversidad en las zonas de alta mar fuera de las jurisdicciones nacionales, en medio de la decepción y críticas de las organizaciones no gubernamentales ahí presentes, provenientes de todo el mundo.
Desde un principio, Rena Lee, presidenta de ésta y las dos anteriores conferencias (septiembre de 2018 y marzo de 2019), fue clara y contundente al instar a los representantes de los 193 países participantes, a evolucionar sus posturas para proteger la biodiversidad global, en una realidad en que solo el 4 por ciento de los océanos están protegidos.
Las cuatro rondas previstas centran sus propósitos en cuatro aspectos clave: 1) Adoptar medidas que favorezcan la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina, 2) Definir los métodos y parámetros de las futuras evaluaciones del impacto ambiental, 3) Definir el uso de los recursos genéticos marinos, incluyendo la distribución de sus beneficios como la biotecnología marina y, 4) Desarrollar capacidades y transferir tecnología marina hacia los países en desarrollo que carezcan de ellas.
Al inicio de la tercera ronda, organizaciones como Greenpeace llamaron a evaluar los impactos de la actividad humana en los océanos como su acidificación; asimismo, a asumir acuerdos en lo que sería el Tratado de los Océanos, a fin de reducir tales impactos hasta un 30 por ciento hacia 2030, aunque la Organización Marítima Internacional pugna por llegar al 40 por ciento en 2030 y al 50 por ciento en 2050. Greenpeace y otras organizaciones buscan consolidar la red de santuarios oceánicos que la ciencia demanda para que la protección sea efectiva, en un contexto alarmante en que, aproximadamente, un 40 por ciento de los océanos del mundo son sumamente afectados por las actividades humanas que devienen en contaminación, agotamiento de los recursos pesqueros y pérdida de hábitats costeros, así como daño en los polos y glaciales.
Según cálculos de la Organización Marítima Internacional, en 2007, las embarcaciones de alta mar liberaron 1,120 millones toneladas métricas de dióxido de carbono y predijo que, si no se introducían medidas para reducir las emisiones procedentes de los barcos, las emisiones de dióxido de carbono podrían pasar a ser de 1,480 millones de toneladas métricas antes del año 2020.
Organizaciones como Océana han señalado que, si el transporte naval del mundo, con una flota de 90 mil buques, fuese un país, sería el sexto emisor de gases con efecto invernadero, sólo después de China, Estados Unidos, Rusia, India y Japón. Océana es una organización dedicada a proteger y restaurar los océanos del mundo a escala global.
En éste, como en otros grandes temas medioambientales, enfrentamos a una alarmante falta de voluntad política. En relación al Tratado de los Océanos pretendido, mientras los gobiernos de Rusia, Islandia y Corea del Sur buscan retrasar las negociaciones, otros gobiernos como los de Estados Unidos, Noruega, Australia, Japón, Canadá, Nueva Zelanda y Ecuador parecen estar a favor de un tratado diluido, y otros más, claramente favorecen la explotación de los recursos marinos. Para la doctora Sandra Schoettner, de la campaña de Océanos de Greenpeace, en esta jornada de negociaciones, “el ritmo y la ambición presentes (…) no coinciden con el nivel de urgencia necesario para salvar nuestros océanos y proteger nuestro planeta contra la emergencia climática y la pérdida masiva de biodiversidad que afrontamos.»
El tema merece de toda nuestra conciencia pues, mientras el 3 por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono pueden relacionarse con el transporte naval, los océanos absorben casi el 30 por ciento del producido por los seres humanos, reduciendo así el impacto del calentamiento global; es decir, los océanos revierten con crecen nuestra huella de carbono, realidad que debe avergonzarnos.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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