OPINIÓN
Reforma al Poder Judicial, proyecto positivo
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Solo le faltó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararse súbdito del Presidente de la República durante la presentación, en “La Mañanera”, de la iniciativa de reformas a diversas leyes llamada “Una reforma con y para el Poder Judicial de la Federación”, que pretende modificar la Constitución Política; la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la reforma a la Ley de Amparo; y la reforma a la legislación que regula las controversias y acciones de inconstitucionalidad.
Sin embargo, más allá de las formas para su presentación, se trata de un interesante paquete de reformas cuya redacción inició desde el mes de octubre, a través de mesas de colaboración entre los tres Poderes de la Unión. Su principal objetivo es erradicar el nepotismo, el alto grado de corrupción y el amiguísimo dentro del Poder Judicial Federal, el cual ha llegado a tal grado que ya se conoce coloquialmente como “el poder judicial familiar”. Incluso, muchos hemos vivido en carne propia, el alto nivel de corrupción no solo en algunos juzgados de distrito sino, también, en Tribunales Colegiados y, a pesar de múltiples quejas contra los juzgadores, las sanciones nunca llegan, sino que se permutan por cambios de adscripción o jubilaciones forzadas, situación que ha ocasionado que la sociedad haya perdido total confianza en sus determinaciones.
Ahora, me comentan, que esta reforma únicamente fue realizada por el ministro presidente, sin que el resto de los togados conocieran su contenido hasta horas previas a la entrega ante el Ejecutivo, lo cual probablemente deja fuera muchas visiones que son valiosas para la construcción de un mejor andamiaje del Poder Judicial.
A pesar de ello, en términos generales encontramos que se trata de una buena iniciativa, necesaria para fortalecer y mejorar la impartición de justicia en el país, pero también es positiva porque no contempla cambios a la composición de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, lo cual era un temor fundado ante iniciativas promovidas por miembros del partido gobernante para subyugar a la judicatura.
Así, tenemos que la iniciativa pretende una reforma integral de largo alcance, girando en torno a tres aspectos fundamentales: consolidación de la carrera judicial, acceso a la justicia de los más necesitados y reivindicar la Corte como un tribunal constitucional.
En cuanto al primer aspecto, pretende que los nombramientos de los juzgadores y funcionarios sean otorgados a los vencedores en los concursos de oposición a fin de limitar la discrecionalidad, destacando el rol de la Escuela Judicial; además, fija políticas no discrecionales a cargo del Consejo de la Judicatura tendientes a regular las adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de jueces y magistrados; nuevas medidas para combatir la corrupción y el nepotismo, proponiendo la expedición de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, para facilitar el acceso a la justicia, se pretende fortalecer el Instituto Federal de Defensoría Pública, convirtiendo a sus defensores en “abogados de los pobres”, incorporando en su catálogo de servicios la asesoría jurídica en materia de amparo familiar, lo cual, de cristalizarse sería un gran logro en materia de justicia cotidiana.
Por último, para reivindicar a la Suprema Corte como tribunal constitucional, se limitan los asuntos de su competencia para focalizar sus labores a situaciones que justifican su intervención, mientras que se crean Tribunales Plenos Regionales, en sustitución de los Plenos de Circuito, como órganos encargados de resolver las contradicciones de tesis y los conflictos competenciales que se susciten entre los órganos de impartición de justicia federales a lo largo del país, así como convierte en colegiados a los Tribunales Unitarios, los cuales, actualmente, gozan de un alto grado de discrecionalidad al ser órganos unipersonales.
La creación de Tribunales Plenos Regionales tiene el propósito de ampliar el ámbito de competencia por cuestión de territorio. Cada región estará conformada por varios circuitos, siendo el Consejo de la Judicatura Federal quien definirá las regiones que ahora se integrarán en Plenos Regionales. Esos Plenos se integrarán por tres magistrados ratificados, que durarán tres años en su encargo, pudiendo ser designados para un nuevo periodo. Los Plenos Regionales resolverán las contradicciones de criterios que se generen por los distintos circuitos que conforman sus territorios, logrando que persista un solo criterio obligatorio en varios circuitos de una misma región. Luego entonces, la SCJN conocerá de las denuncias de contradicción de criterios que sustenten los Plenos Regionales o los tribunales colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones.
Otro aspecto que debe aplaudirse es la modificación del sistema de integración de “jurisprudencia” para que la doctrina del Tribunal Constitucional se enmarque en un sistema de precedentes más parecido al anglosajón. Bajo este nuevo esquema, ya no será necesario esperar a que haya cinco fallos consecutivos en el mismo sentido de la Corte, sino que bastará que se resuelva un solo asunto con mayoría calificada para que sus determinaciones sean obligatorias para tribunales inferiores.
En el mismo sentido, se faculta al Consejo de la Judicatura para la creación o designación de tribunales destinados a resolver casos vinculados a violaciones graves de derechos humanos o que tengan un impacto social de especial relevancia.
Como se dijo, la reforma si bien deja asuntos pendientes, es positiva, por lo cual debemos observar y vigilar que los legisladores mantengan un debate a la altura en su deliberación y no sea aprovechada la ocasión para debilitar las instituciones judiciales, contrario a la intención de la iniciativa original.
E-mail: hromerof@lgrrabogados.com
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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